Fue un discurso mesurado, menos incisivo que otras veces, con un dejo de autocrítica en lo que atañe al funcionamiento del Poder Judicial, aunque siempre político y con la impronta de quien tiene una vista panorámica, que mira desde arriba, aconseja y trata de mostrar que no se ubica en ninguna parte. “Casi episcopal”, dijo de sí mismo Ricardo Lorenzetti, cuando inauguraba ayer el año judicial frente a decenas de jueces de todo el país. En su exposición, repitió conceptos de todos los años, aunque eligió anclar algunos en la actualidad, en especial cuando asumió que es “innegable” que hacen falta reformas para que el sistema de justicia sea más rápido y accesible al común de la gente y al referirse al narcotráfico como “una amenaza al estado de derecho”. Les pidió a los jueces que lo escuchaban que “cooperen” para encontrar soluciones. Entre sus muletillas más conocidas, reivindicó “la independencia de poderes” y el Derecho como “límite a los abusos del Estado”.

“Episcopal”, subrayó Lorenze-tti, es una palabra que le “gusta mucho” y que define al que “no está ni de un lado ni del otro”. “La Corte puede intervenir en la agenda pública iluminando algunos temas”, resumió lo que podría interpretarse como uno de los objetivos de su discurso. Igual que el año pasado, y posiblemente porque se le suele atribuir cierto personalismo, el presidente supremo aclaró de entrada que el speech había sido consensuado con sus colegas del alto tribunal. “No queremos hablar de las cuestiones del poder sino del pueblo”, agregó, intentando extender su apelación más allá del auditorio judicial que lo escuchaba, al común de la gente.

“Los problemas del pueblo trascienden a los gobiernos”, afirmó, y los enumeró en este orden: “el temor de los que tienen algo ahorrado y que pueden perderlo, crisis tras crisis”; “el miedo de los que están excluidos de las sociedad y no tienen futuro”; “el temor de los niños afectados por la droga”; “o el temor de los jubilados”; “o el de los que piensan que la ley no es igual para todos y que hay impunidad”. A su entender, la falta de “previsibilidad” es uno de los problemas clave, y que nadie se ocupa de “la raíz de los problemas”, aunque hizo corresponsables a los tres poderes.

Lorenzetti ofrece este tipo de discursos desde 2007, cuando cumplió un año en su presidencia suprema. Según el contexto político, ha sido más o menos hostil hacia el Gobierno. El año pasado estuvo marcado por la pelea permanente, en medio de la discusión de las leyes de “democratización” de la Justicia y la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte de la reforma de la ley de Consejo de la Magistratura. Ahora hay cierto clima conciliador entre la Casa Rosada y la familia judicial, que se advierte desde que el oficialismo en el Consejo admitió y votó en la presidencia y vice del organismo a dos jueces representantes de la conservadora lista Bordó de la Asociación de Magistrados. Ayer, en el acto en la señorial sala de audiencias del Palacio de Justicia, la Corte estaba en pleno y había más representantes del Gobierno que lo habitual. Desde el ministro de Justicia, Julio Alak; su número dos, Julián Alvarez, y colaboradores de la cartera; la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y el titular de la Sedronar, el cura Juan Carlos Molina. También había integrantes de Justicia Legítima –entre ellos su titular, María Laura Garrigós de Rébori– además de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general, Stella Maris Martínez; cerca se ubicaban el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitksy, y el sindicalista Julio Piumato. Afuera, en las escalinatas, protestaba la defensora de los represores Cecilia Pando.

Poco después de dejar tribunales, Alvarez –quien también es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo– posteó en las redes sociales: “Coincidimos con el presidente de la Corte Suprema en la necesidad de producir reformas en la Justicia para acercarla a los problemas de la sociedad y para evitar demoras”. En la cartera de Justicia se daban por contentos con el hecho de que el juez supremo hubiera admitido que “hay que reformar el Poder Judicial”. La diferencia es que Lorenzetti plantea una reforma desde adentro de la corporación, con los jueces a la vanguardia, mientras que el Gobierno piensa en cambios más vastos, que abarcan los códigos Penal, Procesal, Civil, el Servicio Penitenciario y el funcionamiento del Consejo.

“Nunca menos”

Lorenzetti habló de dos objetivos hacia donde deberían orientarse los cambios dentro del Poder Judicial. Habló de “acercar la Justicia a la gente”, “poner los jueces donde están los conflictos”, “designar jueces de pequeñas causas, mediadores, en los barrios pobres, en lugares donde hay conflictos”. “Esto pacifica”, aseguró. “No puede ser que sigamos con un diseño del siglo XIX, cuando la gente iba al centro a litigar (...) Tenemos que crear jueces móviles” que se trasladen “a aquellas regiones donde hay grandes distancias”, insistió el juez. El “segundo gran cambio”, señaló, “es en la celeridad”. “Son cambios organizativos”, sostuvo, y recordó que hay camaristas y jueces de tribunales orales trabajando en propuestas “para obtener una Justicia más rápida”. “No crean que el Poder Judicial está de maravillas. Tenemos que transformarlo, tenemos que hacer un esfuerzo todos y debe ser una política de Estado.”

Ayer no fue la primera vez que la Corte asumió un papel de prédica en la cuestión del narcotráfico. Ya lo hizo el año pasado, en una resolución en la que pedía medidas tanto de Gobierno, de las fuerzas de seguridad como del Consejo. “El narcotráfico está afectando el estado de derecho”, sentenció Lorenzetti, que lo mencionó como un problema del país y la región. “No tenemos que discutir sobre estos temas, tenemos que ponernos de acuerdo en cuestiones básicas e implementarlas”, clamó. “Exhortamos a todos los jueces, principalmente a aquellos que están en regiones donde este tema es acuciante, a que cooperen con los otros poderes del Estado para que tengamos una acción efectiva. A los otros poderes del Estado les decimos que esta agenda del narcotráfico debe ser prioritaria”, pidió Lorenzetti.

Lorenzetti tiene la habilidad de plantear conceptos de manera genérica, sin dar nombres ni casos, pero siempre fáciles de asociar con alguna situación o debate vigente, desde la toma de tierras o la inflación hasta el problema para estudiar en las escuelas porteñas. Así, por ejemplo, hizo un listado de “valores” para la comunidad judicial que lo escuchaba y atravesó todo el arco temático posible: “El sistema jurídico parece un hotel cinco estrellas, porque es perfecto, pero no todos pueden acceder a él (...) pero las normas de acceso no son sólo las procesales, también hablamos del acceso a bienes primarios esenciales (...) por eso la Corte ha hablado del derecho a la vivienda”, del derecho “a las prestaciones de salud”, “al consumo”, “el derecho a la educación” y establecer si es “discriminatorio”.

Fiel a su estilo, Lorenzetti fue dejando grandes frases y grandes asuntos sembrados a medida que hablaba. “No hay estado de derecho vigente sin igualdad”, dijo. “El estado de derecho debe promover la diversidad”, predicó. “Hay que admitir la pluralidad de modos de vida y de ideas”. Mencionó el derecho a “la autodeterminación”, el derecho “de criticar”. Sugestivamente, mientras hablaba de “fortalecer el debate público” sin “demonizar”, afirmó: “Necesitamos un cambio de paradigma en la gobernabilidad”.

Lorenzetti habla casi sin titubear. Lee poco y nada, mira al público. Acompaña su discurso con las manos y eleva el tono cuando quiere enfatizar una palabra. Lo hizo al hablar de “democracia”. “La Corte y todo el Poder Judicial deben respetar el funcionamiento democrático (...) pero el funcionamiento del sistema democrático también implica división de poderes, porque las mayorías pueden tomar decisiones que son inconstitucionales”, advirtió. Una afirmación similar hizo años previos, cada vez que quiso dejar en claro que el Poder Judicial les pone límites a los demás, y una vez más reivindicó la independencia de poderes. “Hay un límite –remarcó ayer– que es el de los derechos fundamentales (...) proteger los derechos del ciudadano común frente al Estado que lo puede afectar (...) el estado de derecho es el límite a los poderes estatales, a los poderes económicos y a todos aquellos que tienen por idea llevarse por delante los recursos naturales.”

Lorenzetti llamó a no retroceder en materia de “derechos fundamentales”. “Nunca menos”, dijo evocando a Néstor Kirchner. Dijo que la Corte sigue sosteniendo los juicios de lesa humanidad como “política de Estado” y “si hay alguien que piensa que esto va a cambiar está equivocado”. Para “ver cómo hacemos para terminar estos juicios guiados por el principio del debido proceso” anunció que volverá a convocar a una comisión interpoderes. Al final, señaló que la agenda pública debería incluir “los derechos ambientales”, que son su especialidad. Lo explicó como una cuestión bien mundana, tangible para cualquiera: “Sin darnos cuenta hemos comenzado a tenerle miedo a las tormentas (...) si una ciudad se inunda, y las inundaciones son cada vez más frecuentes, en 24 horas volvemos a la edad de piedra. Podemos no tener luz, ni servicios ni medicamentos. Llega la noche y la ciudad está oscura y no hay control social. Nos parece que la cuestión ambiental es esencial para que podamos tener un futuro”, señaló. Según Lorenzetti, es “la principal litigiosidad en la Argentina”, o sea, juicios derivados de asuntos ambientales o de disputas por recursos naturales.

Así, con un intento de marcar agenda, judicial y política, sin palabras de confrontación hacia el Gobierno u otros poderes, ni grandes reclamos, evitando referencias a las reformas de los códigos que están en plena discusión, Lorenzetti inauguró “el año judicial”. Trató de dejar, una vez más, el sello de una Corte con juego propio.