El gobierno de Entre Ríos, que encabeza Sergio Urribarri, dio por caído el acta-acuerdo que se firmó con los policías de esa provincia el 9 de diciembre y que significaba un aumento en el básico de más del 60 por ciento. La administración entrerriana tomó el camino adoptado por el procurador provincial, Jorge Amílcar García, que consideró el acta como prueba de una extorsión. Entre Ríos pagó ayer los salarios de los estatales, con un leve aumento a los policías, y cualquier otro cambio en la remuneración de los efectivos provendrá de la paritaria que todos los años se hace en marzo con los gremios estatales. La movida de Urribarri provocó pequeños remezones, el viernes, de 20 efectivos en Paraná, 40 en Gualeguaychú y cien en Concordia, pero ayer las cosas habían vuelto a la normalidad y comenzaba el carnaval centrado en Gualeguaychú.

El gobierno de Entre Ríos firmó aquel acta en una situación dramática originada en la rebelión policial de Córdoba. Los hechos más graves se produjeron en Concordia, donde los efectivos decidieron abandonar el servicio, tomaron el Departamento Central de la fuerza y golpearon al jefe. A continuación se produjo una oleada de saqueos y los propios vecinos, armados, establecieron piquetes en numerosas esquinas, por lo que los enfrentamientos parecían inminentes. En ese marco, el gobierno entrerriano pactó el 9 de diciembre con los policías para evitar un baño de sangre. El acuerdo debía ser refrendado por un decreto que Urribarri terminó no firmando. Enseguida se concretaron unos 600 allanamientos que no sólo permitieron recuperar una parte de lo saqueado, sino que demostraron vínculos entre los saqueadores y los policías.

El paso clave lo dio el procurador García, que la semana pasada dictaminó que el acta-acuerdo es la prueba de una extorsión y que por lo tanto es ilegal e inválido. García dijo que presentaría la denuncia contra los cabecillas de la rebelión ni bien finalizara la feria judicial, pero durante el fin de semana resolvió que la presentará mañana en el juzgado que esté de turno. Los delitos por los que imputará a los policías son graves: robo calificado reiterado, sedición, inacción deliberada en situación de calamidad, lesiones graves y, por supuesto, extorsión. La prueba que presentará será el acta, pero también la foto del momento de la firma en que se ve al gobernador Urribarri rodeado por efectivos exhibiendo armas. En forma paralela, la administración entrerriana dio por caída el acta.

Durante la jornada de ayer, los estatales y entre ellos los policías, cobraron sus sueldos de diciembre. En el caso de los efectivos se dio un aumento que no es el pactado, sino 2000 pesos, y se resolvió que no habrá ningún otro incremento hasta que no se realice la paritaria con todos los estatales en marzo. De esa negociación participan ATE, UPCN y los gremios de docentes, pero no hay ni efectivos ni delegados de los policías. Lo que habitualmente se hace es que se le otorga a los uniformados el mismo aumento o uno o dos puntos más que lo acordado con los gremios. El gobierno de Urribarri anunció que repetirá esa práctica.

Ante las novedades, durante el viernes hubo algunos conatos protagonizados por policías en Paraná, Gualeguaychú y Concordia. Según señaló ayer el gobierno entrerriano, lo más significativo fue el movimiento en Concordia, con 100 personas, de las cuales 50 eran policías. Las autoridades provinciales afirman que se trata de efectivos con legajos conflictivos.

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