César Almada, jefe de la policía de Córdoba durante los saqueos que se registraron en la provincia en diciembre pasado, mientras los efectivos se encontraban acuartelados en demanda de mejoras salariales, brindó ayer declaración testimonial ante el fiscal Raúl Garzón, en el marco de la investigación sobre presuntas responsabilidades del personal jerárquico y oficiales en los delitos cometidos. Almada, quien fue pasado a retiro luego de lo ocurrido, declaró por más de cuatro horas en la fiscalía tras ser convocado sorpresivamente, la noche anterior.

Una vez terminada la audiencia, el fiscal sostuvo que el ex jefe de policía “colaboró con todo el interrogatorio. Contestó todo lo que estaba a su alcance, dando respuesta a todo lo que (se le) requirió”, y agregó que “se va a avanzar sobre lo que corresponda a partir de la declaración y muchos otros elementos que resta analizar”. “La actuación que le cabe al Ministerio Fiscal es la investigación de los hechos y, eventualmente, si existiesen delitos, perseguir a quienes sean responsables”, destacó Garzón.

En horas de la tarde de ayer, además, el abogado penalista Alejandro Pérez Moreno realizó una presentación ante el tribunal para determinar si altos jefes policiales o miembros de los mandos medios de la fuerza tuvieron alguna responsabilidad en la planificación de los saqueos. En igual sentido, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Alejandro Tejerina, anticipó que la institución podría presentarse como querellante en la causa que investiga Garzón.

Almada había sido designado jefe de Policía por el gobernador José Manuel de la Sota en septiembre de 2013, tras la remoción del ministro de Seguridad Alejo Paredes y del entonces titular de la fuerza, comisario Ramón Frías, en el marco de la investigación sobre la posible connivencia entre efectivos del comando de Drogas Peligrosas y narcotraficantes. Garzón es uno de los cuatro fiscales que estaban de turno durante los saqueos.