Los espías civiles que trabajaron para el último gobierno militar en la provincia de Entre Ríos no serán investigados. El fiscal Mario Silva decidió archivar una causa en la que estaban denunciados por no tener elementos para imputarles comisión de delitos de lesa humanidad. La denuncia contra los espías fue presentada por organismos de derechos humanos luego de que se conociera el listado de los informantes del Batallón 601, difundido en 2010 por el Archivo Nacional de la Memoria. Inicialmente, el fiscal Silva requirió al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a otros organismos de inteligencia que remitan las listas de los agentes encubiertos que prestaron servicio en la provincia entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Luego de analizar la documentación remitida, Silva consideró que no había elementos que indiquen la comisión de delitos de lesa humanidad por lo que dispuso el archivo de la causa. En el listado de espías de la dictadura aparecen, entre otros, Mónica Zunilda Torres, que fuera subsecretaria de Derechos Humanos en el primer gobierno de Jorge Busti y luego diputada provincial por la Alianza. También figura Héctor Ramón Jurado, ex director de Prensa durante los gobiernos de Enrique Tomás Cresto (PJ) y Jorge Busti (PF).