El proceso había comenzado con una audiencia fallida, pero esta semana repuntó. Tres de los represores imputados por crímenes en la causa por la llamada Contraofensiva montonera ya fueron indagados y detenidos con arresto domiciliario por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, en la investigación por la desaparición de 85 militantes montoneros y el secuestro de otros 20 entre 1979 y 1980. Ayer le tocó a Carlos Alfredo Carpani Costa, quien se negó a responder preguntas y fue conducido a cumplir prisión en su casa. Carpani Costa fue jefe del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares entre 1979 y 1980. Aún faltan ocho imputados, y sobre este desfile de personeros del terrorismo de Estado el abogado querellante Pablo Llonto dijo a Página/12 que “es un gran avance”.

Sin embargo, el abogado recordó que todas las querellas esperan una segunda etapa de imputaciones que incluya a los más de cincuenta represores que pertenecieron, en su mayoría, al área de Inteligencia y que son responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos contra quienes protagonizaron la Contraofensiva montonera, la frustrada operación político-militar con la cual esa organización guerrillera pretendió derribar a la dictadura. “Son decenas y decenas de acusaciones las que faltan y esperamos que el juzgado avance en esa segunda etapa con toda la prueba que hemos aportado”, apuntó Llonto.

El miércoles había sido indagado y detenido Raúl Guillermo Muñoz, ex jefe del Departamento Personal (G1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, entre 1980 y 1982, y a quien la jueza Vence también le otorgó la prisión domiciliaria porque “padece problemas de salud”. En tanto, el martes había sido sometido a declaración indagatoria Roberto Dambrosi, de 79 años, quien revistó como jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601. El acusado no negó haber estado en ese lugar, pero dijo que no tenía nada que ver con “la subversión”, tras lo cual rechazó las imputaciones en su contra. Dambrosi había llegado en silla de ruedas, y para acreditar sus problemas de salud, presentó un certificado de haber sufrido un ACV. La magistrada también lo envió a su casa. Los familiares de las víctimas cuestionaron que los imputados “no salgan esposados y se vayan tranquilos a tomar mate”, como expresó Gustavo Molfino, cuya madre y hermana fueron asesinadas.

De los trece imputados originales, uno está prófugo y el otro se encuentra imposibilitado de asistir al juicio por razones de salud. Ellos son Mario Guillermo Ocampo, ex jefe de la Segunda Sección del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, y Alfredo Sotera, ex jefe de la Jefatura II de Inteligencia, respectivamente. El juicio había comenzado con una citación fallida debido a un error en la notificación judicial, y el beneficiado fue Luis Angel Firpo, ex jefe de la Central de Contrainteligencia y jefe de la División de Seguridad del Batallón 601.

El antecedente de esta causa fue la que impulsó el juez Ariel Lijo por seis de los casos de la Contraofensiva, mientras que el expediente de Vence aborda más de un centenar de víctimas, entre desaparecidos y asesinados, fue abierto en 2012 y pretende un abordaje más abarcativo. En tal sentido, toma los dos años completos, los secuestros que se produjeron en distintos puntos del país, e incluso afuera, como Perú o Brasil. Los querellantes coinciden en destacar la reactivación de la causa, pero aún consideran que es insuficiente. Según Llonto, está bien sentar en el banquillo a las conducciones militares, pero también habría que apuntar a una enorme cantidad de autores directos, ex miembros del Ejército y de las policías Federal y Bonaerense, que actuaron en los operativos de secuestros, que en su mayor parte terminaban en Campo de Mayo.