Una denuncia de la legisladora Elisa Carrió, en base a notas del diario La Nación, derivó ayer en el allanamiento de las oficinas porteñas de Austral Construcciones, del empresario patagónico Lázaro Báez. La medida la ordenó el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, que investiga una presunta evasión tributaria. Báez desmintió las acusaciones y se autodenunció en los tribunales de Río Gallegos, en donde la jueza federal subrogante Andrea Azkenasi Vera debe resolver si hace lugar a una medida cautelar para evitar que se difunda información privada sobre sus empresas, en caso de que ésta fuera obtenida de manera ilícita.

Efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal secuestraron ayer a la tarde documentación y registros contables de Austral Construcciones, en el quinto piso del Pasaje Carabelas 241 y en otra sede a metros de allí. La denuncia la habían presentado el lunes Carrió y el diputado Fernando Sánchez por una nota publicada un día antes en La Nación, que aseguraba que Báez le alquiló a los Kirchner un cupo de habitaciones en el hotel Alto Calafate, en el marco de acuerdos privados. El diario también publicó que el acuerdo había alcanzado a la hostería Las Dunas y el hotel Los Sauces y que entre 2010 y 2011 el matrimonio Kirchner recibió más de 14,5 millones de pesos de Valle Mitre, sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Báez.

La diligencia judicial terminó con el secuestro de documentación en uno de los domicilios allanados y resultó completamente infructuosa en el otro.

La denuncia por “lavado de dinero y evasión tributaria” recayó en el juzgado de López Biscayart. El fiscal de turno sólo hizo lugar a la denuncia por evasión y la investigación parece dirigida a analizar si el empresario realizó algún tipo de maniobra para evitar el pago del impuesto a las ganancias.