La sesión para dejar sin efecto las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se presenta complicada. Sin posibilidades de acordar un proyecto único con el radicalismo y mucho menos con los bloques del centroizquierda, el justicialismo apuesta a postergar el debate por una semana y evitar una aprobación por escaso margen que se pueda leer como un papelón frente a la estrategia política planteada por el presidente Néstor Kirchner.
Por ahora, el bloque de diputados del PJ blande su proyecto que, a duras penas, aplacó las resistencias internas. Si bien el texto gambetea la nulidad de las leyes de impunidad con su “inoponibilidad” a los tratados internacionales que castigan los delitos de lesa humanidad, no resultó todo lo atractivo que quisieron para convencer inclusive a los otros bloques, sobre todo al de la UCR.
Los radicales reconocen como buena la intencionalidad política que subyace en el proyecto y que busca dar una fuerte señal a la Corte Suprema ahora que debe definir sobre su (in) constitucionalidad. Sin embargo, dudan de que este sea el mejor camino e insisten con su estrategia. Consideran que ahora que el gobierno nacional adhirió (ocurrió ayer por la tarde) al Tratado de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, lo que debe hacer el Congreso es adaptar la legislación vigente a este convenio: “Es la mejor manera de darles un cierre a estos temas sin generar conflictos judiciales”, indicaron fuentes de la bancada.
Así, la tarea de la conducción del oficialismo se complica. “Si nos dan una semana, arreglamos este entuerto”, confió a este diario un influyente diputado del PJ. La frase hace referencia a la única estrategia que visualiza el justicialismo para zafar de una sesión a la que no le ven un resultado positivo: un cuarto intermedio hasta el martes 19. Con este handicap consideran que podrán reducir de cinco a por los menos dos los proyectos que están en danza y mostrar a la sociedad y a la Corte la señal que se pretende. “Sería un papelón que en la sesión de mañana (por hoy) pasemos a votar y con 200 diputados sentados, nuestro proyecto triunfe por pocos votos y con casi un centenar de abstenciones”, se sinceró el mismo legislador.
Este complicado panorama fue relatado por algunos legisladores del PJ al propio presidente Kirchner. Pero el patagónico los sorprendió al indicarles que había que avanzar igual. Es más, reconocieron que les dijo que está dispuesto a correr el riesgo de perder.
De todas formas, el oficialismo insistirá con el cuarto intermedio al que le encuentran una virtud más. Aseguran que es una señal de garantía para aquellos bloques como Izquierda Unida, ARI, Frente para el Cambio y Socialismo que insisten con debatir. El PJ considera que como la sesión no cayó, puede el otro martes continuar sin necesidad de conseguir el tan mentado quórum. Pero claro, estas bancadas ya vivieron tantas frustraciones con este tema que les cuesta creer ahora en la sinceridad que demuestra el oficialismo.
Consciente de estas limitaciones, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, comenzará hoy temprano las conversaciones con representantes de la UCR, los partidos provinciales y el Frente Grande. Con ellos pretende anudar este famoso cuarto intermedio. Pero tampoco es tan fácil como parece. Camaño no quiere que haya discursos. Sus colaboradores señalaron que no se trata de un capricho sino que el bonaerense cree que una vez que éstos comiencen la sesión no se podrá detener. “Cada uno que hable va a ser para sentar posición y eso limita las posibilidades de llegar a un acuerdo. Entonces habrá votación sin garantía de resultado”, lo escucharon repetir.
Pero la obstinación de Camaño por conseguir más tiempo esconde un segundo objetivo. Está convencido de que estos siete días le permitirán,junto al jefe de la bancada, José María Díaz Bancalari, cohesionar más al bloque para enfrentar este tema pero también frente a las futuras leyes -sobre todo las económicas– que enviará el Ejecutivo. Si la estrategia pergeñada por el PJ se concreta, de nada servirá la nutrida manifestación que se prevé que llegará al Congreso para exigir la nulidad de las normas.