El politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre (y en) Argentina no cabe en sí de gozo. “Este país es maravilloso. En otras culturas (monótonas, autoritarias quizás) hay solo una serie de índices oficiales. Acá prima el pluralismo, hay multiplicidad de miradas. El INDEC tiene su mirada sobre los indicadores de pobreza, el ministro de Economía la suya. Un canto a la diversidad y el debate.” Ya en éxtasis, imagina mejorar el sistema: “Debería haber más fuentes de índices oficiales. La CGT debería aportar el suyo. Acaso dos –maquina conociendo el paño– uno para cuando se ponen duros y otro para cuando quieren arreglar”.
Su asistente, el pasante noruego, no luce tan convencido. El joven llegó hace poco tiempo y conserva rémoras de conservadorismo cartesiano. “Los números unánimemente respetados tienen un valor, profesor, ordenan las discusiones públicas, las delimitan algo.” “No sea aburrido, Thor, no me venga con sus monsergas gorilas”, fulmina el politólogo que arde en ganas de salir ya a La Plata, a ver a Boquita que debuta en el segundo torneo oficial de fútbol. Ese que comienza pasada la mitad del año y, para confusión del pasante y alegría del politólogo, se llama Apertura.
Lo que nada puede ocultar
Más allá del debate metodológico (en el que Economía lleva todas las de perder) hay datos que ninguna medición puede ocultar o disimular. Sea lo que se piense de la querella INDEC- Lavagna, nadie puede disputar un puñado de observaciones que dan contexto a los índices de desempleo y pobreza conocidos en estos días:
- La Argentina, después de años de recesión, ha empezado a crecer.
- Ese crecimiento, que estará en el orden del 5 por ciento este año, es hijo indiscutido de la devaluación. Por lo tanto, ha tenido como “burro de arranque” a las exportaciones y tiene como segundo sostén la sustitución de importaciones.
- El crecimiento impacta poco sobre empleo. Los “nuevos puestos” son en muchos casos subsidios. En otros, se trata de trabajos de baja calidad y magra retribución.
- La devaluación de 2002 ha sido, si se soporta esa expresión, “exitosa” de acuerdo a criterios económicos convencionales. Mejoró la capacidad exportadora del país, desalentó importaciones y no se trasladó en su totalidad a los precios internos. Esto dicho, queda claro que una devaluación exitosa no es un programa económico ni, per se, la solución a la concentración económica que el cambio de reglas no ha alterado sustancialmente.
- El crecimiento económico del último año, así se repitiera, no podría subsanar dramas de la estructura socioeconómica local. Para colmo, pinta muy peliagudo que se repita con las actuales tasas de inversión. Y ladesaceleración económica de los últimos meses es también una luz de alerta.
- Aunque los discursos oficiales no puedan decirlo así, es claro que la Argentina no recibirá inversiones extranjeras en cantidad importante en los próximos años. Demasiados desaguisados han obrado sus gobiernos y sus bancos para que algo así ocurra. Deberemos “vivir con lo nuestro”, lo que no sería tan imposible si se restaurara el crédito. Pero los bancos, que atesoran reservas record, piden tasas homéricas para prestar. Y los eventuales inversores privados se muestran especialmente remisos a endeudarse, lo que obra la mayor paradoja y el mayor desafío del momento que es regenerar ese circuito, siendo que la plata está.
El Estado propone demasiados indicadores y (para las necesidades comunitarias) poca economía política. La salida de la convertibilidad -esto suele explicarlo consistentemente el presidente del Banco Central Alfonso Prat Gay– habilita una situación comparable a la salida del patrón oro. Esto es, requiere una activa intervención estatal sin la cual no se regeneran circuitos virtuosos de la economía capitalista. Hasta ahora, se despliega básicamente el lado más positivo de una devaluación salvaje. La paridad cambiaria –y de esto algo renguea el discurso del propio Presidente– pasa a ser el instrumento económico oficial dominante. Lo que, por cierto, no puede equilibrar desigualdades, promover el clima de negocios, generar trabajo bien retribuido. Mucho menos lograr que la mayoría de los argentinos tengan conchabo y, muchísimo menos, que tener conchabo sirva para no ser indigente ni pobre. Menudas asignaturas pendientes que un capcioso debate metodológico no puede eclipsar.
Por ahora, no parece que el Gobierno tenga un plan económico que le ponga cincha y espuela a la devaluación. Puestos en situación, funcionarios del Gobierno supeditan el comienzo de eventuales políticas proactivas a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las explicaciones no son especialmente minuciosas. Los pocos que hablan (poco) se circunscriben a asegurar que se pondrán en marcha obras públicas, en especial planes de construcción (y autoconstrucción) de viviendas. Un acicate a la economía que conlleva, como se dirá en el párrafo siguiente, apuestas adicionales.
Un 17 con desocupados
–Ahora todo parece magia. Ochenta por ciento de aprobación, la oposición diezmada, el establishment desconcertado... Claro que este paraíso no va a durar y por eso, es el momento de acumular. No se engañe, alguna vez Kirchner va a tener que recurrir a la gente para defender a su gobierno. Alguna vez tendrá su 17 de octubre. Y seguramente los desocupados de hoy serán para Néstor lo que fueron para Perón los trabajadores industriales.
El funcionario mira por la ventana de la Rosada. No se ve nada demasiado movido pero el jueves pasado hubo una movida que va en el mismo sentido de su discurso. Tras un diálogo con el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, Kirchner se mezcló con obreros de la construcción y desocupados. El diálogo versaba sobre ambiciosos planes de vivienda. La idea oficial es involucrar en ellos al gremio respectivo (no podía ser de otro modo aunque Martínez no es santo de la devoción de muchos kirchneristas) pero también a desocupados encuadrados por líderes piqueteros. La autoconstrucción en el conurbano aliviaría el desempleo, mejoraría la calidad de vida de muchos... y les daría otro lugar en el mundo a dirigentes y bases de los movimientos de desocupados. Ese cambio vendría apareado con una nueva pertenencia política, futuriza el funcionario.
Algunos gestos del Gobierno y de movimientos sociales van en ese sentido. El sábado 26 de julio, núcleos provenientes del peronismo deizquierda que militan actualmente en grupos hasta ahora poco conocidos (MTD Evita, OLP, por citar algunas siglas) protagonizaron una marcha de antorchas evocando la muerte de Eva Perón, con la simpatía (y algún empujoncito) de la Rosada.
Otro actor más conocido de la misma movida es Luis D’Elía, cuya candidatura a gobernador (que en estos días se dio el relativo lujo de publicidad en tevé abierta) es acompañada con buena onda y seguramente con alguna efectividad conducente por el gobierno nacional. “La mayoría de los dirigentes piqueteros está acostumbrada a ‘entrar’ al Gobierno a través del duhaldismo, en especial de Aníbal Fernández. Pero, desde la campaña electoral para presidente, Luis tiene línea directa con el presidente”, reconoce un duhaldista que trajina el paño.
El relato espeja una transición de las relaciones de los movimientos piqueteros con el peronismo gobernante. Con Eduardo Duhalde ganaron espacio mediando en la obtención, mantenimiento y percepción de los planes sociales. Ese rol no respondió para nada a la lógica legal de esos planes –que usualmente no requieren, antes bien repelen, intermediación alguna– sino al afán de generar instancias para prevenir un incendio social. Un designio político que, a despecho de pruritos legales, era fácil compartir en medio de la emergencia. El duhaldismo tramó una intrincada red de diálogo, canjes y contraprestaciones con los líderes piqueteros. Esa maraña tenía como contexto la catástrofe del 2002 y como horizonte temporal el mandato presidencial del bonaerense. Su perpetuación es, diríase técnicamente, un anacronismo y un potencial dolor de cabeza para un gobierno que tiene otro compromiso con la transparencia y plazos más largos de mandato. Y que, principalmente, aspira a una imagen pública muy distinta a la que reclamaba para sí el duhaldismo.
De cara a ir desovillando esta madeja y procurando también ganar representatividad en los actores sociales más dinámicos que parió la década menemista, en el Gobierno maquinan que un plan de autoconstrucción ocupando a miles de argentinos sin empleo en La Matanza no sólo sería un cambio social, sino un incremento de la fuerza propia. Todo esto se discurre en voz baja, procurando que no se vea mucho.
Sin gritos, pero
con susurros
También procurando la opacidad, casi la clandestinidad, entraron los jefes militares a la Casa de Gobierno. Almorzaron allí con Alberto Fernández y José Pampuro. Sólo pudieron ver al Presidente, casi de parado, durante un ratito, ni siquiera como para compartir el postre. El Gobierno poco contó de la reunión, salvo dejar en claro que no hay “malestar” en las cúpulas castrenses. Pero que lo hay, lo hay.
La persecución judicial a los represores genera, en el mundo real que no es el de los comunicados oficiales, encono entre los activos. Una solidaridad corporativa trasciende las sagas personales y hace que militares que nada hayan tenido que ver con el terrorismo de Estado se identifiquen con esperpentos del pasado. Quienes conocen el paño militar explican que es el Ejército la cuna del mayor “malestar”. Y esto se debe a algo que trasciende luengamente los exhortos del juez Baltasar Garzón: la crisis misional de esa fuerza armada. Aligeradas por vía de sucesivos ajustes de parte de su patrimonio y actividades, la Armada y la Aeronáutica protagonizan un fenómeno singular: sus efectivos navegan y vuelan, esto es, cumplen su misión específica, de modo razonable. Tienen, además, tareas que realizar vinculadas a la custodia del espacio aéreo o de la soberanía pesquera local.
Los hombres de Ejército, en cambio, una vez despejadas las hipótesis de conflictos con países limítrofes, han recaído en una crisis misional. Notienen tareas concretas que cumplir y eso ahonda su estado deliberativo y su mala onda. Lo que deriva incluso en fantasías inconstitucionales, por añadidura irrealizables. Algunas cabezas se calientan con la perversa utopía de dedicar el Ejército a la seguridad interna, siendo que esto es inconstitucional. Amén de ello, es imposible porque el número de la tropa del Ejército –14.000 soldados, menos que los hombres con que cuenta Gendarmería, menos de un tercio de los que revistan en la Policía Federal o la Bonaerense– transforman esa pesadilla en un dislate.
El malestar, recapitulando, existe pero no tiene otra repercusión que azotar los oídos del ministro de Defensa. Y se concentra bastante en el arma que menos tareas específicas tiene y que tal vez se descomprimiría algo con un rediseño de sus actividades y funciones.
La maraña legal
Los trámites de extradición de los represores requeridos por Garzón y por otros jueces de ultramar son una maraña legal que sólo se ordenará cuando la Corte Suprema falle sobre la constitucionalidad de las leyes de la impunidad. El problema es que nada indica que esa sentencia, largamente demorada, se pronuncie antes de que Eugenio Raúl Zaffaroni se integre al tribunal. El trámite de debate público sobre el juez propuesto por el Ejecutivo transcurre sin ripios y son muy escasas las objeciones y muchos los avales. Por lo pronto, es casi unánime la aprobación de universidades locales y extranjeras. Pero aunque las etapas se vayan cumpliendo aún quedan tiempos y trámites por cumplir.
Pero, aun cuando ingresara Zaffaroni a fin de mes, la crisis de la Corte se prolongará. El juicio político contra Eduardo Moliné O’ Connor es parte de esa crisis. En el decurso de la semana que pasó se presentó la acusación que fue mucho más ajustada y sensata que la del proceso anterior. El enjuiciamiento a la Corte en block tuvo por definición un estilo desmesurado, wagneriano. Un tropel de acusados, decenas de cargos, mamotretos de fundamentos no siempre consistentes. La cantidad conspiró contra la calidad. En la remake se mejoró bastante. Más racional, esta vez la Cámara se centró en pocos cargos muy bien fundamentados. La suerte de Moliné en Diputados está echada. Y los senadores no tienen hoy piné ni resto para ponerse frente a un arsenal de cargos sólido, una opinión pública convencida y un ejecutivo que arrasa en prestigio y consenso. Será cuestión de tiempo, nomás, pero en el ínterin arduo parece que se resuelva la inconstitucionalidad de las normas en cuestión.
La posible declaración de su nulidad por vía legal es imaginada por algún estratega de gobierno como un medio para meterle más presión a la Corte. Pero es un arbitrio de muy improbable legalidad. La inconstitucionalidad de las leyes es, en nuestra Constitución, facultad exclusiva del Poder Judicial. Un solo precedente hay de una ley que declaró inconstitucional otra: fue la promulgada durante el gobierno de Raúl Alfonsín anulando la autoamnistía decretada por la dictadura militar. Pero se trataba de una situación excepcional: lo que se fulminaba era una ley de un gobierno de facto. Además se trataba de una pseudoamnistía dictada por el pretenso exculpado. Tamañas irregularidades no se repiten hoy, lo que sugiere que el camino parlamentario, el atajo en rigor, no es la solución deseable. Para colmo, si se dictara la controversial ley igualmente el tema terminaría en la Corte, pues ningún acusado se privaría de argüir su inconstitucionalidad.
La solución es, pues, que la Corte asuma su deber y resuelva lo que debe resolver. La mejor solución política coincide en este caso con la jurídica, los criminales deben ser juzgados en el país donde delinquieron. Las leyes del perdón, amnistías encubiertas y truchas, son inconstitucionales, violan principios de la Carta Magna y de justiciauniversal. En manos de nueve jueces o de algunos menos (no se sabe aún de quiénes) queda desfacer ese entuerto y permitir que la Argentina deje de ser un aguantadero de asesinos y torturadores. Para deshilachar la madeja falta un tiempito.
Maratones y algo más
En apenas tres semanas habrá elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando el primer paso de un maratón de confrontaciones que definirá un nuevo mapa político para cuando despunte el verano. El Presidente redobló su apuesta a favor de Aníbal Ibarra, una jugada plena de audacia y riesgo.
El gobierno Kirchner viene pasando bien el invierno. Su primavera tendrá el tono que arroje la negociación con el FMI. En esa trabada mesa de negociaciones se juega buena parte del futuro de la Argentina. El Presidente hace todo un tema de no conceder en exceso al FMI pero esa correcta decisión no describe todo lo que tiene por hacer el Gobierno para sacar a la Argentina de la horrible situación en que ha quedado tras una larga década de políticas entreguistas e ignorantes.
Poco feliz fue la discusión que, tozudo, Roberto Lavagna añadió a la agenda de esta semana. Primero desde lo ideológico porque su canasta para pobres, a su mínima manera, propende a reforzar la dualidad de la sociedad. Ser pobre es una condición relativa, que se mide en relación a otras personas. El pobre es quien no puede hacerse de una canasta que sí es accesible a otros argentinos. Esa canasta, tanto como cualquier derecho consagrado en la Constitución, debe propender a la universalidad. Todos deben ser sopesados conforme a parejos parámetros. Proponer que los pobres tengan su propia unidad medida, expresada en productos de segunda marca, es un desliz.
Pero, además, el pseudo debate escamotea lo esencial: la pobreza y el desempleo en la Argentina siguen en un estadio insoportable. Y es, por decirlo de modo cauto, discutible que puedan modificarse de modo significativo con la mera inercia de la actual política económica.