La procuradora Alejandra Gils Carbó presentó su programa a varios gobernadores.
Imagen: Télam.

La historia empieza con una camioneta estacionada en doble fila en Mar del Plata. La policía se acerca, el conductor pisa el acelerador y se escapa. En la huida, baja la ventanilla y empieza a tirar unos paquetes por el aire. Es cocaína de máxima pureza. Causa un desastre en la calle, choques y gente herida. Cuatro kilos de cocaína llega a arrojar. De entrada, lo acusan de resistencia a la autoridad y lesiones. Lo investiga la Justicia provincial. El hombre llega a juicio oral y recién ahí, en medio de las audiencias, el tribunal advierte que no era competente, que era un caso de narcotráfico, con una posible organización detrás, un asunto de la Justicia federal. Pasan casi dos años en el medio. Y todo el trámite vuelve a empezar. Como este hay decenas de ejemplos que, según dicen en la Procuración General, ilustran cómo fracasan las investigaciones sobre crimen organizado, y en algunos casos hasta llegan a dejar homicidios impunes o estructuras delictivas sin juzgar. Para intentar revertir este diagnóstico, el trabajo de los fiscales de todo el país estará organizado en un mapa dividido en 27 distritos, cada uno de los cuales tendrá un fiscal coordinador que buscará que cooperen los tribunales provinciales y los federales, las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad.

El concepto de “crimen organizado” alude a los delitos que se cometen a través de grupos que funcionan imbricados en vastas estructuras criminales. Abarca, entre los más conocidos, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y también la corrupción pública y privada. “El fenómeno de la criminalidad organizada representa una seria amenaza a la seguridad ciudadana. Los crímenes que cometen estos grupos son graves y sus actividades ilícitas, sofisticadas. No sólo abarcan los delitos en sí mismos, sino que es responsable de todas las conductas violentas aledañas, desde extorsiones y lesiones hasta asesinatos. Es violencia que afecta a toda la población”, explica Lisandro Pellegrini, secretario de coordinación institucional de la Procuración General de la Nación.

Según Pellegrini, muchas de las investigaciones de estos asuntos naufragan o quedan a mitad de camino. ¿A qué se debe? Cada provincia tiene su sistema judicial local, que es el que investiga delitos comunes; tiene a la vez jueces y fiscales federales, que investigan delitos federales, entre los que se incluyen el tráfico de estupefacientes y la trata de personas. A veces, las pesquisas de asesinatos quedan acotadas a los datos más inmediatos. Puede ser que haya investigadores de otro fuero detrás de la pista de una banda que tiene relación con aquel homicidio, pero como no hay cooperación entre ambos sistemas penales nadie se entera de la vinculación. También es común que haya procedimientos en whiskerías por contravenir ordenanzas y nadie denuncie indicios de trata, pese a haber personas extranjeras y ejerciendo la prostitución. O también puede suceder que fiscales provinciales y federales estén investigando los mismos hechos o las mismas personas y, además de duplicar recursos y esfuerzos, haya de que todos los avances terminen siendo nulos debido a la superposición; sin contar casos en que dos fiscales investigan lo mismo y uno produce un allanamiento en un momento inoportuno para el otro, o genera un procedimiento que apunta a los eslabones más débiles de la organización y frustra la persecución a los jefes.

–¿Y en qué puede servir dividir el trabajo de las fiscalías en distritos con fiscales coordinadores, si a la Procuración la han cuestionado por generar procuradurías y nombrar fiscales ad hoc?

–No se crea ningún cargo, nadie va a cobrar una remuneración extra. Se le atribuye a un fiscal por cada distrito funciones de coordinación y se lo llama “fiscal coordinador de distrito”. Esto tiene básicamente dos razones de ser. Primero, que el diseño de la política criminal tiene que ser sensible a las particularidades de cada lugar. No es lo mismo perseguir el tráfico de droga en Orán, que es una frontera caliente, que Río Negro o Tierra del Fuego, que tienen menor conflictividad producto del narcotráfico. En cada región hay que acordar modos de trabajo conjunto. Por otro lado, hay que lograr acciones coordinadas entre los fiscales federales y provinciales, y entre ellos y los jueces, autoridades políticas y administrativas, referentes territoriales y fuerzas de seguridad. Un homicidio y la venta de drogas pueden ser caras de un único fenómeno. Si uno no logra tareas coordinadas entre operadores de Justicia de ambos sistemas, sólo hay ineficiencias.

–¿Las fuerzas de seguridad no suelen ser parte del problema, como se vio recientemente en Córdoba y en Santa Fe?

–Sí, a menudo es el corazón del problema, el volumen del crimen organizado se explica por esa connivencia. Un objetivo de los fiscales coordinadores es generar protocolos y pautar las distintas intervenciones. Es prioritario protocolizar la cuestión de qué fuerza actúa y cuál está sospechada. Y asegurarse de llegar a la cadena más alta de responsabilidad.

–¿Creció este fenómeno que se denomina crimen organizado en la Argentina en los últimos años?

–No conozco evaluaciones precisas. Sí se puede ver que hay estructuras criminales organizadas que en algunos lugares que aparecen más afianzadas, como Rosario y San Martín, y hechos que demuestran la connivencia de las fuerzas de seguridad.

Un estudio de la Universidad Nacional de Rosario revelaba más de 1000 muertes desde 2004 vinculadas a casos de narcotráfico en esa ciudad, un negocio que mueve allí más de 2000 millones de pesos al año.

Los 27 distritos fiscales que diseñó la Procuración coinciden con la provincia, excepto la de Buenos Aires que se dividió en cinco (Mar del Plata y Bahía Blanca por un lado, Norte, Sur y Oeste, de acuerdo con la población y el nivel de conflictividad) y queda excluida la ciudad de Buenos Aires. El esquema fue presentado por la procuradora Alejandra Gils Carbó a los gobernadores de Santa Fe, Antonio Bonfatti, de Salta, Juan Manuel Urtubey, de Mendoza Francisco Pérez, de Santiago del Estero, Claudia Zamora y al gobernador bonaerense Daniel Scioli, que comenzaron a implementarlo. Aunque bien recibida por estos mandatarios, la iniciativa es compleja y seguramente generará resistencias, en especial en lugares donde tanto fiscales como jueces se mueven como dueños de un feudo con reglas tácitas y un orden establecido en sintonía con los poderes políticos y las fuerzas de seguridad.

Pellegrini dice que “se intenta darle a los fiscales el lugar protagónico en las investigaciones que la Constitución les confiere y que no está reflejado aún en el Código Procesal (donde los jueces son los que dirigen las pesquisas), es lo más parecido a un modelo acusatorio”. A medida que se logre mejorar las investigaciones, el objetivo es lograr también recuperar los bienes y dinero producto de estos delitos complejos.