Recluido en su coqueta quinta de Pilar, Fernando de la Rúa prefirió quedarse a disfrutar de los jardines y la pileta en lugar de soportar el terrible calor porteño. Mandó a su apoderado, el veterano Guillermo Moreno Hueyo, para la ingrata tarea de escuchar los cargos en su contra en el Tribunal de Conducta del radicalismo. El ex Presidente deberá presentar su descargo y, diez días después, el organismo decidirá si lo expulsa del partido.
En un principio, los integrantes del tribunal analizaron si dejaban entrar a Moreno Hueyo, ya que la convocatoria fue realizada a De la Rúa. Lo discutieron un rato, y finalmente el apoderado pudo escuchar los cargos. En la denuncia, los acusadores aseguraron que “al asumir la Presidencia, De la Rúa conocía acabadamente los deberes que ella impone, pero no estuvo a la altura de las circunstancias”.
Agregaron que “abdicó de la responsabilidad que el cargo le exigía, deslindando su responsabilidad en la represión del 20 de diciembre, y abandonó el gobierno sumiendo al país en un estado peligrosísimo de anarquía”. Por lo tanto, consideraron que el tribunal “debe sancionar las graves acciones y omisiones que rodearon los últimos tres días como presidente de De la Rúa, que lo llevan al fracaso manchado de ridículo”.
La acusación fue motorizada por el vice de la Legislatura porteña, Cristian Caram. El 5 de febrero, el plenario del Comité Capital, donde el ex Presidente está afiliado, votó una propuesta para expulsarlo del partido. La movida sorprendió a los delarruistas porteños, que hasta hace poco tiempo hegemonizaban el aparato partidario, y generó resistencias de todo tipo: importantes figuras radicales, como el titular del partido, Angel Rozas, y el ex presidente Raúl Alfonsín manifestaron su rechazo a la expulsión. Sin embargo, el trámite fue avanzando: ayer Moreno Hueyo pidió “un plazo razonable” para el descargo, luego de lo cual el Tribunal de Conducta deberá decidir la situación del ex Presidente.