En su embestida contra la vieja estructura del PAMI, el Gobierno puso ayer la lupa sobre la delegación Rosario, donde los representantes de la intervención fueron blanco de presiones y amenazas de muerte. Los hechos no hicieron otra cosa que volver la mirada oficial hacia prestadoras, representantes gremiales del organismo y el juez federal Omar Digerónimo, sobre quienes deposita las responsabilidades del cúmulo de irregularidades hasta ahora detectadas.
La gravedad de los episodios obligaron al interventor del PAMI, Juan González Gaviola, a impulsar una conferencia de prensa con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz. Juntos mencionaron la existencia de una “red mafiosa” que busca impedir cambios de fondo en la sede rosarina de la obra social de los jubilados.
A esa red adjudicaron las intimaciones físicas a Silvia Comba, hasta hace unos días a cargo de la intervención del Policlínico local. Y también los “aprietes” a los abogados Juan Pablo Orquera y Gerardo Giampieri. Ambos funcionarios de la Unidad de Gestión local fueron amenazados telefónicamente y a través de pintadas –en los frentes de sus domicilios y del colegio de sus hijos– que decían “Orquera coimero” y “Giampieri, ladrón del PAMI”. El Gobierno pidió protección policial para ellos.
“Mi domicilio particular no lo había informado expresamente. La lógica indica que lo que hicieron fue decirme ‘sabemos dónde vivís, sabemos dónde están tus hijos’”, dijo Orquera. “Es concomitante la consumación de la amenaza con que en esta semana el cruzamiento de datos empezó a dar sus frutos”, agregó.
Uno de los informes que produjo un cimbronazo en Rosario fue el que califica como “perjudicial” el acuerdo subscrito con el Sanatorio Plaza, ya que “aumenta” el precio y “limita el menú prestacional”. Un cuadro comparativo, elaborado por los auditores que, no sin dificultades, lograron hacer su trabajo en ese centro asistencial, es elocuente.
Por una tomografía se le cobra al PAMI 240 pesos, cuando el valor de esa misma práctica por el nomenclador nacional es de 55,93 pesos. O sea, hay una diferencia de 329,11 por ciento. Las brechas también son llamativas en otras prácticas médicas, como la resonancia magnética (92 por ciento) o la senografía (49,69). Hay otros datos que llamaron la atención de ese sanatorio. Por ejemplo, que el PAMI debe pagar inmediatamente después de otorgarse el turno al afiliado y no tras la consulta médica.
“De un análisis global surge que el gasto prestacional de los policlínicos (excluyendo gastos en personal y armotizaciones) es del orden de los 27 pesos por afiliado, cifra significativamente mayor a la abonada por el instituto al prestador capitado de la zona, que es de 19 pesos”, concluyó la auditoría. Gaviola profundizó esa brecha a la hora de hablar de números finales. “Lo cierto es que la cápita de 19 pesos de cualquier distrito en Rosario se va a 60”, dijo a Página/12. El interventor buscó otra manera de realizar el parangón. Por ejemplo, que en los 205 mil afiliados rosarinos se va el 15 por ciento del gasto del PAMI, pese a que ese número representa a sólo el 6 por ciento del padrón.
Las irregularidades ya fueron materia de denuncia. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), durante la gestión del actual canciller Rafael Bielsa, realizó una exhaustiva investigación sobre el tema (muchos vincularon ese trabajo con el atentado que sufrió su padre). Y el juez Digerónimo estuvo a cargo de un importante número de causas, pero una tras otra las fue desestimando.
Por eso ayer, Beliz hizo foco sobre el letrado. “Tuvo a su cargo diferentes investigaciones que no han llegado a buen puerto y que han permitido, por el contrario, eludir la rendición de cuentas de varios implicados”, cuestionó antes de encomendar al representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura “evaluar el nivel de eficacia y transparencia” de la actuación del juez.
La Oficina Anticorrupción tomará cartas para investigar los “circuitos de mafia organizada” que ayer denunciaron Gaviola y Beliz. Pero no será el único organismo que se involucrará en el tema. Se creará, además, una Unidad Fiscal de Investigación para ocuparse específicamente de los delitos vinculados con el PAMI. La Procuración General de la Nación ya había impulsado otras UFI para hurgar irregularidades en los sonados casos de la Mafia del Oro, la Anses y el Plan Jefas y Jefes de Hogar.
Además del juez y algunas prestadoras, hay fuertes sospechas sobre dos empleados del PAMI, que se dicen representantes de ATE por la CGT de Hugo Moyano. Son Claudia Indiviglia y Raúl Praino. Ella trabaja como encargada en uno de los policlínicos del instituto; él, como chofer de ambulancias.
En la intervención no entienden cómo la mujer pudo haber pagado un generoso aviso, con su firma, en el diario Crónica y haber movilizado, para una protesta, a reconocidos integrantes de la barra brava de Rosario Central.
En torno de Gaviola también abren fuertes sospechas sobre la relación que existiría entre Praino y el juez Digerónimo, a través del estudio Garay. Indiviglia y Praino tienen una respuesta a mano: dicen que todo es parte de una “persecución política” en su contra y la de todos aquellos hombres del PAMI vinculados al gobernador Carlos Reutemann.