“La declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la realización de los juicios y condenas a los represores son el camino que debe seguir la Argentina para saldar su historia, proveer Justicia, y encarar su futuro, Pero no sabemos cómo serán esos juicios y sospechamos que los represores intentarán sacar ventajas que no obtendrían aquí en España” declaró a Página/12 el abogado argentino Carlos Slepoy, miembro de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, de Madrid, parte querellante y uno de los más enérgicos impulsores del juicio que tiene a su cargo el juez Baltasar Garzón.
–En este momento la discusión en la Argentina ya no es más si hay que juzgar o no a los represores sino si hay que juzgarlos aquí o en España...
–Evidentemente significa que se ha producido un avance importante. En muy poco tiempo se han producido diversas sensaciones. La extradición de Ricardo Cavallo a España terminó el recorrido de lo que denominamos la justicia universal, la jurisdicción universal. Esto es muy importante y puso al rojo vivo una circunstancia que es insoportable para cualquier estado democrático, que es el hecho de que van a ser juzgados fuera del país quienes son responsables del exterminio de decenas de miles de argentinos. Por otra parte, está el hecho de que Cavallo, como último recurso, en su momento, quiso huir hacia la Argentina, con lo cual se fue generando en este proceso la idea de que la jurisdicción universal estaba siendo eficaz con la detención de Pinochet, al igual que, con otras connotaciones, con la detención de Adolfo Scilingo, y también con el descubrimiento de las cuentas en Suiza. Este proceso ayudó a asentar la idea de que estos sujetos no podían andar libremente por el mundo. Así surgió la imagen de que la Argentina se había convertido en una cárcel para ellos. Más tarde fue transformándose en la idea de que más que una cárcel, era un auténtico refugio. Este contexto tenía que llevar necesariamente al replanteo de la impunidad en la Argentina ante el recrudecimiento de la presión internacional.
–Los procesos abiertos en España tuvieron un impacto muy fuerte en la Argentina...
–El mensaje que nosotros impulsamos fue que este proceso, lejos de ser una iniciativa feliz de un fiscal o un juez español, en realidad es un gran reclamo hecho por los argentinos, saliendo al exterior, declarando en los juzgados. Hay más de 300 declaraciones en el juzgado de Baltasar Garzón. Es como un juicio que están haciendo los argentinos en España.
–Desde su punto de vista, ¿preferiría que los juicios se hagan en España o en la Argentina?
–En principio lo que me parece fundamental es que se haga el juicio. Lo esencial es que se han creado las condiciones para que los juicios se hagan. La idea ahora es esperar que se puedan realizar en el país, por todo lo que esto significa no solamente para saldar una etapa del pasado sino para comenzar una nueva etapa. No se trata solamente de saldar estos hechos del pasado y de ejercer Justicia para los familiares y las víctimas, sino que el poder juzgar a los represores puede ser un mensaje muy poderoso hacia el futuro de la Argentina. Pero es cierto que se nos crean conflictos ¿Por qué? Porque en España en principio nosotros tenemos garantías de que van a ser juzgados por un debido proceso legal. Que van a tener naturalmente derecho a la defensa, pero que la aplicación de la pena va a corresponderse en relación con la gravedad de los crímenes, de la misma manera que la ejecución de la pena.
–¿Y cómo ven esa situación si los juicios se hacen en la Argentina?
–Todavía no está muy claro lo que pueda suceder en la Argentina. Pareciera que se hace inevitable el juzgamiento en el país y hasta los mismos represores lo están planteando. Nos genera la sospecha de que puedan intentar crear condiciones en el país para conseguir en los juzgados anular los procesos, como alegar obediencia debida,prescripciones, cosas juzgadas o, en todo caso, intentar cumplir sus condenas en los mismos lugares en donde secuestraban a las personas o de donde salían a secuestrarlas, en los regimientos, o en cárceles de lujo que no tienen nada que ver con la gravedad de los crímenes que cometieron. Uno supone que cuanto más grave es el delito y más peligroso es el delincuente, más mecanismos de seguridad existen hacia él, la pena se cumple más estrictamente. Y sin embargo ocurre que los delincuentes comunes y los ladrones de poca monta están hacinados en cárceles comunes, mientras que estos personajes, responsables de los más graves delitos, van a cárceles de lujo.
–Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora ¿Usted piensa que en la actual situación política podría repetirse?
–Creo que ellos especulan con esto y también con un cambio de las circunstancias políticas en la Argentina que puedan favorecer su situación. Pero esto forma parte del proceso de lucha en la Argentina por los derechos humanos, es un proceso complejo. Obviamente que estos juicios en España no hubieran existido jamás si se hubieran efectuado en la Argentina. Por lo tanto su motivo es la inexistencia de juicios en la Argentina.
–¿Cómo piensa que afectaría este proceso la posible declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida?
–Seguramente van a querer utilizar el tema de la nulidad de las leyes, en caso de que esto ocurra, para plantear entonces que ya no tiene legitimidad la actuación en el exterior. De hecho, los tribunales europeos y específicamente el español, pueden ser sensibles a ese razonamiento de acuerdo a las resoluciones que viene dictando. El tribunal español viene diciendo efectivamente que si estos juicios se realizan en la Argentina, se plantearía la inhibición de la jurisdicción española.
–Le darían la razón a la fiscalía...
–Con el ataque que tenemos por parte de la fiscalía, si anulan las leyes, dirían: ‘ustedes subrayaron tanto de que en la Argentina no se podía juzgar, ahora que las anularon ya no tiene justificación que siga actuando la justicia española’. Sin embargo, la ley española establece que en materia de estos crímenes internacionales para los cuales hay jurisdicción universal, y que no son sólo los de genocidio y terrorismo, sino también tráfico de drogas, el financiamiento de la prostitución, la falsificación de moneda extranjera, etcétera, lo que dice es que cesará la jurisdicción española cuando el presunto delincuente haya sido juzgado y condenado en su país. Cuando haya sido objeto de una sentencia. Lo que nosotros vamos a plantear es que con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se habrá salvado el escollo histórico que impedía juzgar en la Argentina estos crímenes, pero de ninguna manera se terminó la impunidad sino que queda un largo camino por recorrer. En ese sentido tiene que seguir actuando la justicia universal y la justicia española.
–Usted invirtió un esfuerzo muy grande para llevar adelante los juicios en España, ¿qué sentiría en el caso de que se pudiera efectuarlos en la Argentina?
–Si se diera el caso de que pidieran la extradición para la Argentina de Cavallo y de Scilingo y que prosperara, realmente sería para nosotros doloroso porque se ha trabajado mucho. Tanta gente ha trabajado tanto para lograr esto, que es una enseñanza para el futuro de la humanidad, que se ha convertido en un paradigma histórico, que realmente, del único modo que nosotros aceptaríamos de buen grado que Scilingo y Cavallo no fueran juzgados en España, sería que fueran juzgados efectivamente en la Argentina. Lo que pasa es que el único modo de juzgarlos allá es que primero se los lleven a la Argentina, entonces se van a ir sin que existan garantías de cómo será ese juicio. Habrá que rogar para que haya Justicia.
–Además de Cavallo y Scilingo, que están en España, están los pedidos de extradición de 46 represores argentinos...
–Está el tema de los 46 pedidos de extradición o los otros que puedan surgir, porque estamos con un procedimiento que es inmenso, que tiene el Plan Cóndor. En el futuro pensamos que si las cosas siguen bien, vamos a plantear pedidos de extradición a Paraguay y a Bolivia. En todo caso, el proceso va a continuar, con todas las enseñanzas y el inmenso prestigio que tiene y va a posibilitar que se amplíe la idea de la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad. Por un lado sentiríamos que habríamos cumplido la tarea que nos tocó, una tarea que se hace más importante si se los pudiera juzgar en la Argentina. Por otra parte, nos quedaría siempre la duda si serán eficaces estos procesos en el país.
–¿Cuál de esos dos sentimientos tan encontrados pesa más en usted?
–Pienso que es el camino que el país tiene para resolver correctamente su pasado y lanzarse hacia el futuro en el intento de crear una sociedad nueva. No le podría decir si me sentiría bien o mal. Son sentimientos confusos, pero en el que prima la inmensa alegría de que después de haber sido un reclamo histórico de todas las víctimas y de los organismos de derechos humanos, haya podido lograrse la nulidad de las leyes. Aún cuando haya quienes quieran favorecerse de ello. Porque de todos modos, significa que han perdido la impunidad, que están a la defensiva. El hecho de que se anulen leyes de esa naturaleza, en un proceso de estas características, vuelve a ser un hecho histórico, que sienta un precedente. En última instancia, la situación que se generó en España es producto de las luchas del pueblo argentino, es producto de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas golpeando en los organismos internacionales, buscando a sus nietos. Esto ha sido como una gran epopeya colectiva en la que han intervenido cientos de personas antes y durante el juicio en España. Lo veo como una verdadera epopeya por la Justicia.