En diciembre agoniza el año y esa condición de agonía pasa a ser una impronta del fin de año argentino. Motines, saqueos, argentinazos y cromañones han acechado cuando el año declina y han dejado un gatillo en la memoria, un acto reflejo. Es una premonición latente para la catástrofe, que es aprovechada para usufructuar el espanto. Se sabe que un chispazo en diciembre está cerca del incendio. Es el temor que han refrescado los motines policiales con sus abusos y saqueos. Y la frutilla del postre: los cortes de electricidad.

No se concretó ninguno de los anuncios apocalípticos que proliferaron durante el conflicto policial. No se extendieron los saqueos y tampoco se extendieron los planteos salariales. Los saqueos confirmaron esa predisposición a la catástrofe de todos los diciembres, pero hicieron fracasar las previsiones de los medios opositores. No hubo escalada ni réplicas sísmicas. Hasta ahora, los saqueos quedaron circunscriptos adonde fueron organizados. Tampoco hubo pedidos de aumentos salariales en cascada. Los gobernadores fueron claros: no se abrirán nuevas paritarias y los salarios se discutirán cuando llegue el momento de convocarlas, el año próximo. En vez de catalizador, la acción salvaje del conflicto policial actuó esta vez como llamado de atención, tuvo un efecto más atemorizador que convocante.

El conflicto dejó numerosos muertos y heridos, además de cientos de comercios destruidos. Pero tuvo una consecuencia que los organizadores del conflicto no hubieran imaginado ni deseado. Porque sacó del punto muerto el debate sobre seguridad y generó consensos que semanas atrás hubieran parecido imposibles.

El primer efecto concreto fue el envío de un proyecto de ley por el cual se sustituye el artículo 252 del Código Penal, incorporando penas específicas para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad “nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (asimismo se incluye a “agencias estatales armadas que por su naturaleza tuvieren a cargo el cuidado de personas”) que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados”.

Un sector de la sociedad, preocupado por el peligro para las garantías individuales que implican esas fuerzas de seguridad, elefantiásicas, inmanejables, con modalidades que muchas veces transgreden lo legal y a veces con formas de financiamiento más bien turbias, se limitaba en gran medida a criticar a esas policías. No había vocación por asumir la seguridad como un derecho ciudadano.

Otro sector de la sociedad estaba convencido de que las policías bravas y las leyes duras eran la solución para el problema de la seguridad y no quería modificar el viejo esquema. Parte de la política profundizó esa tendencia al nombrar a militares duros, como el teniente coronel Aldo Rico, al frente de la Bonaerense; a un comisario exonerado por prácticas ilegales como Jorge “Fino” Palacios al frente de la Metropolitana, o al respetar los viejos liderazgos, que se mantuvieron desde la dictadura, en la policía cordobesa. Es la forma en que la política tradicional y más conservadora abordó siempre el tema de las policías.

El conflicto policial, articulado con saqueos y abusos, inquietó a unos y a otros, destrabó ese debate y por primera vez se generó un fuerte consenso en la sociedad con el foco puesto en las fuerzas de seguridad. Se pudo visualizar a las agencias policiales como una herramienta y no como una estructura estática, una herramienta que debe ser concebida, adaptada y moldeada para una función específica. Hay muchas ideas en circulación, desde municipalizar a la mayor parte de la policía de calle hasta la creación de fuerzas especiales para delitos de mayor complejidad y limitar a las fuerzas provinciales solamente para los delitos que afecten esas jurisdicciones. Surgió la conciencia, además, entre los diferentes gobernadores, de que estas fuerzas no pueden tener autonomía del poder político. Que no son fuerzas que negocian con el poder político sino que están subordinadas a él y que son fuerzas no militarizadas que requieren un seguimiento civil institucional permanente.

Son algunas de las ideas que se volcaron durante el conflicto y que fueron abriendo un consenso hasta ahora muy general, pero que puede ser la base de estrategias de modernización y democratización de las fuerzas policiales si esos consensos se pueden cristalizar en proyectos concretos. La reformulación de las fuerzas policiales constituye una deuda de la democracia y la única condición es que esos consensos tengan continuidad más allá del signo político de los gobiernos.

El gatillo ya disparó asociaciones con otros diciembres y las fiestas se aproximan, con patrullas en algunas ciudades atribuladas por versiones de saqueos. El miércoles en Once se produjo un griterío por unas mecheras que había sido sorprendidas en plena acción y rápidamente los comercios comenzaron a cerrar. Circuló el rumor de saqueo y alguien hizo la denuncia y entre persianas bajas llegó la caballería con el secretario Jorge Berni y ya los medios hablaban de otra vez de saqueos.

Y para completar estos diciembres, cuando la película de terror de los saqueos se prolongaba, pero ya sólo en sustos, histerias y versiones, se hizo la oscuridad y comenzaron los cortes. Son situaciones que irritan y sacan de las casillas.

Los cortes hablan de mayor consumo, de que las personas tienen mejor calidad de vida. Quiere decir que casi todas las casas de Buenos Aires van teniendo acceso a su aire acondicionado. Aumenta el consumo, aumenta la calidad de vida, pero no aumentan las inversiones para satisfacer el aumento de esa demanda. Muchas veces cuando una casa particular incorpora el aire acondicionado, tiene que cambiar el cableado. La ciudad tiene que cambiar el cableado porque hay millones de nuevos electrodomésticos en los hogares. No es algo que se haga de la noche a la mañana, pero las distribuidoras tendrían que haber iniciado hace tiempo la renovación progresiva del sistema de distribución eléctrica en la CABA y el Gran Buenos Aires. Desde 2008 se rompió el record de consumo una decena de veces y en cada ocasión el sistema capotó.

Todo el servicio de provisión de energía eléctrica está subsidiado. La generación del fluido ha crecido y si en un pico de consumo no alcanza, se importa de manera circunstancial de algún país vecino. No falla la generación, como dicen algunos voceros de la oposición. Tampoco fallan las líneas que transportan la energía hasta las ciudades. Falla la infraestructura de distribución. La renovación y el mantenimiento no son actividades opcionales para las distribuidoras sino que forman parte de este servicio esencial. Si no hay renovación y mantenimiento, no están cumpliendo con su obligación, que es llevar la electricidad a las casas. Es similar con el transporte. La empresa que tenía la concesión del Sarmiento no hizo renovación ni mantenimiento del material, se limitó a llevar y traer a las personas, hasta que el material ferroviario se agotó y provocó una tragedia espantosa. La propuesta de Mauricio Macri de créditos para que los edificios adquieran generadores eléctricos parece un chiste para ocultar la responsabilidad de las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap. El gobierno nacional no sólo tiene que controlar que se cumpla el abastecimiento de electricidad, lo que normalmente ocurre. El control tiene que apuntar a exigir la renovación y el mantenimiento permanente del sistema, sobre todo si al mismo tiempo se impulsan políticas que generan un aumento drástico de la demanda.

Los cortes no fueron ni por asomo parecidos a los de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero todos los años se repiten con los picos de calor, lo cual pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema.

La década que pasó estuvo marcada por un gran fenómeno de inclusión social, el más importante de los últimos cincuenta años, impulsado por las políticas de los gobiernos kirchneristas. Pero esta creación masiva de ciudadanía lo primero que hace es atosigar servicios que estaban funcionando para muchos menos ciudadanos. Son cientos de miles de personas más que antes las que se movilizan para trabajar y ponen en crisis al transporte público. Son cientos de miles de personas más las que tienen acceso al confort del hogar y ponen en crisis los servicios de abastecimiento eléctrico. Son cientos de miles más los chicos que se incorporan a la educación y como primera consecuencia tiende a bajar el promedio de calidad. El gran desafío ahora, además de mantener las políticas de inclusión social, es reacomodar a la sociedad a esa incorporación masiva, algo así como agrandar la casa.