El año empezó con menos calor, nuevos impuestos a los bienes de lujo y una prórroga para el régimen de exteriorización de capitales que tan magros resultados viene dando. Nada del otro mundo, como si el verano hubiera empezado realmente con la fuga de una gran masa de porteños hacia las costas y eso hubiese calmado los ánimos de las disconformes clases medias y las olvidadizas clases emergentes. Materia que sólo la sociología podría explicar, porque si la inclusión social ha sido el mejor acierto del kirchnerismo, su error más grave fue no entender que los incluidos no se caracterizan por su agradecimiento sino, al contrario, por asumir como propios los reclamos de las siempre insatisfechas clases medias.

Mientras tanto, el primer día del año el mundillo político mostró que “nunca duerme”, como se decía hace años de la entonces feliz y hoy patética calle Corrientes. Y es que en política se trata de seguir vivos. Quizá por eso los dos conglomerados más fuertes de la oposición empezaron sus armados electorales como primera tarea del año. Por un lado, el peronismo opositor se lanzó a la pelea, que es lo que mejor hace, con campañas en la costa encabezadas por los señores Massa y Giustozzi, seguidos por reconocidos caballeros de estas lides como los señores Duhalde, Solá, Barrionuevo, Venegas, Reutemann, Lavagna y Redrado.

Por el otro, y con algunas raíces provincianas, el FAP y la UCR iniciaron el año acordando un frente de centroizquierda para ser gobierno en 2015. Los socialistas primerearon la candidatura de Hermes Binner aunque enseguida Ricardo Alfonsín advirtió que el compromiso “debe ser lo más abierto y participativo posible”. Parte de esa alianza son también el GEN de la señora Stolbizer, el llamado “juecismo” cordobés y los siempre inestables Libres del Sur y Coalición Cívica.

Lo bueno es que todos parecen haber aprendido que lo primero es “elaborar una propuesta de gobierno”. Porque si sólo discuten candidaturas, acaba siendo una carnicería. Quizá por eso todos ven como modelo la experiencia de Unen en las internas abiertas porteñas. Claro que alguien debería advertirles que, más allá de la Capital, en el vasto territorio nacional, hay realidades en las que ese tipo de experiencias pueden ser difíciles de repetir.

Como sea, es una incógnita saber cómo coordinarán ambiciones y principios –los que les queden– dirigentes tan dispares como el titular de la UCR, Ernesto Sanz, y el sorprendente y cambiante Pino Solanas. O cómo van a convivir la Unidad Popular de Víctor De Gennaro con, si acaso, los acólitos de Elisa Carrió. Y ella misma con Claudio Lozano, o Julio Cobos con Luis Juez.

Habrá que ver, pero todos parecen haber empezado el año político al galope, aprovechando que el oficialismo anda de capa caída, golpeado por el clima y sobre todo por sus errores –el caso Milani; las vacilaciones respecto de los códigos Civil y Penal; y el mal manejo de la crisis energética– y por las cosas que no hace, como aplicar una seria política de control responsable del espacio público, cuya falta tanto irrita a la sociedad.

Enero empieza con todas las barajas abiertas, se diría, y entre ellas una que sólo los chaqueños conocíamos y ahora todo el país ve: el estilo de puntualizaciones, esquemas y objetivos de Jorge Milton Capitanich. Se verá si es bueno o malo para el país, pero al Gobierno le da aire mientras la Presidenta vacaciona en la Patagonia, infaltablemente cuestionada por La Nación, Clarín y TN: ayer porque hablaba todos los días; hoy porque parece haber aprendido, finalmente, las virtudes de la discreción del poder.

Los 204 objetivos y 272 metas que anunció el jefe de Gabinete son, de hecho, un plan de gobierno para los próximos dos años. El desafío de gestión para él es grande y seguramente decisivo para sus aspiraciones. Y todo a alta velocidad, porque enfrente tiene un panorama de amenazas: la obvia es que empezar las clases en marzo se ve dudoso, como advirtió el 2 de enero el líder docente bonaerense Roberto Baradel. Si lo mismo sucede en todas las provincias, puede ser muy grave.

Y mucho más lo será, si emerge, la otra amenaza, la que sigue oculta entre las huestes policiales que “arreglaron” –es un decir– aumentos desmesurados durante las sublevaciones de diciembre. Cada gobernador cedió bajo presión con el solo objetivo de sosegar los ánimos. Pero el sentido común dice que lo acordado es, en algunas provincias, imposible de cumplir.

El caso testigo se planteó esta semana en Entre Ríos, donde el sueldo básico se fijó en 8500 pesos. Allí el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, anunció que promoverá una denuncia contra los policías amotinados en diciembre que forzaron al gobernador Urribarri a firmar un acuerdo “arrancado de manera extorsiva y producto de la sedición”, por lo que el acta será considerada “nula, ilegítima y carente de entidad jurídica”. El caso entrerriano involucra a unos 70 policías, de los que una docena irá a juicio por incidentes y robos.

Todo indica que ese camino es el correcto, pero habrá que ver qué responde ahora esa corporación inmanejable y peligrosa en que se han convertido los otrora “agentes del orden”. Y éste sí es un problema de toda la república, para la que 2014 no pinta fácil. Algunos dirán, con razón, que éste es el país donde nunca, nada, fue ni es fácil.