Las declaraciones del juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en respuesta a las torpes ideas –es un decir– del diputado y líder del así llamado “Frente Renovador” Sr. Sergio Massa, desatan una reflexión que sería deseable que donde corresponde se escuche y considere.

Porque además de ilustrar al país acerca de su incapacidad de sutilezas, cuando el Sr. Massa pide “tirar a la basura” el anteproyecto de reforma del Código Penal realizado por una comisión integrada por Zaffaroni y varios juristas de diversos partidos y tendencias, lo que indirecta e involuntariamente hace es poner en evidencia otra cuestión de la que casi no se habla, pero acaso es hora de que se manifieste, un poco como llamado de atención y otro poco como alerta al Gobierno y a la sociedad.

Y es que el Sr. Massa fue jefe de Gabinete del gobierno nacional hasta hace apenas tres años. Y antes de él lo había sido, por mucho tiempo más, el abogado Alberto Fernández. Se dirá que fueron ellos los que “traicionaron”, pero allí estuvieron, designados y gozando de absoluta confianza. Y a esos yerros deben sumarse varios otros, no menos graves: el sostenimiento del Sr. Ricardo Jaime en la Secretaría de Transportes, donde la supina inutilidad de su gestión sólo supo ganar denuncias de corrupción; o la designación del vicepresidente Amado Boudou con el enorme costo político que viene teniendo; o el fallido intento de colocar en la Procuraduría General de la Nación a un jurista altamente cuestionable cuyo nombramiento fracasó.

Quede claro que lo anterior no intenta ser un necio dedo acusador, pero sí una voz de alerta. Porque esta semana se han producido dos hechos –dos designaciones políticas– que muchos ciudadanos ven como riesgosas concesiones, de imprevisibles consecuencias en un caso y de gravísimas en el otro.

El primero es la colocación en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo del ex gobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, Sr. Gerardo Zamora. Proveniente del radicalismo –que no importa si ahora lo repudia; también lo hicieron con el Sr. Julio Cobos, y de todos modos ya el radicalismo perdió el rigor de otros tiempos para juzgar la conducta de sus afiliados–, lo cierto es que el nuevo vicepresidente segundo de la Nación no parece acreditar más mérito que la buena voluntad presidencial. Pero podría ser un verdadero peligro político para el hipotético, indeseado, caso de que faltara la Presidenta y el vicepresidente Boudou no pudiese sortear el acoso judicial en que se encuentra ahora.

Mucho más grave, en lo inmediato, es el otro caso: después de seis años de lúcida labor al frente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la legisladora del Frente Grande Adriana Puiggrós –una de las máximas autoridades educativas del continente, con extensa obra publicada y larga experiencia académica y de gestión– ha sido desplazada esta semana. Su lugar será ocupado por el Sr. Julio Cleto Cobos.

Ambas decisiones parecen tener como punto en común ser concesiones al radicalismo K –cabe recordar que el primer radical K fue Cobos y el último es Zamora–, pero ambas, además de cuestionables, pueden estar mostrando cierta preocupante tendencia a repetir graves errores políticos.

Entre otras cosas, porque el desempeño de Puiggrós en la Comisión de Educación es difícil de empardar: su trabajo fue decisivo para la creación de nueve universidades nacionales y para las leyes de centros de estudiantes y de convivencia en las escuelas, así como el impulso a la educación de las personas privadas de libertad. Y tienen ya media sanción leyes como la de salud escolar para todos los niños que ingresen al sistema educativo; la de supervisión educativa a las instituciones de nivel inicial; la de continuidad de la gratuidad y acceso irrestricto a las universidades, inspiradas en las paradigmáticas leyes de los primeros gobiernos peronistas. Y queda también su trabajo en el proyecto de derogación de la Ley de Educación Superior, rémora neoliberal del menemismo, y su reemplazo por una ley consensuada con sectores progresistas, nacionales y populares.

No hay ningún dato que haga pensar que el Sr. Cobos compartirá, siquiera, tales principios. Y en todo caso es sospechable que pueda beneficiar intereses y negocios de las corporaciones educativas y financieras que hasta ahora han frenado las reformas profundas que necesita la zarandeada educación en la Argentina.

Como bien ha dicho el juez Zaffaroni, nuestra clase política “todavía no ha alcanzado el nivel de madurez que necesita”. Estas decisiones parecerían evidenciarlo.