A poco más de dos semanas de los acontecimientos, el colectivo Carta Abierta repudió ayer los “levantamientos sediciosos” por parte de algunas policías provinciales, exhortó a la democratización de esas fuerzas de seguridad y reclamó a la Justicia una investigación profunda sobre la participación policial en la “creación de zonas liberadas a los saqueos”. La difusión de la postura de Carta Abierta fue “una necesidad” del colectivo de “remarcar que las reacciones de las policías son actitudes muy desestabilizadoras que no corresponden con la situación real de la sociedad”, informaron fuentes del grupo de intelectuales. “Si bien quedan muchas cosas por resolver, la falta de acompañamiento social a la grave actitud policial demuestra que la Argentina de hoy no es la de 2001”, concluyeron.

La agrupación que nuclea a intelectuales y referentes de la cultura criticó la secuencia de alzamientos policiales provinciales sucedidos hace poco más de dos semanas, que fueron continuadas por protestas y saqueos en diferentes puntos del país, y por las que los festejos de la democracia “se vieron empañados”. “Lo inadmisible es que las policías, que deben ejercer el control armado de la seguridad ciudadana, dejen inerme a la población frente a la delincuencia y a la violencia provocada y notoriamente sincronizada”, apuntaron en primer lugar, para luego considerar que “sustraer a los gobiernos de la República, legítimamente constituidos, de su capacidad de mantener el orden público implica un grave quiebre del orden institucional”.

En su última declaración de 2013, el colectivo –que retomará en febrero próximo sus periódicas asambleas en la Biblioteca Nacional– concluyó que esas protestas “y su coordinación creciente en escasos días dejó al descubierto su gran capacidad de desestabilización institucional y, por tanto, su margen para condicionar el funcionamiento democrático bajo la amenaza de abrir las puertas a un caos instigado que pone en jaque el propio entrelazamiento social”. A ese marco de “emergencia de conflicto social” provocado por las protestas policiales y los desmanes populares, los miembros de Carta Abierta sumaron el descontento de los porteños por los cortes de luz en medio de la ola de calor, que vienen sucediendo desde hace varios días y que “desaprensivamente provocan las empresas distribuidoras de energía que no realizaron las inversiones en infraestructura necesarias ante un escenario de incremento de consumo energético previsible”. La situación, entonces, se convierte, infieren, en “caldo de cultivo para que los medios de comunicación, aún concentrados, estimulen la irritación y difundan multiplicados una oleada de rumores”.

En ese sentido, el grupo consideró “necesario pronunciarse y actuar con energía en defensa de la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática, el libre juego de la política y la subordinación plena de las fuerzas de seguridad”. Además, el comunicado rechaza “la tentación del uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en la política de seguridad interior”, exige “ir a fondo en la investigación de lo sucedido”, y propone que la “depuración” de las fuerzas se convierta en una política de Estado: “Se impone una pronta reestructuración y depuración de las policías provinciales. El estado actual de estas instituciones constituye una rémora del pasado dictatorial, incompatible con el proceso de democratización transcurrido en estos 30 años que legítimamente quisimos festejar. El Acuerdo para una Seguridad Democrática es una vía a reabrir por su carácter convocante del conjunto de la sociedad argentina”.