Por Eduardo Tagliaferro
y Felipe Yapur

“No lo dude, el Senado va a votar la destitución de Eduardo Moliné O’Connor”, confía a este diario un destacado legislador del oficialismo. El punteo de los hombres del PJ dice que, cuando llegue el momento de votar la destitución contra el magistrado, a lo sumo serán ocho los senadores que se opongan. También contarían con los votos necesarios los proyectos para anular las leyes de impunidad. Claro que el éxito que tendría el Gobierno lejos está de marcar la identificación de la bancada con las posiciones oficiales. “Para la mayoría del bloque la anulación de estas leyes es un hecho meramente declarativo, se la va a apoyar para no producirle un traspié a un gobierno peronista”, dijo a Página/12 uno de los tantos legisladores que participó de la reunión de la bancada justicialista en la que se analizó el comportamiento que la semana pasada asumirán los senadores del peronismo.
Durante la mañana, diputados de la Comisión de Juicio Político se reunieron junto a influyentes senadores del PJ. El encuentro fue corto y expeditivo. Realizaron un rápido recuento de los votos que contarían primero para la suspensión del supremo. Concluyeron que hay suficientes como para concretarlo y estimaron que esto sucedería hacia fines de setiembre. “Si la suspensión está asegurada, entonces la destitución no será un problema”. La próxima semana, los miembros de la Cámara alta recibirán la acusación y designarán al titular del tribunal. Seguramente será el vicepresidente Daniel Scioli.
“La ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se va a votar la semana que viene”, asegura a Página/12 otro de los parlamentarios del oficialismo. La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida difícilmente llegue al recinto la semana próxima. La diferencia entre una y otra radica en el hecho de que el bloque se autocomprometió a no llevar al plenario ningún proyecto que no tenga despacho de comisión.
En el caso del Tratado, la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el riojano Eduardo Menem ya emitió un despacho favorable para darle rango constitucional a la Convención redactada por Naciones Unidas en 1968. Si la anulación de las leyes obtuviera dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, también podría llegar el próximo miércoles al pleno del cuerpo. Algo que por el momento no parece probable.
“Fue una reunión de catarsis”, comenta a este diario un senador del oficialismo refiriéndose a la reunión de la bancada. Muchos de ellos manifestaron su preocupación por la anulación de las leyes, algunos incluso llegaron a mofarse del actual escenario político diciendo: “Estoy volviendo a mi juventud”. La mención daba cuenta del temor en algunos legisladores peronistas por lo que califican como una “fuerte actitud antimilitarista”.
Por cierto auguran que la catarsis continuará durante algunos días más, quizás semanas. Aquí aprovechan para criticar al Gobierno por lo que define como deficiente relación con los parlamentarios del peronismo. “La comunicación con el bloque es militar. El Gobierno considera que le alcanza con hablar con los jefes de la bancada”, rezonga un senador que ha sobrevivido a varias administraciones. Este parece por cierto el punto que por el momento unifica a la mayoría de los peronistas en la Cámara alta. Se quejan de no tener conocimiento profundo de los deseos del Gobierno en la mayoría de los proyectos que llegan a sus manos.
Otro parlamentario va más allá y comenta a este diario que recibió la visita de un importante diputado para pedirle que no de su aval a la anulación de las leyes. “Si ustedes las votaron, nosotros lo vamos a hacercon las dos manos”, contestó el legislador. Remarcó con las dos manos. La frase llevaba implícito el gesto de pasar el problema a la Rosada.