Cuando hay enfrentamiento político fuerte, como el que vive Argentina hace ya tiempo y siendo que esa tirantez se expresa sobre todo en los medios de comunicación, lo que desciende de un lado nunca tiene que ser una baja completa: debe mantenerse la ofensiva de alguna manera.

En estos últimos días hubo dos temas centrales. Primero es el conflicto, serio, en la paritaria docente nacional. La oferta gubernamental y las aspiraciones salariales de los sindicatos están lejos. Y se le suma que no sólo hay en danza el porcentaje de aumento, sino su carácter constitutivo. Presentismo sí o no como recompensa; forma de estimarlo con justeza, en un esquema de dispersión salarial balcanizado gracias al inolvidable menemato que dejó a la Nación sin escuelas ni hospitales; especulaciones electorales de los distritos, según sea que estén en manos oficialistas u opositoras. Una mirada pretenciosamente objetiva diría que hay “durezas”, altamente polémicas, de ambas partes. El Gobierno arrancó con una propuesta insostenible en cuanto al monto ofrecido, después lo subió, aunque en unas cómodas cuotas que terminarían en junio del año que viene (lo cual tampoco es muy serio que digamos). Y los sindicatos remiten la paritaria al único criterio del sueldo, derivando hacia otras instancias de discusión ítem que enojan a la sociedad con el gremio docente. Entre ellos y a la cabeza, los abusos en licencias y ausencias que –por favor– están muy lejos de ser una característica exclusiva de maestros y profesores. Sin embargo, está claro que hasta aquí hay vocación de diálogo y que nadie quiere terminar de pudrirla. El propio periodismo opositor, en su construcción de sentido para la clase media, trabaja el conflicto echándole la culpa al Gobierno porque, al no arreglar de primera movida o en plazos razonables, deja a los padres con problemas para saber qué hacer con los pibes si las clases no empiezan o los paros serán recurrentes. Pero no le da para ignorar que jamás hubo una escalada de inversión presupuestaria y recomposición salarial como la de esta etapa, sin que esto signifique que los docentes están bien pagos. Son comparaciones. Los gremios lo saben y reconocen, y de allí la disposición a continuar negociando y la improbabilidad de que el oficialismo sea atacado a diestra y siniestra por ese costado. La oposición también lo admite, de forma que no es por ahí donde resulta mejor sostener embestidas. Ergo, apareció como agenda que la reforma del Código Penal es un mamarracho indefendible.

El juez Eugenio Zaffaroni, quien presidió la comisión redactora del anteproyecto, se mostró ofendido y difamado –y extendió esa sensación a sus pares del cuerpo– en la destacable entrevista que la periodista Irina Hauser le realizó para Página/12, publicada el miércoles pasado. Y ayer se abundó en igual dirección, no sólo en este medio. Desde ya, mucho más que el estado de ánimo del juez cuentan las razones técnicas, demoledoras, con que contesta, uno por uno, todos los cuestionamientos insolentes que el alcalde de Tigre, algunos radicales, Eduardo Duhalde y las cohortes mediáticas desplegaron sobre el tema. Vaya una rápida síntesis para ilustrar. Se dispara contra la cantidad de delitos excarcelables, cuando la prisión preventiva y las excarcelaciones son aspectos que regulan los códigos procesales de las provincias. No el Código Penal. Los delitos de orden común los juzgan las Justicias provinciales, no la federal. Massa propuso juntar firmas o hacer una consulta popular para frenar el proyecto, y el último párrafo del artículo 39 de la Constitución establece que están prohibidas las iniciativas populares en materia penal. Se critica que en el anteproyecto no hay prisión perpetua posible sino un tope de 30 años, que es “el límite que responde más o menos a la mejor legislación comparada del mundo civilizado”. La pena de reclusión perpetua, que en Argentina debe entenderse como “prisión” desde la ley de adecuación del estatuto de Roma, desapareció en los hechos desde 1958. No se evapora ningún registro de reincidencia. Lo que desaparece es justamente la libertad condicional, que suelta al preso “para que no se lo vea más porque sólo tiene que ir a firmar una vez por mes”, y se la reemplaza por penas sustitutivas convenientemente controladas. Y lo único que tiene el texto de “revolucionario” es que suplanta al caos total vigente porque, en sí mismo, es en realidad conservador, ¡dice el propio Zaffaroni. ¿Cuánto nivel de impudicia se necesita para desconocer tan brutalmente materias legales y transformar eso en el brulote de que nadie va a ir preso? Como también dice el juez de la Corte, el hombre común que oye las barbaridades que se dicen piensa que cualquier sujeto que mató a toda la familia será indagado y mandado a la casa mientras se hace el proceso. El “ciudadano zapatero” que lo registra tiene todo el derecho a creer que se juntaron a modificar el Código Penal “cinco dementes irresponsables”, de proveniencia ideológica plural, incluida la mismísima derecha a través de Federico Pinedo, diputado nacional del PRO que también debió salir a retrucar los disparates de Massa y compañía (para luego, eso sí, quedar desautorizado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal; le aprobaron formar parte de la comisión evaluadora de un asunto que atañe a la mentadísima inseguridad, y de pronto se les ocurre que no es momento para abordar la cuestión).

Hacia fines de mayo del año pasado, días después de la advertencia editorial de un periodista de La Nación –sin precisiones de índole alguna– acerca de que el Gobierno se aprestaba a intervenir al Grupo Clarín, el escritor William Scholl publicó en su Facebook un relato paródico sobre las operaciones de prensa a partir de noticias falsas. Muchos lo recordarán, porque fue todo un suceso en las redes y más allá también. Scholl utilizó la figura del ornitorrinco, mamífero de lejanas tierras que no habita la nuestra. Se valió de la información apócrifa real, sirva la figura. Y desde allí tejió un encadenamiento en el que lo inverosímil avanza hacia lo ridículo, pero concretando la impresión buscada: la parodia es tan obvia como la certeza de que sus graderíos son más o menos del mismo modo efectivamente, respecto de la impunidad con que suele manejarse cierto periodismo. En la noche del domingo de la falsedad noticiosa, acerca de que el Gobierno tendría listo un plan para eliminar a todos los ornitorrincos de Argentina, un monologuista televisivo ruega a sus consumidores que hagan algo para parar el exterminio, y que no lo hagan por él, sino por los ornitorrincos. Al otro día, el diario del grupo involucrado titula que hay una feroz embestida gubernamental contra los ornitorrincos. Con amenaza de extinción incluida. Y sigue con una serie de periodistas y dirigentes políticos, quienes se suman al delirio parido por el invento de base, llegando a una ONG con sede en Washington que llama a parar la matanza de la dictadura argentina. Todo termina a la semana siguiente, con el editorialista original diciendo que un funcionario del Gobierno, al que tampoco identifica, confesó la decisión de dar marcha atrás con la masacre de ornitorrincos, gracias a la determinación de la prensa independiente.

Si en su momento no lo leyeron, estimados lectores, háganlo porque es formidable la similitud entre haber artificiado que se pensaba intervenir a Clarín, el invento de que habrá un nuevo Código Penal capaz de convertir al país en una orgía delincuencial sin precedentes y las bolas de nieve armadas alrededor de ambas manipulaciones. Sin embargo, y nobleza obliga, en algún sentido esto es peor que aquello porque el invento de que se pensaba entrar a Clarín manu militari, o muy poco menos, arrancó en una operación periodístico-corporativa que contó con el apoyo dirigencial opositor. Ahora, en cambio, la alucinación operada nace en la dirigencia política, o concretamente en la necesidad de Massa de ganar espacio desde la demagogia del falso sentido común. Podrá decirse que en el fondo de los fondos es lo mismo y podríamos estar de acuerdo, pero hay ciertas diferencias que, tal vez, no sean tan sutiles. Una cosa serían medios de comunicación privados que juegan a sus intereses para que, de última, los clientes “compren” o no de acuerdo con la escala de valores que manejan. Y otra cosa vendrían a ser dirigentes partidarios –con aspiraciones presidenciales, para más– capaces de fabular desde una ignorancia explícita y/o maniobrada a sabiendas. ¿Es lo mismo la responsabilidad política y social exigible a un Magnetto –para el punto, o pongámosle– que la requerida en torno de un o unos dirigentes aspirantes a conducir la dichosa República? ¿Son lo mismo un “particular” fantasioso u operador, periodista o medio, por más poderoso que fuere, y un candidato a representar mayorías o minorías populares que no tiene idea de la Constitución nacional, ni de un borrador de proyecto de ley consensuado por especialistas? También, nobleza obliga, el artículo del colega Ignacio Miri, en Clarín del jueves, admite que este año habremos de acostumbrarnos a que las leyes, antes de escribirse, traerán consigo que gente como Massa, “sin pergaminos conocidos en el análisis jurídico pero con un olfato político que le reconocen hasta sus adversarios”, se dé cuenta de las oportunidades servidas. Lo único que le preocupa a Massa, dice directamente Miri para agregar al intendente de Tigre confesando en la intimidad que le “dejaron el hueco”, es no habilitarle la iniciativa al kirchnerismo, aunque en la confección de la reforma del Código Penal hayan intervenido “prestigiosos expertos”. La Gran Carrió, lo denomina asimismo el colega. No importa o no sé pero me opongo, con cuanta más virulencia mejor.

En resumidas cuentas: si el dólar quedó planchado y las catástrofes anunciadas no se produjeron, mejor que vuelva la masacre de ornitorrincos.