María Julia Alsogaray está presa. No más lujos, ni tertulias, ni departamentos en Nueva York. Le pasa, según resolvió el juez Rodolfo Canicoba Corral, por haber “sustraído” dinero público que debía administrar y custodiar cuando era secretaria de Recursos Naturales. Ella, verificó la investigación, lo usó para pagar sobreprecios multimillonarios y contratar irregularmente a sus amigos en refacciones del edificio donde trabajaba. El delito se llama peculado y contempla la cárcel como castigo, aunque también fue procesada por tres cargos más. La resolución judicial contempla como agravante 13 causas en trámite contra la ingeniera, que incluyen cuatro procesamientos. También quedó tras las rejas, en Gendarmería, Enrique Kaplan, que fue subsecretario de relaciones institucionales de la ex funcionaria y antes peluquero de Carlos Menem.
La ex polifuncionaria menemista, de 60 años, había decidido presentarse ante el juez por cuenta propia por los rumores que anunciaban que terminaría esposada. Ayer llegó a las siete de la mañana al juzgado de Canicoba Corral, vestida con un trajecito de saco y pantalón oscuro, una chalina marrón con arabescos, el pelo tirado hacia atrás con una vincha y una valijita en la mano. Poco más tarde se sentó frente a Canicoba Corral, quien le comunicó que el procesamiento ya estaba resuelto, que quedaba detenida y que le correspondía un embargo de un millón de pesos, igual que a sus socio de andanzas Kaplan.
–Le agradezco que me lo diga usted personalmente –le contestó María Julia a Su Señoría, se levantó y se fue cerca de las 12, seria y algo pálida, en compañía de su defensora oficial, Perla Martínez de Buck, y uno de sus sobrinos. De los tribunales de Retiro fue trasladada, como adelantó Página/12, a una celda en el edificio de la Delegación de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) y de la Policía Montada, en Cavia y Figueroa Alcorta. Canicoba se atrincheró un rato en su despacho, aflojó la corbata azul y verde y se fumó un habano. En la Casa Rosada, el presidente Néstor Kirchner celebraba tratando de hacer poca alharaca. “En este país tiene que haber justicia”, cuentan que le dijo a su vocero Miguel Núñez.
La causa por las refacciones en el edificio de la secretaría de Recursos Naturales se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) derivada de la primera investigación que abrió esa repartición en función de una nota publicada por este diario. Aunque la principal acusación de Canicoba Corral contra Alsogaray y Kaplan es el delito de peculado, el fallo también incluyó defraudación, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, dictó la falta de mérito por la calificación central que había impulsado la OA, que era la de asociación ilícita. El fiscal Miguel Angel Osorio anunció que apelará ante la Cámara Federal para que también se investigue a fondo ese tema.
Para Canicoba Corral, el eje de las triquiñuelas de María Julia fue la creación de un cuenta bancaria paralela ilegal en el Banco Ciudad, bajo la forma de fideicomiso, por la que pasaron por lo menos 4.441.480 dólares provenientes del Tesoro Nacional pero convertidos, así, en dinero extrapresupuestario. Esto permitía burlar controles y que, “simulando gastos inexistentes” con “datos falsos”, llegaran partidas de dinero a Recursos Naturales “para ser gastadas a su antojo”, dice el fallo. Los fondos eran engrosados, además, usando excedentes de presupuestarios de los años anteriores, a pesar de la obligación por ley de reintegrarlos.
“Con los fondos depositados en el fideicomiso –dice el procesamiento– solventaron los gastos que demandó una obra de remodelación integral del edificio sede de la Secretaría (de Recursos Naturales) llevada a cabo entre los años 1995 y 1998.” Para eso, relata el texto, María Julia contrató al ingeniero Santiago Bignoli, un amigo suyo de la niñez que manejó la mayoría de las obras públicas en juego, y su padre, Arturo Bignoli, para participar en las mismas andanzas. Canicoba Corral dice que sus contrataciones fueron “indebidas e injustificadas”. Y señala algunos patrones que se repitieron en todas las refacciones encaradas: losconvenios fueron directos, sin los concursos y licitaciones requeridos, se repitieron los personajes y las empresas amigas, y se pagaron sobreprecios siempre muy superiores a los valores de mercado al adquirir bienes y servicios. Para justificar las maniobras y los altos montos pagados, una de las estrategias habituales consistió en fragmentar los planes de obra.
Entre las remodelaciones en la sede de San Martín 459 que Alsogaray impulsó, las de las oficinas del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia) aparecen como las más escandalosas. Por sí sola, señala Canicoba, la contratación de los Bignoli alegando la necesidad de especialistas no estaba justificada: se les asignaron tareas que podría hacer cualquiera. “Las verdaderas razones de la contratación –dice– era darles el total control y dominio de la obra que se realizaba, dejando librado a ellos el monto que percibirían como honorarios.” Por donde se lo mire, agrega, “se violó el régimen de contrataciones del Estado”.
Para la construcción de sanitarios, según la pesquisa, se pagaron sobreprecios de hasta 444 por ciento, para la mampostería y los revoques, el excedente fue 192 por ciento. Y son sólo dos ejemplos entre decenas, entre los que se detectaron también facturas y órdenes de pago falsificadas o irregulares. Llama la atención, detalla el procesamiento, la contratación de la firma ConMag para proveer bienes y servicios, que tenía “escasos meses de vida”, y cuyo dueño, Alberto Maggioto, tenía vínculo previo con Alsogaray y los Bignoli. También advierte sobre “la reiterada contratación” de Del Río Construcciones y Oscar Vicente Zatta.
La figura de peculado prevé entre 2 y 10 años de cárcel. El juez se basó en una norma que permite, ante ese máximo, dictar la prisión preventiva, especialmente si prevé que el imputado podría ir preso en cualquier otro caso. También tuvo en cuenta la “situación global” de María Julia en relación a las demás causas –además de que es una universitaria y no vivía precisamente en la miseria– y en particular su cercanía al juicio oral por enriquecimiento ilícito. También procesó a los Bignoli y a algunos ex funcionarios que, al parecer, participaron en todos estos negocios: Nora Chiban, Aurora Cucchi, Elisa Guillermina Calvo y Lidia Blanco.
En los próximos tres días la ex interventora de Entel, presentará su apelación, algo que aún no hizo porque no se le notificó el fallo, aunque sí la detención. La Cámara Federal podría demorar un mes en resolver la situación, y aún puede decir si cree que hay que investigar asociación ilícita. El run run de tribunales dice que la señora de los tapados de piel tendrá para muchos, muchos años de encierro.