”Es muy cuestionable la anulación. No va a tener efectos jurídicos.” Con estas palabras, Daniel Scioli salió ayer a criticar la decisión de la Cámara de Diputados de declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La definición de Scioli podría tener cierta importancia: la semana que viene el Senado, que él preside, deberá ocuparse del tema. Sin embargo, la influencia política del vicepresidente es limitada, y ayer el Gobierno salió a apoyar la decisión de los diputados. “En un país serio las leyes no se anulan”, había dicho Scioli. “En un país en serio no hay impunidad. Hay justicia y hay verdad”, le respondió el vocero presidencial Miguel Núñez.
Scioli fue el único funcionario que se animó a cuestionar la votación. “El Congreso sanciona, modifica o deroga, pero no puede anular leyes. No va a tener efecto jurídico; esto va a llegar a la Corte Suprema. Por lo tanto, esto no tiene efectos retroactivos y será el Poder Judicial el que termine definiendo. La opinión personal mía es que hay que dar el respaldo al Presidente (Néstor Kirchner) en cuanto al tema del tratado de la ONU”, aseguró el vice, en relación a la decisión de la Rosada de adherir a un convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
De todos modos, Scioli aseguró que no les corresponde comentar el tema. “No quiero fijar mi posición con respecto a un tema que se va a tratar la semana próxima, por respeto a los senadores. Yo voy a facilitar el debate, como corresponde”, agregó.
Scioli formuló estas declaraciones ayer, un día después de que la Cámara de Diputados, con los votos del PJ, el ARI, el Frepaso y la izquierda, declarara “insanablemente nulas” las leyes de impunidad, sancionadas durante la gestión de Raúl Alfonsín para frenar las presiones militares. El proyecto pasó al Senado, que tiene previsto tratarlo en la sesión de la semana que viene: aunque Scioli, el titular del cuerpo, se definió en contra de la nulidad, la posición del Gobierno está más que clara.
Ayer, en la presentación en la Casa Rosada del nuevo sistema de elección de jueces, Núñez respondió a las palabras de Scioli. Antes, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había formulado declaraciones en el mismo sentido. “La Argentina recuperó la agenda del derecho; la democracia tenía una enorme deuda. Con esta decisión se abre la posibilidad de que esos hechos sean juzgados en referencia a los hechos realizados por los represores”, señaló Fernández, el hombre de mayor confianza de Kirchner en el gabinete. Consultado por los argumentos sobre la supuesta incertidumbre jurídica que traería la nulidad, el funcionario fue terminante. “La mayor inseguridad jurídica es que quien haya delinquido no sea juzgado”, aseguró.
En general, la mayoría de los políticos coincidió con el jefe de Gabinete. “Estoy orgulloso de la postura adoptada por nuestro bloque de diputados, porque el justicialismo puso las dos piernas del lado del futuro y sacó la que tenía en el pasado. Hay un intento serio en la Argentina de construir un país desde bases justas”, evaluó el gobernador bonaerense, Felipe Solá, durante el acto de asunción del nuevo secretario de Derechos Humanos de la provincia, Remo Gerardo Carlotto, que se realizó en La Plata.
“El sentimiento fue que empezábamos un camino nuevo, de liberación, de posibilidades y de una lucha que tiene su triunfo en el mejor sentido”, señaló Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. “La decisión comienza a corregir un poco el camino, es un paso para empezar a terminar con la impunidad”, redondeó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Aunque la mayoría de las voces fueron a favor, hubo algunos pocos que, como Scioli, cuestionaron la decisión de Diputados. Entre ellos el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi, hoy primer candidato a diputado por la lista de Mauricio Macri. “Hay mucha gente que va a pensar que si hoy han anulado una ley de este tipo, mañana pueden anular leyes de cualquier otro tipo, incluidas fiscales, económicas, sociales, culturales o de cualquierotro contenido, con lo cual ahí sí realmente el andamiaje del estado de derecho se nos viene abajo”, criticó Vanossi, quien en 1983 fue el encargado de fundamentar la necesidad de anular la autoamnistía militar.