El juzgado de Norberto Oyarbide comenzó a allanar, a partir del martes pasado, tres sedes de la siderúrgica Acindar en busca de libros de actas del período 1975/1983 y legajos de empleados administrativos y de obreros que se desempeñaron en la empresa que presidió José Alfredo Martínez de Hoz antes de convertirse en ministro de Economía de la dictadura. Los allanamientos se hicieron en la emblemática planta de Villa Constitución, en la sede de Capital Federal y en otra del Gran Buenos Aires. El juzgado se llevó material que va a empezar a evaluar hoy, pero anticipan que el dato más importante es que identificó la existencia de un enorme volumen de documentación. Llamativamente, los nuevos propietarios advirtieron que son “tres camiones de documentos” y los pusieron a disposición. El juzgado les dio 20 días de plazo para organizarlo.

“Esto nos genera un grado de conmoción muy grande”, dice José Schulman, querellante de la causa por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Es muy importante en este momento que avance la causa, también es interesante que la empresa (ahora en manos de AcelorMittal) cambió de actitud. Es una buena noticia saber que se preserva la documentación que es la historia de Acindar y los expedientes laborales de los operarios detenidos, desaparecidos y expulsados por la empresa.”

“Esto es muy importante”, coincide Victorio Paulón, que fue miembro del comité de lucha que llevó adelante la huelga de 1975 en Acindar por las detenciones masivas de los obreros. Paulón fue detenido, estuvo preso hasta 1981, se exilió y ahora es querellante en otra causa abierta en Rosario. Paulón explica que el proceso que aparece detrás de la represión que se ejerció contra los trabajadores nucleados en la UOM de Villa Constitución en marzo de 1975 no sólo da cuenta de complicidad empresaria. “Más que de complicidad, tal como los casos de Acindar y Techint lo demuestran de manera ostensible, debemos hablar de planificación y protagonismo empresario en el terrorismo de Estado.”

Existen dos causas sobre Acindar, una en Buenos Aires y otra en Rosario. Ambas investigan la responsabilidad del directorio en el operativo del 20 de marzo de 1975 de Villa Constitución, donde una columna de 150 vehículos y camiones, policías y hombres de la derecha sindical invadió esa localidad del sur santafesino. Se calculan unas 150 detenciones en ese momento que se duplicaron después del golpe de 1976. 15 asesinatos en marzo de 1975, que también se duplicaron luego de marzo de 1976. Y más de mil despedidos ocurridos en los meses posteriores, luego de la huelga de resistencia impulsada por los trabajadores. Los encarcelados y asesinados eran obreros afiliados a la UOM de Villa Constitución combativa y enfrentada a la conducción nacional en manos de Lorenzo Miguel.

La causa de Rosario se abrió el año pasado, impulsada por un grupo de sobrevivientes, y allí se analizan los hechos en espejo al Operativo Independencia, con la lógica de un espacio que se usó como prueba piloto del terrorismo de Estado y donde intervino el Segundo Cuerpo. Unos doce testigos ya declararon.

En tanto, la causa de Buenos Aires es donde se produjeron las últimas novedades. El expediente está en el juzgado de Oyarbide: se abrió en 2010, lo impulsó la Liga y quedó como parte de la causa madre en la que se investigaba la Triple A. En septiembre, Oyarbide tomó una primera decisión importante: separó los dos expedientes y Acindar quedó como causa autónoma. En la resolución planteó dos puntos que para la querella resultan centrales. Por un lado, señaló que hubo una “continuidad” entre los hechos del 20 de marzo de 1975 y los posteriores al 24 de marzo de ’76, dado que todo el período tiene como objeto “la desarticulación de la comisión directiva de la UOM de dicha localidad con la detención de todos sus integrantes”. Y, segundo: que prima facie la represión aparece instigada por el directorio en procura de garantizar intereses económicos, que pensados bajo la incidencia de la figura de Martínez de Hoz se conectan con el escenario nacional. “Nosotros no sólo denunciamos las torturas –dice Schulman–, sino que se hacían para un beneficio económico.”

En ese contexto, la Liga presentará hoy un pedido de imputación para cuatro referentes de la empresa. No son los más representativos porque Martínez de Hoz y Aníbal Gordon están muertos, por ejemplo. Pero son algunos de los que siguen con vida luego de años de impunidad y parálisis en las causas y cuyos nombres son simbólicamente representativos.

Las indagatorias

Uno es Alcides López Aufranc, presidente de Acindar desde mayo de 1976 e invicto hasta ahora en causas de lesa humanidad. López Aufranc reemplazó a Martínez de Hoz en el directorio. Entre sus antecedentes, el escrito recuerda que fue formado por orden del Ejército en la escuela contrarrevolucionaria francesa, estuvo en Argelia y luego fue instructor de la doctrina francesa entre los oficiales de la Escuela de Guerra, doctrina que iba a ser corazón de las técnicas represivas luego de marzo de 1976. El borrador de la querella incorpora parte del informe elaborado por el área de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores. Y recuerda algunas de sus declaraciones sobre Acindar, trabajadores y el modelo represivo. A comienzos de 1976, escribió: “El país marchaba aceleradamente hacia su desintegración en medio del caos (...) el desorden y la indisciplina laboral estaban generalizados. A partir del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad”. López Aufranc estuvo al frente de Acindar hasta 1992.

Los otros pedidos de indagatorias alcanzan a Pedro Aznares, ex subgerente de Relaciones Industriales, a quien la denuncia menciona como “a cargo de las negociaciones con los sindicatos, y por tanto, quien tenía la información de los nombres de los dirigentes que luego fueron secuestrados y presos”. También piden la indagatoria de Roberto Pellegrini, jefe de personal, y de Raúl Ranure, señalado como oficial de inteligencia y “uno de los principales represores de la ciudad, que participaba de los operativos nocturnos tripulando un Ford Falcon rural, celeste metalizado sin patente, que le había otorgado Acindar”.