“El tema de los prófugos no está resuelto. Pedimos a la Comisión Interpoderes algunas medidas para reducir posibilidad de fuga de los imputados, y no se tomó ninguna medida después de ese planteo”, dijo Alan Iud, de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.

Las fugas de dos condenados en San Juan volvió a poner en agenda el tema de los acusados de delitos de lesa humanidad que están prófugos. De acuerdo con los datos de los organismos de derechos humanos no existen, sin embargo, en este momento, más prófugos estructurales que en otros años.

Hay una suerte de staff permanente de prófugos que oscila desde hace años de 35 a 55, inclusive ahora que aumentó la cantidad de represores en procesos de justicia. Sin embargo, lo que preocupa es la falta de políticas para desmantelar el aparato que los sostiene. Lorena Balardini, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, cree lo que alienta las fugas es la combinación de dos datos: 1) que inmediatamente suelen quedar en prisión preventiva, en una situación que se extiende durante años antes de la condena y 2) que la expectativa de condena además es de penas bastantes altas: cerca del 50 por ciento tiene penas mayores a los 16 años y más de un 40 por ciento de ese universo tiene prisión perpetua. Ante esa situación, el CELS mira otro aspecto.

“Lo que nos preocupa es que se no se haya desmantelado el aparato que sostiene a los militares en la fuga, porque mantenerse en ese estado cuesta mucho dinero y requiere de todo un aparato que está brindando posibilidades económicas. Eso es lo que habría que atacar. Lo que nos preguntamos es qué se hace a nivel institucional para detectar las redes, para evitar que sigan vigentes, para tomar medidas que ameriten estos cambios.”