Pensando en los desafíos que enfrenta la actual gestión de gobierno de cara a los dos años del mandato que restan y en la necesidad de construir/reinventar consensos y legitimidades respecto de un proyecto político-económico y socio-cultural que transformó la realidad argentina en los últimos diez años, resalta la obligada responsabilidad de reforzar las capacidades estatales.

Entendemos las capacidades estatales en un sentido amplísimo: respecto del deber de seguir implementando políticas públicas y líneas programáticas que mejoren las condiciones de vida en general, y en particular de los sectores más desfavorecidos, y también respecto de la necesidad de optimizar las intervenciones estatales en un doble sentido: en el territorio y en clave burocrático-administrativa. A primera vista puede parecer un tema secundario en términos políticos, aunque no lo es, ya que resulta fundamental construir capacidad estatal potente, coordinada, efectiva, para visibilizar las acciones, para mejorarlas, para garantizar que aquello que se diseña en la macropolítica tenga el impacto que se busca construir. No es menor a la cuestión política y, no obstante, no se le ha dado todo el impulso y preeminencia que la cuestión merece y exige.

Si ponemos sobre el tapete qué áreas o políticas públicas es prioritario profundizar y/o retrabajar, la reducción de la informalidad laboral se constituye en un nodo central, ya que implica reducir nichos de desigualdad entre los trabajadores; mejorar el sistema de salud y de educación concebidos en un todo global reduciendo las diferencias interregionales. Si salimos de las áreas de política social, es importante apuntar seriamente a otros temas que hacen al interés y bienestar públicos, como son la inflación, la vivienda, el transporte, la seguridad, por mencionar los temas más resonantes.

Complementariamente, para que las distintas políticas públicas alcancen el grado de efectividad esperado, es vital hacer foco simultáneamente en la cara cotidiana y quizá menos visible de la implementación de las líneas definidas estratégicamente. Reforzar el rol del Estado, sus capacidades, tiene profunda unión con la cristalización concreta de esas líneas, ya que de eso depende el objetivo político de alcance más general que no es otra cosa que avanzar a la consolidación de un modelo de desarrollo productivo que contemple la inclusión social.

Si bien se ha avanzado en estos últimos diez años en eficientizar la cara burocrática del Estado dinamizando los distintos circuitos administrativos, resulta vital encarar mayores acciones que incluyan una labor coordinada entre los distintos agentes estatales en el territorio, articulando los recursos y saberes privilegiando los derechos ciudadanos en el alcance de las políticas. La articulación no sólo debe ser interministerial de nivel nacional, sino también local en cada territorio, donde las líneas lleguen para sumarse a lo hecho o supliendo lo que no se hizo, unificando criterios y reduciendo márgenes de discrecionalidad de quien técnicamente termina definiendo el otorgamiento de cualquier política en cuestión.

Es claro que no es fácil lograr acciones coordinadas, que muchas veces se dan por el conocimiento cara a cara de los distintos agentes en el territorio, pero debe ser una definición política central que tal coordinación pueda concretarse satisfactoriamente para el Estado y para la gente. A su vez, esto requiere un trabajo interno en las distintas dependencias nacionales, provinciales y municipales, donde se pueda discutir y consensuar y llevar a la práctica una concepción ideológico-política acorde con este momento histórico. Quiero decir, debe quedar claro quién es el sujeto de las políticas, que ese sujeto tiene derechos que no deben ser vulnerados y que este gobierno todo el tiempo pugna por subir el piso y no por bajarlo, y que el rol que toca jugar como agentes estatales es posibilitar por todos los medios que esos derechos se hagan realidad. Esto implica desprenderse definitivamente de vicios ligados al neoliberalismo donde los agentes estatales debían ser deseablemente sólo técnicos para equilibrar ese rol acorde con los nuevos objetivos políticos.

* Socióloga. Doctora en Ciencias Sociales, UBA.