Los comuneros kirchneristas denunciaron que la gestión PRO sigue repartiendo entre pocas empresas las obras que –según afirmaron– deberían ser competencia de las comunas. De las 33 licitaciones de la Secretaría de Gestión Comunal, el 40 por ciento fue por licitación privada, un mecanismo que restringe la publicidad y la participación. ¿El resultado? Entre cinco empresas se repartieron ocho millones de pesos. Los comuneros Julieta Costa Díaz y Carlos Funes señalaron que hay licitaciones privadas que superan el tope legal y otras que se dividieron para evitar una licitación pública.

El año pasado, la comunera socialista denunció que las obras –por un total de nueve millones de pesos– eran repartidas entre otras cuatro empresas. Para los comuneros, la falta de participación de las juntas comunales en las decisiones sobre las obras indican que “Macchiavelli, en una versión de Luis XIV, toma las competencias y grita: ‘Las comunas soy yo’”. “Hoy, la Secretaría de Gestión Comunal funciona como una caja negra donde, por diferentes decretos del jefe de Gobierno, se concentraron las competencias de las comunas”, denunciaron.

Los comuneros consideran que todas las obras debieron hacerse por licitación pública y no por licitación privada, que consideran un mecanismo de excepción para casos que se deben resolver con urgencia. De las 33 licitaciones de la Secretaría de Gestión Comunal, el 40 por ciento fue por licitación privada. Cinco empresas se repartieron 8.271.794 de pesos. “El restante 60 por ciento, si bien fue por licitaciones públicas, éstas fueron alteradas acortando todos los plazos, por lo que quedaron como licitaciones no tan públicas”, indica el informe.

Desde la Secretaría de Gestión Comunal, respondieron que los mecanismos se ajustan a la Ley de Compras. “No hay corrupción en las licitaciones privadas”, se defendieron. “Las obras públicas no son competencias de las comunas, que se ocupan del mantenimiento del espacio público. Además consultamos a los jefes de las juntas comunales”, indicaron.

El órgano que nuclea a los presidentes de las juntas comunales (todos del PRO) es la Dirección de Descentralización Comunal y tiene una ejecución presupuestaria del 2 por ciento. Costa Díaz señaló que va “en línea con la paupérrima gestión en materia de descentralización y es un fiel reflejo de su trabajo”. Según interpreta, la ejecución por área muestra la decisión de no descentralizar: “La Dirección General de Participación Ciudadana tiene un escaso presupuesto de 518.006 pesos y una ejecución del 32 por ciento”. En contraste, las obras públicas tienen una ejecución del 62 por ciento y son más de 177 millones de pesos.

68 centavos

Una de las licitaciones privadas –que se supone que se hacen para agilizar los tiempos– tuvo dos correcciones en cinco meses para que entrara con el precio estipulado: la oferta final quedó a menos de un peso de diferencia de un millón de pesos, el límite legal de las licitaciones privadas. El monto límite duplicado por Macri en 2011 es más alto que el del gobierno nacional (800 mil pesos), del bonaerense (640 mil) y del de Santa Fe (400 mil). Se trata de la licitación 142/13, para refaccionar una plazoleta en Avenida del Libertador y Migueletes por un monto de 897.138 pesos. Se presentó una sola empresa, Instalectro SA de Miguel Enrique Andina Silva, que primero ofertó hacer el trabajo por 1.155.855 pesos. Macchiavelli le pidió dos veces que mejorara el precio, hasta que ofertó hacer la obra por 999.999,32 pesos. Exactamente, 68 centavos por debajo del tope. Instalectro SA hizo en 2012 otra obra en la plaza Portugal, en la Comuna 12, por 672 mil pesos. Costa Díaz encontró que la misma plaza fue refaccionada por el Programa de Construcción Ciudadana meses antes, por lo que hicieron la misma obra dos veces.

Otra licitación con una cifra al límite del tope es la licitación 481/11 para poner en valor la del Boulevard Fragnano, en Devoto. El presupuesto era de 897.481 pesos. Se presentaron dos empresas que superaron el límite legal: Indhal y Dragado y Construcciones Portuarias SA, de Héctor Gando y Gustavo Ocampo. “En vez de dejar sin efecto la licitación, la Comisión Evaluadora de Oferta recomendó otorgar la obra a la empresa Dragado y Construcciones Portuarias SA”, señalan los comuneros. La empresa pidió 1.005.591 pesos. “La resolución no dio fundamento alguno del porqué de esta decisión. Tampoco se hizo mención a la normativa que le permita superar, de facto, el monto de un millón de pesos, eludiendo la licitación pública”, indica el informe.

En la Comuna 7, una obra para refaccionar la avenida Rivadavia desde Nazca hasta Carabobo fue desdoblada en dos partes. Lo curioso es que las ganaron dos empresas, Naku y Altote, que habían sido socias en otros negocios a través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE). Los dueños de Altote son Oscar Altamirano y Eduardo Otero Machado, y ya habían participado de una licitación dividida en forma similar en 2012: fraccionaron cuatro esquinas y Altote ganó la licitación de tres. De esa manera eludieron la licitación pública, dado que si hubieran licitado todo junto, habría superado el millón de pesos.

Para hacer la licitación privada de la avenida Rivadavia, el subsecretario de Espacio Público Comunal, Eduardo Villar, pretextó que había demandas urgentes de los vecinos. Como los montos cuadruplicaban el límite para una licitación privada, la Dirección Legal y Técnica terminó negándoles el uso de ese mecanismo. Pero les permitió acortar los tiempos de una licitación pública. “Los reclamos de los vecinos existen desde 1999. La urgencia les agarró justo en el año electoral”, remarcó Costa Díaz.

De apuro

La totalidad de las veinte licitaciones públicas llamadas por la Secretaría de Gestión Comunal acorta los plazos de publicación en el Boletín Oficial. “En todos los casos, los montos ascienden a mucho más de 500 mil pesos”, indica el informe. Por lo tanto, la ley establece que se deben publicar con 20 días de anticipación y durante 15 días. En las licitaciones de Macchiavelli, se publicaron por tres días. Y en lugar de ser veinte días antes, se hizo dos días antes. “Es así como el escaso tiempo de publicación les quita posibilidad de participar a más empresas, lo que significaría más transparencia”, indicaron los comuneros, quienes destacaron que esto beneficia a las empresas que pueden estar de sobreaviso.

En el caso de una obra en el Hospital Gutiérrez, el plazo de publicación se acortó a cinco días. Se trata de una obra por 13 millones de pesos para ampliar y remodelar el área de Emergencias, Guardia, Acceso y Laboratorio. “La obra no se hace junto con el Ministerio de Salud, ni pasó por el presupuesto participativo –que no se lleva adelante hace años–. Macchiavelli ahora entiende en materia de salud y sin ningún tipo de asesoramiento en el tema”, remarcan. Con los plazos reducidos se presentaron sólo dos empresas: Dragados y Construcciones Portuarias y Mejores Hospitales SA, que preside Eduardo Tarasino y tiene una UTE con el amigo de Mauricio Macri, Nicolás Caputo.

Los comuneros observan que, desde el comienzo, por el tamaño de las empresas no había posibilidad de que no ganara Mejores Hospitales SA, que presentó un presupuesto de 15 millones de pesos. Señalan que Dragado y Construcciones se presentó pese a que no tenía antecedentes en el área y fue superada por la otra empresa por 70 puntos sobre 100 (según la comisión evaluadora de la obra). De todas formas, pese a que nunca había ganado una licitación pública, Dragado y Construcciones ganó 4 de las 13 licitaciones privadas, por lo que recibió 3 millones de pesos.

Construir y demoler

El gobierno porteño anunció más metrobuses. Uno de ellos, en la avenida Cabildo, causó polémica porque Macchiavelli había licitado un boulevard que deberá ser demolido para poder construir el metrobús. El último tramo de la obra –que todavía no se inauguró– fue adjudicado a la empresa Cunumi SA por 1.637.843 pesos. La misma empresa, que preside Raúl Nicolás Orsini, hizo otro tramo que costó otros 1.351.357 pesos. Según señaló la legisladora porteña Gabriela Cerruti, Cunumi SA facturó entre 2008 y 2013 unos 200 millones de pesos al gobierno porteño. Cerruti recordó que Orsini estuvo imputado en la causa Skanska cuando el juez era Guillermo Montenegro, actual ministro de Justicia. Cerruti señaló una serie de irregularidades en la contratación de Cunumi: “Factura entre 195 y 220 pesos por metro cuadrado de vereda, cuando cualquier constructora cobra 150. Terceriza los trabajos con empresas que tienen empleados sin contrato, ni experiencia de construcción, y les paga 30 pesos diarios”, denunció la legisladora de Nuevo Encuentro.

A la obra del boulevard se suma un tercer tramo, por 2.273.347 pesos, que ganó en 2009 Grape Constructora SA, que figura como deudor irrecuperable con cifras millonarias y con 145 cheques rebotados en el Banco Nación, en el Banco Ciudad y en el Finansur, según indica una base de datos de deudores que consultó Página/12. En total, el boulevard costó 5 millones de pesos. Ahora lo demolerán para hacer el metrobús.