“El programa Progresar abarcará a 1.555.817 chicos de entre 18 y 24 años, la franja etaria con mayor índice de desempleo y que integra el decil con menores ingresos de toda la sociedad”, afirma Diego Bossio, el director ejecutivo de Anses. “Un nuevo derecho que va mucho más allá de los jóvenes que no trabajan ni estudian, que sólo representan un tercio de los posibles beneficiarios”, insiste sobre el plan que con un presupuesto del Tesoro Nacional de 11 mil millones de pesos cubrirá todo el territorio nacional, pero que solo en la provincia de Buenos Aires alcanzaría a 500 mil chicos y chicas. Un millón y medio de jóvenes, de los cuales el 35 por ciento no terminó el secundario y el 11 por ciento no completó la primaria. En una entrevista de Página/12, Bossio explica la forma de inscripción, a quiénes alcanza el programa, cuáles son las condiciones para acceder al derecho y las contraprestaciones para mantener la pensión no contributiva por la que cobrarán 600 pesos mensuales a través de una tarjeta de débito para poder completar los estudios primarios, secundarios y universitarios. “Ya comenzamos los contactos con los jóvenes que tenemos en la base de datos de Anses y luego realizaremos un despliegue territorial en todo el país y con todos los niveles de gobierno para llegar a todos los jóvenes e invitarlos a que se sumen al programa”, afirmó el titular de Anses.

–¿Cuáles son los ejes que se han trazado y la tarea que va a tener la Anses en la implementación del programa Progresar?

–Saldar una deuda que tenemos los argentinos con nuestros jóvenes, que como dijo la Presidenta “son hijos del neoliberalismo”, que no tienen trabajo y con una tasa mayor de desempleo con respecto al resto de la sociedad. Frente a este tema, en el que veníamos trabajando hace unos años, la Presidenta decide incorporar un nuevo derecho.

–¿A quiénes comprende el plan Progresar?

–Anses tiene registrado 5.066.888 jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. De ellos 3.036.176 no tienen trabajo o trabajan en negro, cuando vemos los ingresos de los padres (porque aunque el joven no tenga trabajo los ingresos familiares pueden ser muchos), esa cifra se reduce, como dijo la Presidenta, a 1.555.817 chicos. De esos chicos, el 35 por ciento no terminó el secundario, y el 11 por ciento no complementó la primaria. Solo 500 mil no estudian ni trabajan.

–¿Cómo se definió la franja de edades?

–La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dijo que había 73 millones de jóvenes, entre 18 y 25 años, que están buscando trabajo, lo que es un problema a escala global que también se da en la Argentina. La tasa de desempleo en la Argentina a nivel total es del 6,6 de la Población Económicamente Activa (PEA); de ellos, la tasa de desocupación entre las edades de 25 a 60 años es del 5, mientras que entre los 18 y 24 años es del 19,3, lo que casi cuadriplica al resto. Y la tasa de desempleo de los jóvenes a los que está destinado este programa como un nuevo derecho es del 35,9 por ciento. Los deciles de menor ingreso tienen mayor proporcionalidad de jóvenes. Por lo cual la juventud está incluida entre los sectores de más bajos ingresos.

–¿Cuáles son las condiciones para acceder al derecho?

–La condición de acceso al programa tiene que ver con los ingresos del joven y su familia. Si estudia o no, es un requiso de permanencia en el programa. No es solo para los llamado Ni-Ni (ni trabajan ni estudian). De ese 1,5 millón, solo un 28 por ciento corresponde a los llamados Ni-Ni; el 43 por ciento estudia pero no trabaja y están incluidos, lo mismo que el 20 por ciento que trabaja pero no estudia y un 8 que trabaja y estudia con mucho esfuerzo. Eso va mas allá de los Ni-Ni porque si no sería injusto: si hay un joven de una familia humilde que va a la universidad y le cuesta muchísimo, y el de al lado no estudia y porque ahora se anotó y vuelve a estudiar cobra la asignación. En este caso, la posibilidad es para los dos.

–¿Qué otros requisitos hay para permanecer en el programa?

–La educación y la salud son las condicionalidades, obligaciones que ha puesto el Estado para la permanencia del derecho y para ser efectivo. La obligación del chico de estudiar, con la presentación de tres certificados anuales: cuando se inscribe, en julio y en noviembre. La otra, es un certificado sanitario que debe presentar durante el año.

–¿Cómo se va a definir a quiénes les corresponde el beneficio?

–Doble control: primero cuántos jóvenes ganan más del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) y cuántos menos. Porque hay 486 mil chicos entre esas edades que trabajan formalmente y aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de los cuales 289 mil gana más que el SMVyM con trabajos permanentes y de ocho horas diarias. Otros 117 mil están en relación de dependencia y ganan menos del SMVyM por trabajos temporarios, de menos cantidad de horas semanales, etc. Hay 27 mil monotributistas sociales, donde hay que ver los niveles de ingresos, y autónomos, 36 mil.

–Entre los jóvenes que trabajan, acceden al derecho quienes cobran menos del SMVyM y el otro control es sobre el ingreso familiar. ¿Cuál es el piso del ingreso familiar para poder acceder también a ese derecho?

–Lo mismo, el SMVyM, 3600 pesos, de manera formal.

–Han tenido una repercusión importante en estas horas. ¿Cómo se realiza la inscripción?

–Recibimos más de 25 mil en apenas dos días. El formulario de solicitud lleva los datos del chico, de su familia, información de contacto, sobre ingresos, gastos y otros más. Datos que ya tenemos, pero que queremos corroborar. Se puede hacer en una oficina de Anses o bajarlo de la web de Anses. Una vez que llena un formulario, a las 72 horas nosotros le vamos a mandar un mensaje de texto sobre si el derecho le corresponde.

–¿Se han fijado plazos para la inscripción?

–Tenemos un plan de trabajo, con objetivos y metas. Ya nos estamos conectando con los jóvenes para invitarlos a que se inscriban a Progresar. El Estado no sólo debe brindar un derecho, sino que a veces hay que salir a buscar a los jóvenes y acompañarlos para que este proceso sea mucho más fácil. Y ya lo estamos implementando.

–¿De qué manera?

–Tenemos la base de datos de ese 1,5 millón de jóvenes, identificados con dirección, un teléfono de contacto. La Anses tiene un grupo de trabajo que ha tenido experiencia durante la inundación de La Plata, donde han verificado miles de familias y experiencia en seguridad social, que los hemos llamado integradores, como un nuevo concepto en la seguridad social, que han salido a la calle a ayudar a llenar solicitudes de inscripciones.

–¿Cómo es la distribución geográfica de 1,5 millón de jóvenes que pueden acceder al programa?

–Un tercio, 498 mil, en la provincia de Buenos Aires; la ciudad de Buenos Aires 156 mil; Córdoba y Santa Fe con más 110 mil; Tucumán, Mendoza, Salta, Misiones y Chaco arriba de 60 mil, Corrientes, Entre Ríos y Santiago del Estero con casi 50 mil; San Juan, Jujuy y Formosa entre 26 y 32 mil; Río Negro más de 20 mil; La Rioja, Catamarca, La Pampa, Neuquén. San Luis y Chubut entre 10 y 16 mil; Santa Cruz, 8 mil y Tierra del Fuego, 4 mil.

–¿Cómo va a ser el sistema de pago?

–Con tarjeta de débito, para que no sean rehenes de nadie. Esa es una decisión de la Presidenta, queremos liberar a los chicos.

–Además de la educación formal, también habrá enseñanza de oficios. ¿Quién se encarga de esa tarea?

–El Ministerio de Educación es el encargado de presentar la oferta educativa a la que pueden acceder los chicos, que va a incluir las propuestas que tienen las provincias y la nación, los diferentes centros de formación profesional, el plan fines para la finalización del secundario, a lo que se sumará la oferta de cursos y tutorías del Ministerio de Trabajo, con su experiencia en inserción laboral, preparación para un oficio, experiencia de coordinación del Plan Jóvenes. También están las nuevas universidades, en especial en el conurbano bonaerense, donde han ingresado nuevas generaciones.

–También se habló de guarderías para las chicas con hijos...

–El Ministerio de Desarrollo Social va a ser el encargado de llevarlo adelante y va a tener una asignación de recursos para potenciarlo.

–Intervienen varios ministerios. ¿Cuál es el organigrama para la implementación de Progresar?

–Hay un decreto, con un comité ejecutivo que lidera el Ministerio de Economía y uno consultivo al que se suman otros ministerios, además de las facultades reglamentarias que maneja Anses, que determina el derecho. También tiene un papel importante el Ministerio de Salud. Acá hay una decisión de la Presidenta y es que los jóvenes tengan protección social. El sistema de seguridad social de Anses es contributivo-asistido y se financia con lo que contribuyen los trabajadores y los empresarios, pero también con impuestos. Una persona que consume en un supermercado también está aportando a la seguridad social, por eso también es justo que se hayan implementado las pensiones no contributivas como la AUH. Conectar Igualdad es nuevo derecho donde todos los chicos de la escuela secundaria pública tienen que recibir una netbook. Progresar es un nuevo derecho que hay en la Argentina.

–¿Cómo se financia?

–Es un programa que financia el Tesoro Nacional e incorpora una nueva fuente de financiamiento al sistema de seguridad social. Porque muchos dicen, cuando se lanza un programa que involucra a Anses, que esto se hace con la plata de los jubilados.

–¿Cuántos serían los recursos que destinaría el Tesoro si se suma el 1,5 millón de jóvenes al programa?

–Según nuestras estimaciones son 11 mil millones de pesos al año. Pero con el gran impacto que genera distribución del ingreso. El plan tiene un efecto distributivo y macroeconómico, porque genera condiciones de consumo y demanda de sectores que tienen decididamente necesidades. Además de un derecho para un universo determinado.