Los protagonistas de la reforma del Código Penal, que trabajaron en la redacción del anteproyecto y el jueves fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, coincidieron ayer en elogiar la labor que desempeñaron en la comisión ad hoc creada para la actualización e integración del tan vapuleado corpus normativo en materia penal. La jurista, ex diputada nacional e integrante de la comisión, María Elena Barbagelata (FAP), aseguró que el trabajo presentado a la Presidenta en la Casa Rosada “es producto del consenso”. Para el ex camarista León Arslanian, también miembro del comité, “fue un trabajo muy armónico y grato para todos”. Por su parte, el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra apuntó que, si bien el decreto habla de seis meses para que el proyecto sea tratado, estimó que “es probable que el plazo sea mayor”. De hecho, se abre una instancia de debate con el objetivo de enriquecer el texto final.

“El Código Penal está destruido porque son muchas modificaciones que le han deformado todo tipo de proporcionalidad y racionalidad en el régimen punitivo”, afirmó Gil Lavedra. A su criterio, “había que discutir modernas formas de encarar el régimen de sanciones, la posibilidad de encarar penas alternativas, que en todos los casos haya una consecuencia que no sea la pena de prisión”. Otro aspecto abordado en el encuentro con la Presidenta fue el de “mejorar la cuestión de la ejecución de la pena, la cuestión de los menores”. Para Gil Lavedra, la reunión con Cristina Kirchner fue “un diálogo cordial, afable, en el cual se charlaron en general muchas cosas como la seguridad, la influencia que sin duda tienen los medios en la reproducción masiva de las mismas noticias, que esto tiene un impacto criminológico notable, la cuestión de la prevención de los jóvenes y el tema de las drogas”. Todo un temario si se considera que el encuentro duró poco más de media hora.

Para Arslanian “lo más relevante es la figura de ‘homicidio piadoso’, que tiene atenuación en la pena, es lo que hoy llamamos eutanasia, utilizado en enfermos terminales”. Según explicó, “esto tendría una pena de 4 años, cosa que antes rondaba entre los 8 y los 25”. El jurista apuntó que esta diferencia grande “entre los mínimos y los máximos” permite “agravar la escala de la pena”. Y destacó que “otro punto importante a tratar son las objeciones que se hacen por las reincidencias, que están contempladas en el código”.

Por su parte, Barbagelata dijo que “cada punto fue objeto de análisis”, y admitió que “algunos puntos suscitaron mayores controversias pero en general se buscó el consenso”. Tras referirse a los debates que se generaron al interior de la comisión, la dirigente socialista destacó la participación del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien fue el encargado de presidirla y uno de los responsables de que se lograra “una versión armónica”. Barbagelata dijo que el trabajo de más de un año y medio de la comisión de reforma “ha sido una experiencia muy rica, muy interesante, que tiene raíz histórica”. Agregó que “cuando se hizo el Código (Penal) vigente fue de la misma manera, con aportes de una comisión plural, política; funcionó como antecedente para elaboración y redacción del anteproyecto”. La reforma “es un reclamo de los propios jueces, pero también de los fiscales, los defensores y de la ciudadanía en general”, sostuvo la ex diputada. Y añadió que “un cuerpo de esta magnitud, que está tan desestructurado, tan disperso, genera contradicciones e incerteza. No algo peor porque se juega la libertad de los ciudadanos”.

La comisión estuvo integrada también por el ministro y el vice de Justicia, Julio Alak y Julián Alvarez; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el diputado del PRO Federico Pinedo.