Carlos Alberto Carreño se presentó ayer como defensor del ex juez Guillermo Petra, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El nombre del abogado, según informó El Sol online, aparece vinculado al Destacamento de Inteligencia 144, donde entre 1976 y 1983 se habría desempeñado como agente civil. En la segunda audiencia de la megacausa mendocina, en la que se juzga a ex funcionarios de la Justicia partícipes del terrorismo de Estado, además de militares y policías, también quedó detenido Antonio Lorenzo Cosentino, un ex policía que cumplió funciones en la comisaría 7ª de Godoy Cruz y participó de los operativos del D2, y que hasta ahora estaba prófugo. Además, el ex magistrado Otilio Romano solicitó asumir su autodefensa.

En la audiencia de ayer, la querella solicitó agregar días de debate para acelerar el proceso judicial y que se apliquen las reglas fijadas por la Cámara de Casación para incorporar testimonios de juicios anteriores. Pablo Salinas, abogado litigante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y por 20 de las víctimas, contó que “la sesión comenzó con un pedido nuestro de que se requise a los presentes, en especial a los acusados, para evitar filmar o sacar fotos durante el debate oral. La decisión se vincula con que en un diario de la provincia salió publicada una foto, de la primera audiencia, en que se ve a Luis Miret –imputado– sacando una foto al fiscal Jorge Auat”. El abogado estimó que “consideramos que esto no es más que un acto intimidatorio por parte de un acusado de delitos de lesa humanidad a un fiscal de la Nación”. En una segunda instancia, el tribunal identificó a los acusados, tal como lo había realizado el lunes anterior, durante la primera audiencia. Entre los presentes estaban los ex jueces en funciones durante la dictadura Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret, y el entonces fiscal Otilio Romano. Todos imputados por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados. En esta ocasión, entre las filas de las fuerzas de seguridad estaba el represor Lozano Constantino, a quien se detuvo al inicio de la audiencia. En tanto, Francisco López Rodríguez aún se encuentra con pedido de captura.

Se destacó el anuncio que hizo el defensor de Romano, Bernardo Calderón, en el que afirmó que se retirará si no se le permite a su patrocinado ejercer su autodefensa, como el ex juez había solicitado. El defensor dijo que el ex camarista que estuvo prófugo en Chile y fue extraditado conoce los detalles de la causa mejor que él. Hoy, en un nuevo encuentro, el tribunal va a dar una respuesta a ese pedido. “Nosotros nos opusimos rotundamente porque pensamos que oculta una trampa, después van a decir que estuvo indefenso”, dijo Salinas. “No son más que planteos dilatorios para ir alargando el juicio y que no concluya nunca”, destacó.

Uno de los momentos más tensos de la audiencia se dio cuando el tribunal decidió retirarse por unos minutos del recinto, debido a que una ex jueza federal de la provincia, Dora Goldfarb de Lucero, decidió interrumpir el curso de la audiencia y responsabilizar a Miret por la detención de su esposo, Pedro Tránsito Lucero, ex director del diario El Andino, un caso emblemático de la provincia aún sin resolver.

Durante la jornada de ayer quedaron desafectados, por razones de salud, los acusados Alfredo Castro, Aldo Patrocinio Pérez y Timoteo Amaya. Se suman a los ya separados Gabriel Guzzo, Enrique Blas Gómez Saá y Francisco Salvarreda. En tanto, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue desligado ya que se encuentra afrontando otros dos debates en Córdoba y La Rioja. En total son 34 los acusados cuyas imputaciones comenzará a leer el fiscal hoy, cuando el tribunal vuelva a sesionar.

Informe: Laura Guarinoni.