Un buen número de funcionarios, jueces y fiscales se congregó ayer en el cuarto piso de Tribunales.
Imagen: DyN.

En el tumulto de jueces que se armó después del discurso de Ricardo Lorenzetti, en el hall del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde las voces y los pasos retumban, el debate del anteproyecto para reformar el Código Penal era tema casi excluyente. Lo notable es que jueces de un amplio espectro ideológico consultados por Página/12 alientan la reforma, la creen necesaria, dicen que el Código actual es disparatado, que ni ellos saben cómo aplicarlo a veces. Plantean –sí– algún puñado de críticas que preferirían que fueran debatidas por expertos y la mayoría cuestiona el modo en que Sergio Massa instaló la discusión, con frases hechas que apelan al miedo y la sensación de que todo está armado para favorecer la delincuencia. Nadie cree que mayores penas garanticen menos delitos.

“Para los jueces, una reforma al Código Penal, que lo ordene y sistematice las penas y la gravedad de los delitos, es clave. El Código de 1921 sufrió 900 reformas parciales. Desde el endurecimiento de penas de las leyes Blumberg en 2004 se generó un caos que no trajo ningún bienestar. En dictadura un robo con armas tenía una pena de 5 a 15 años, luego en 2004 pasó a tener de seis años y ocho meses a veinte. ¿De qué sirvió el aumento indiscriminado de penas? De nada”, reflexiona Diego Barroetaveña, juez del Tribunal Oral 21, referente del oficialismo de la Asociación de Magistrados y uno de los firmantes –el año pasado– de los planteos de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Barroetaveña sostiene que el máximo de penas que el anteproyecto fija en treinta años “se adecua al Estatuto de Roma” y acuerda con que la comisión reformadora haya “tenido en cuenta que el bien más preciado es la vida” y se vuelva a la lógica de que un homicidio, por ejemplo, prevea entonces un castigo mayor que los secuestros extorsivos. Tampoco cuestiona las penas alternativas ni la eliminación de la llamada reincidencia. Sus dudas apuntan a otra cuestión: “Tal vez el tramo final de un gobierno no sea un buen momento político para poner esto en debate, hubiera sido más fácil años atrás, pero el tiempo dirá”.

Ariel Lijo, juez federal, conocido en estos días porque tiene a cargo el caso Ciccone, planteó que “cualquier proceso que tienda a reunificar la legislación penal es una buena noticia, porque llevamos décadas de decodificación, casi todas las leyes tienen una sanción penal, sería bueno que esté todo unificado”. “El Código es una garantía en sí mismo para la gente, por eso sería bueno que se sepa bien qué es lo que está prohibido. Hoy está difuso”, advirtió Lijo. Cuestionó a su vez el modo en que se ha planteado el debate, después del discurso de la Presidenta en la Asamblea Legislativa, el sábado último. “El debate que no respeta las cuestiones técnicas, como es legislación penal, debe darse en un marco técnico, con contenido técnico, el recurso a lugares comunes o frases hechas del idioma vulgar, como hablar de la puerta giratoria, conspiran contra un debate constructivo. Expresiones como la puerta giratoria. Nadie logró demostrar la relación entre la amenaza de pena y la reducción de los niveles de criminalidad, por eso el debate pasa por otro lado”, planteó.

Según el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, hace falta una reforma del Código, “nadie está en desacuerdo”, “es noble que se le haya encomendado la redacción a una comisión multipartidaria”, y es clave “la inclusión de nuevos delitos”, entre los que señala el genocidio, los delitos económicos, el contrabando, los delitos de propiedad intelectual, los ambientales, entre otros. A su entender la discusión por los montos de las penas es inconducente y “no hay que confundirla con la cuestión de la excarcelación, como se pretende hacer”. “El asunto es cómo aplican los jueces los montos de las penas. Además, hoy por hoy, aun con un delito de pena baja se puede negar una excarcelación si existe riesgo de fuga”, señaló. Borinsky acuerda con todos los ejes del anteproyecto, excepto con la eliminación de la declaración de reincidencia. “Es un modo de cumplimiento de la pena, que determina cuánto tiempo debe ser efectiva; se aplica sólo a quien tras cumplir una condena efectiva vuelve a ser condenado. Ahí tiene que cumplirla entera. No lo veo como algo estigmatizante. Estar un solo día en la cárcel es de por sí estigmatizante”, dijo.

“Así como está ahora, el Código Penal es antidemocrático, no permite saber cuáles son las reglas de juego. El Código es un sistema y debe ser razonable. Su reforma es un avance importante”, sostuvo la camarista María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima. Sobre las críticas a los montos de las penas, dijo que “cuando la gente va a cometer un delito no piensa qué pena le va a tocar; luego, cuando los montos de las penas son razonables, su cumplimiento es factible; la amenaza de cumplimiento efectivo de una pena, incluso con penas alternativas, es mucho más efectiva”, explicó. Garrigós señaló, además, que “no se puede sancionar un Código Penal en función de una iniciativa popular” como la que promueve Massa juntando firmas.

Otro juez federal, Sebastián Casanello, acuerda con la reformulación de lo que considera un Código “asistemático y en ocasiones autocontradictorio”. A su entender, los conceptos del anteproyecto no son a favor de la delincuencia, sino que buscan “recuperar el sentido y la utilidad de las penas, aun las pequeñas, que son las más abundantes”. La propuesta de la comisión, rescata Casanello, “contempla un abanico muy importante de posibilidades a la hora de alcanzar la resocialización de aquel que cometió un delito”. “La realidad actual deja a los magistrados en el dilema de escoger entre penas cortas de prisión o dejarlas en suspenso. Pero como existe un consenso en que las condiciones actuales de detención implican destrucción de la personalidad y enseñanza del delito, siempre se escoge esto último. Visto así, el proyecto recuperaría la utilidad de la pena, porque prevé un número amplio de alternativas a la prisión”, analiza. También destaca aspectos del texto, donde aumenta la severidad: impide la prescripción para quienes están en rebeldía y “pasa a contemplar el pedido de extradición como un acto que hace que se vuelvan a contar los plazos de prescripción”. “Hoy basta tomarse el buque y no aparecer más por unos años para librarse de un proceso penal”, grafica.

El juez de la Corte de Santa Fe Daniel Erbetta lamenta que se haya instalado “un debate tan poco serio, no corresponde reducir la discusión de toda la legislación penal a un eslogan sobre las penas” y con “comentarios inexactos de gente que no sabe ni qué es la reincidencia”. Pidió “desenmascarar la forma en que se ha instalado la polémica” y recordó que “en este anteproyecto ha trabajado una comisión plural con miembros de partidos con representación parlamentaria, que no se puede descalificar linealmente”. “Tenemos una larga y triste experiencia de lo que es la manipulación política de la ley penal con fines electorales –advirtió el juez–. Es fácil manipular el miedo y los sentimientos de la gente. Ahora hay que esperar que se publique el texto, que sin dudas que va a marcar diferencia respecto de la legislación actual, que es insostenible. Los jueces no saben hoy cuál es la pena máxima de prisión. Es unánime que hace falta una reforma profunda, es unánime.”