La absolución en masa a los acusados en el juicio sobre las coimas en el Senado se palpitaba en el chusmerío de los tribunales federales desde hace varias semanas. Los defensores y sus clientes tenían casi la certeza de que así sería. Pero lo que causó verdadero impacto generalizado fueron los términos del Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), que en un anticipo escrito de sus fundamentos afirmó que las coimas a senadores para que aprobaran la reforma laboral en abril de 2000 “no existieron” y que el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, cuyo testimonio fue base de la acusación, es un “embaucador” que ofreció un relato “inconsistente”, “inverosímil” y “autocontradictorio”. En el veredicto, que fue unánime, el tribunal pidió que el Consejo de la Magistratura investigue al juez Daniel Rafecas, ya que consideró que actuó con “parcialidad” en el caso. Cuestionó a la fiscalía de instrucción y del juicio, a la querella de la Oficina Anticorrupción, denunció al abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre, y pidió que se abran causas por posibles delitos durante la investigación inicial.

El juez Miguel Pons leyó cerca de las tres y media de la tarde los nombres de los ocho acusados, todos absueltos. Cuando mencionó a Fernando de la Rúa –sentado todo el juicio en la primera fila, igual que el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes– se escuchó un aplauso solitario entre las butacas del público, donde estaban su esposa, Inés Pertiné, con anteojos de sol y su hijo Aíto. Al terminar la lista, las palmas fueron más, sin llegar a convertirse en un festejo rotundo. Pero aun en medio de la moderación irrumpieron algunas emociones fuertes. El ex senador Augusto Alasino le lanzó un cachetazo al arrepentido Pontaquarto, que le había gritado “puto, cagón”, mientras Alberto Tell rompía en un llanto catártico y el ex presidente desplegaba en el hall un papel con el discurso que había llevado preparado, que decía que el juicio dejó a su gobierno “libre de sospechas de corrupción” y que todo fue una “infamia” fruto de “un complot político”. La hoja de De la Rúa decía, con iguales palabras que el tribunal, que “el hecho no existió” (ver página 4).

Coimas, no hubo

Los fundamentos completos de los jueces Guillermo Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez se conocerán el 31 de marzo, pero en las veinte páginas que difundieron ayer anticipan su descrédito a toda la investigación de origen que, entienden, llevaron a que la historia de los sobornos se presentara e instalara “de manera irresponsable y sin fundamentos”. Es común que los tribunales digan que no hubo pruebas para demostrar un hecho. Pero en este caso, el TOF3 afirma que lo que se probó es la inexistencia de los sobornos y lo hace con una enumeración de los sucesos centrales que componían la acusación, que define como sostenida en una “disparatada versión” que relaciona con un texto anónimo que circuló en el Senado en agosto de 2000 y con el relato de Pontaquarto que, señala, “no resiste el cedazo de la sana crítica racional ni de la prueba”. El anónimo, sin embargo, fue descartado al inicio de las pruebas.

El resumen de fundamentos cuestiona: “No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno; no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaría de Inteligencia ese día, en horas de la tarde o noche, para retirar 5 millones de pesos; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE. No es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo es que dejara ese dinero en una habitación del Hotel Howard Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo llevara al domicilio de Emilio Cantarero en horas de la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de 700 mil pesos en la mañana del día siguiente, en el despacho que ocupara en el Senado de la Nación”. Ni Cantarero ni Genoud estuvieron en el juicio. El primero por Alzheimer, el segundo se suicidó.

Aunque quedaba poca gente en tribunales ayer a la tarde, la noticia repercutió entre otros jueces y funcionarios judiciales que percibieron la sentencia como algo “intimidante” por el tono y el ataque directo al juez Rafecas, sin decir ni una palabra sobre las tres ocasiones en que la Cámara Federal se expidió sobre el tema: la primera para confirmar una tanda de procesamientos iniciales; la segunda para confirmar entre otros el procesamiento de De la Rúa; la tercera para respaldar la elevación del caso a juicio oral. En un caso votaron Horacio Vigliani y Martín Irurzun; en otro, Irurzun junto con Eduardo Farah. Estos camaristas, que avalaron la investigación de Rafecas y del fiscal Federico Delgado (quien por entonces también compartía la fiscalía con Eduardo Freiler), no son mencionados en la síntesis de fundamentos, que califica como “una afrenta que el sistema de enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa” hasta el juicio donde desembarcaron “quienes fueran presidente y senadores de la Nación, un ministro y un secretario de Estado”, por lo que ellos consideran un relato “contradictorio y mendaz”.

El TOF3 no le cree a Pontaquarto y señala que “se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida se producía la prueba, y no a imprecisiones ocasionadas por el paso del tiempo”. Para los jueces, un relato “inverosímil” no puede ser base de la acusación penal. Algunas páginas de su explicación están dedicadas a detallar contradicciones del arrepentido y cambios en su relato. Por ejemplo, dicen que fue cambiando el número de personas que lo acompañaron a la reunión en la Casa Rosada, señaló a un edecán que ese día no estaba, cambió en distintas declaraciones el horario de una reunión con De Santibañes, cambió el horario y el piso de donde contó que retiró el dinero de la SIDE, no le dio relevancia a los 50 kilos que debían pesar 5 millones de pesos para trasladarlos, cambió el horario en que dijo que llevó la plata a la casa de Cantarero, además que una vez dijo que fue por el ascensor y otra por escalera, entre otros ejemplos.

Otros datos que señalan los jueces: no hay constancias del ingreso de Pontaquarto, Genoud, Alasino y Tell a la Casa Rosada el 30 de marzo de 2000 ni tampoco nadie los vio; cuando Pontaquarto dice que se reunión con De Santibañes, este estaba con otras personas en un almuerzo, lo mismo que cuando dice que va a darle dinero a Genoud; si salían 5 millones de la SIDE eso “hubiera impedido el normal funcionamiento del organismo”.

Llamados y dudas

Cuando se conozcan los fundamentos completos, va a ser importante también el análisis de los llamados telefónicos. Rafecas utilizó el análisis de la ubicación de los celulares para ver si coincidía con el relato de Pontaquarto, ya que no se pudo probar una ruta del dinero. El TOF3 anticipó que, en el análisis de ellos, en algunos casos no hay coincidencia, pero más allá de las discrepancias plantean que la información que ofrecen las compañías telefónicas es relativa porque “no ofrece la fidelidad necesaria para conocer el asiento exacto desde el cual una persona cursó una llamada”. Y le atribuyen a Rafecas haber la “invención de diálogos” y “dar por sentado que la comunicación se concretó entre titulares de línea”.

El TOF3, sin embargo, no hace ninguna referencia al hecho de que otro tribunal, el 1, condenó en 2011 a dos peritos, uno policial y otro presentado por la defensa de De Santibañes, por presentar una pericia telefónica falsa en este expediente con el objetivo de desvirtuar lo que decía Pontaquarto. Tampoco está claro cómo analizan –por citar un ejemplo– algunos llamados que, según concluyó el juez Rafecas, los hizo Costanzo desde la propia casa de Cantarero el día que se supone que llevó la plata. Hay llamados a su hijo, a dirigentes de distintas provincias a una asesora suya. Otro llamado clave es de Pontaquarto a la secretaría De Santibañes el día que dice que se ven.

El TOF3 sostiene que se debe investigar “el modo oscuro en que llegó Pontaquarto a declarar a los tribunales el 12 de diciembre de 2003”. Aluden a que se reunió con autoridades políticas previamente, mencionan al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y al ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, de quien piden el falso testimonio (porque hizo una breve declaración al inicio de la causa y una coincidente con la de Pontaquarto en el juicio) igual que de Sandra Montero y Jorge Barca. Añaden sospechas sobre el modo en que declaró un chofer de De Santibañes, Luis Alberto Ruidía.

Los jueces afirman que “se interrogó de manera intimidatoria a algunos testigos; se persiguió sistemáticamente a todo aquel que no ratificara la hipótesis acusatoria; se manipuló la prueba para arribar a construcciones preestablecidas”. Faltó, dijeron “sentido crítico” sobre los dichos de Pontaquarto. A Rafecas piden que lo investigue el consejo; al abogado de Pontaquarto, el tribunal de ética del Colegio de Abogados; dicen que la Oficina Anticorrupción (OA) debe pagar las costas del juicio, “que implicó un costo económico para el estado y las partes”. Señala que ni la OA ni los fiscales fueron objetivos. Pontaquarto, dicen, es un “embaucador que involucró a terceras personas en la comisión de un delito, viéndose afectada la vida de éstas y sus familias durante diez años”.

Como se trata del mismo tribunal que anuló la investigación y la acusación del juicio sobre el atentado a la AMIA, comparan este caso con aquél porque “la mendacidad de un imputado produjo, además de irreparables perjuicios a sus consortes de causa, una grave afectación moral de toda la comunidad”. En el caso de los sobornos, dicen, “se puso en jaque el funcionamiento del sistema republicano”.

La fiscalía y la OA analizan cómo cuestionar la sentencia y a partir de este hecho planteaban sus dudas sobre las posibilidades de éxito y las herramientas disponibles para las investigaciones sobre casos de corrupción.