El ex agente de inteligencia César Alejandro Enciso, alias “Pino”, era yerno del general Otto Carlos Paladino, jefe de la SIDE durante el terrorismo de Estado. Trabajó con su suegro en el centro clandestino que tenía a su cargo: Automotores Orletti, donde secuestró y torturó junto con otros agentes de inteligencia, de la Triple A y del ejército uruguayo. Enciso fue extraditado en noviembre desde Brasil y ahora fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas.

El ex agente fue requerido para juzgarlo por la privación ilegal de la libertad y tormentos a unas 40 víctimas, delitos calificados como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Pero como Brasil no reconoce este principio que rige en materia internacional, sólo permitió el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro de esas víctimas que permanecen desaparecidas y se considera que el delito se sigue cometiendo. Se trata de Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas, quienes fueron vistos con vida en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti.

Manuela Santucho y Nélida Navajas –mujer de Julio Santucho– fueron secuestradas el 13 de julio de 1976 en un departamento de la calle Warnes, en la ciudad de Buenos Aires. Navajas estaba embarazada. Ambas fueron llevadas a Orletti, donde las torturaron. Unos días después, Manuela fue obligada a leer la noticia del asesinato de su hermano Mario Roberto, líder del PRT-ERP, y escuchar cómo torturaban hasta la muerte a otro de sus hermanos, Carlos.

Gerardo Gatti era un conocido dirigente sindical uruguayo que fue secuestrado en Buenos Aires y llevado a Orletti. Julio César Rodríguez también era uruguayo.

Enciso, que actualmente está detenido en Marcos Paz, vivió desde fines de los ’80 en Brasil con una identidad falsa. Además de Rafecas, la Justicia italiana quería juzgarlo por los crímenes cometidos en Orletti, pero Brasil sólo admitió que viniera a la Argentina y redujo su acusación a cuatro casos. Pino intentó evitar su extradición pidiendo que se lo considerara “refugiado”, pero su reclamo no prosperó.

Orletti era base de operaciones del Plan Cóndor, la colaboración represiva entre dictaduras del Cono Sur, y funcionó en el barrio porteño de Floresta entre mayo y noviembre de 1976 bajo dependencia de la SIDE y el liderazgo de Aníbal Gordon.

Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.

Algunas de las víctimas de Orletti fueron halladas en tambores de cemento. Al procesar a varios represores de ese centro, Rafecas señaló al respecto: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”. Por esos hechos ya fueron condenados, entre otros, Eduardo Cabanillas, Eduardo Ruffo y Raúl Guglielminetti.