El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó “una investigación seria y exhaustiva” sobre el rol del ex juez Pedro Federico Hooft durante el terrorismo de Estado en Mar del Plata. El organismo se presentó como amicus curiae ante el Juzgado Federal de Mar del Plata, donde Hooft presentó “numerosos planteos dilatorios” que hasta el momento le permitieron burlar las citaciones a declaración indagatoria, y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que el año pasado suspendió a Hooft y le embargó parte del sueldo, pero nunca concretó el juicio político que anunció hace un lustro.

Hooft está imputado por rechazar hábeas corpus de familiares de desaparecidos y por encubrir a los grupos de tareas de Mar del Plata en al menos 17 casos de privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios, incluidos los de los abogados laboralistas víctimas de la denominada “Noche de las Corbatas”. Las denuncias en su contra las presentaron en 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales locales. El mismo año se pidió su juicio político, al que luego continuó aportando pruebas la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata, Natalia Messineo. En marzo de 2009, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió iniciar el proceso, cuatro años después suspendió al juez y ahora promete comenzar el jury el 17 de marzo próximo, tres días antes de celebrar el primer lustro del anuncio original. En la causa penal, Casación le prohibió a Hooft salir del país, el juez federal Martín Bava lo citó a indagatoria cinco veces pero el acusado nunca se presentó y Bava no ordena su captura, con lo cual el proceso sigue estancado.

El CELS, en su amicus curiae (figura que permite expresar opinión a terceros ajenos a la causa, pero con un interés justificado en su resolución), enmarca el caso Hooft en el contexto de profundización de las investigaciones sobre la participación de civiles en el terrorismo de Estado, en particular de ex miembros del Poder Judicial. Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS, al día de hoy hay un solo magistrado condenado (Víctor Brusa, en Santa Fe), 24 procesados y otros 17 denunciados, en algunos casos con faltas de mérito apeladas por los fiscales.

El primer antecedente que cita el CELS sobre denuncias a jueces data de 2006, cuando pidió el juicio político de Guillermo Federico Madueño, que había sido juez de la dictadura en Bahía Blanca y entonces integraba el Tribunal Oral Federal 5 que hoy juzga a los represores de la ESMA. Madueño logró evitar el jury al presentar su renuncia, que le aceptó el entonces presidente Néstor Kirchner, y años después se profugó para no ser detenido. Gracias al auxilio de parientes y amigos de la corporación judicial, murió sin llegar a prestar declaración indagatoria.

Del análisis de procesamientos de ex jueces y fiscales, el CELS distingue al menos dos momentos en que podían conocer la ilegalidad de la represión: cuando los familiares de las víctimas presentaban los hábeas corpus y cuando el secuestrado era “blanqueado” y denunciaba los delitos padecidos. En base a jurisprudencia autóctona, distingue a su vez dos tipos de delitos: la omisión de investigar crímenes de lesa humanidad o bien directamente la complicidad o participación secundaria en torturas, secuestros y allanamientos ilegales, entre otras figuras.

El ex juez federal Luis Miret y el ex fiscal Otilio Romano, que serán juzgados este año en Mendoza, aparecen como figuras paradigmáticas del rol del Poder Judicial en la represión ilegal y del rechazo sistemático de hábeas corpus. “El aporte fue sustancial para los ejecutores”, destacó al confirmar sus procesamientos la misma Cámara Federal que habían integrado hasta meses antes. “El acuerdo, expreso o tácito, pero existente a juzgar por sus acciones posteriores, fue el punto de partida para que el plan clandestino se desarrollara en la forma tan brutal en que se llevó a cabo”, señaló la Cámara. En el caso del ex juez riojano Roberto Catalán, procesado como coautor de tormentos, varios sobrevivientes dieron testimonio de su presencia en interrogatorios en cautiverio. Cuando un secuestrado le dijo que lo torturaban y quiso mostrarle las marcas, el juez le respondió “para qué, si soy juez, no médico”.

El CELS destaca que el uso de la Ley 20.840 fue “un instrumento más para la represión” que permitió ocultar detenciones ilegales, tratos vejatorios y tormentos, por lo que deben investigarse los delitos cometidos al amparo de esa norma. Finalmente destaca la importancia de los testimonios de las víctimas. Con citas de la Cámara Federal de Mendoza, recuerda que en un contexto de represión clandestina, destrucción de huellas y anonimato de los ejecutores se debe privilegiar el testimonio de las víctimas. “Es fundamental que los jueces valoren los dichos de los testigos, incluso si fuera lo único con que cuentan”, destaca el organismo.