El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se puso ayer a sí mismo como ejemplo de que se puede estar a favor de las penas duras “en los delitos más graves” y aun así sostener que “es necesario” que “se debata un Código (Penal)” porque el vigente “es de 1921” y “tuvo alrededor de 900 reformas que afectaron su coherencia y la proporcionalidad de las penas”. Scioli pidió “no simplificar” la discusión. El tema no paró de multiplicar el debate y las opiniones pasionales ni durante el fin de semana. Entre quienes alientan el anteproyecto (y su debate en profundidad) presentado al Poder Ejecutivo por una comisión de juristas de origen multipartidario se sumaron el coordinador de ese equipo, Roberto Carlés; los diputados Diana Conti y Mario Oporto, la camarista y titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori; y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Hablaron de la calidad de la discusión, la relación entre el Código y la prevención del delito, la (im)pertinencia de una consulta o una iniciativa popular, las falacias e inexactitudes del discurso massista.

Scioli dijo que su posición es que “hay que ser cada vez más riguroso con los narcotraficantes y con los que no tienen armas declaradas o sin permiso de portación” y recordó que en territorio bonaerense impulsó la limitación “de las excarcelaciones a los delincuentes peligrosos”.

“Sin armas no hay muertes, entraderas, secuestros, robos”, aseguró el mandatario. “Ahora, por el hecho de que yo tenga esta posición, ¿qué hacemos? ¿No damos un debate de un código que tiene cien años?”, planteó. “No atemoricemos a la gente, algunos han simplificado el debate”, aludió a Massa sin nombrarlo. Señaló que “no hay que disminuir” las penas “de delitos graves”, pero a la vez destacó que el anteproyecto agrava penas (un 58 por ciento) e incluye nuevos delitos. El vicegobernador Gabriel Mariotto también pidió “no obstaculizar el debate en función de defender los intereses corporativos”.

La diputada Conti acusó a Ma-ssa de haber “tratado de escandalizar, de asustar a la sociedad y llevar agua para su molino” en lo que describió como “un hecho demagógico y de mala política”. A su entender, hablar de la “puerta giratoria” (para facilitar la salida de prisión de quienes están imputados de algún delito) es “banalizar un debate que debería ser serio”. Conti explicó que no es el Código Penal lo que sirve para disuadir o disminuir el delito. “El Código Penal se aplica después de que un delito ya se cometió. Si en su aplicación la Justicia es lenta y concede y concede excarcelaciones (...) si el delincuente, por más que tenga penas enormes, sabe que no lo van a agarrar nunca, que cuando lo juzguen van a tardar veinte años, que va a estar siempre libre y que si está libre se fuga, que nunca va a ser alcanzado por las rejas, la pena no sirve como disuasiva ni para él ni para otro delincuente”, señaló Conti para explicar por qué reclama una reforma judicial amplia, incluso de los procedimientos. La diputada sostuvo que “si nos ponemos racionales y serios podemos llegar a un buen producto final”.

Otro diputado del Frente para la Victoria, Mario Oporto, dijo que Massa sólo busca “confundir” con una “gran pobreza de argumentos” para “salir en los diarios”. Oporto señaló falta de “consistencia” en las “intervenciones” de Massa, y como ejemplo recordó que “llamar a un plebiscito” en esta instancia de la discusión, donde se discute un anteproyecto”, no está contemplado por la Constitución. “Primó la política como marketing”, definió el ex director de Cultura y Educación bonaerense. Roberto Carlés, quien coordinó la comisión de juristas que redactó el anteproyecto para reformar el Código, evaluó que “a diferencia de Carlos Ruckauf y de Juan Carlos Blumberg, dos cultores de la mano dura con una opinión” al respecto, Massa “manipula directamente la opinión pública diciendo barbaridades”. “El proyecto no es lo que más me preocupa en este momento –dijo Carlés–. Es preocupante para la democracia, para el funcionamiento institucional, lo que ha pasado en la última semana. Estamos entregando el Estado de Derecho al marketing político.” El especialista señaló entre las afirmaciones falaces de Massa que, por ejemplo, si bien la definición de prisión perpetua se quita del texto del Código, nunca se aplicó como tal. “No hay prisión perpetua ni la hubo nunca”, “nadie pasa más de veinte años preso”, dijo. En el viejo texto de 1921 figura, explicó, “sólo para que no se incluyera la pena de muerte”. Como publicó Página/12 en su edición del domingo último, Carlés dejó en claro que la pena para la violación cuando las víctimas son menores de 13 años subió (de 15 a 18 años); y que el anteproyecto –además– precisa, a diferencia del Código actual, qué se puede entender por corrupción de menores, como exhibiciones obscenas y pornografía. Recordó a la vez que suben las penas de gran cantidad de delitos de corrupción, y que se incluyen multas, al margen del posible decomiso. Volvió a señalar que las excarcelaciones no se resuelven con el Código Penal, sino en función de los códigos procesales de cada jurisdicción. “Massa intenta instalar la idea de la puerta giratoria. Pero de lo que se olvida es de que la excarcelación rige para las personas procesadas, es decir para los imputados”, ilustró. Carlés se lamentó de que los miembros de la comisión reformadora tengan que estar corrigiendo todas las falacias e imprecisiones difundidas. “Tenemos el deber de tratar de elevar el nivel de debate y de no caer en la tentación de entrar en la lógica publicitaria que están tratando de imponer”, sostuvo.

La titular de Justicia Legítima, la camarista del Crimen María Laura Garrigós de Rébori, sostuvo que la comisión redactora del anteproyecto es “prestigiosa y nadie puede dudar de su honestidad” y dijo que tiene expectativas de que se apruebe una reforma. El endurecimiento de penas producto de las “leyes Blumberg”, señaló, “no sirvió para cambiar nada”. Y cuestionó algunas de las afirmaciones del ex intendente de Tigre. Recordó que la “reincidencia” como forma de agravar las penas fue declarada inconstitucional por algunos jueces y tribunales. Desmintió, además, que el 86 por ciento de los presos podrían cumplir la condena en sus hogares, cálculo que relativizó. Según su punto de vista, “las penas tienen que ser cortas, razonables, intensas y las personas tienen que estar sometidas a un control estatal estricto para que al terminar la condena se encuentre reinsertado a la sociedad y no como el sistema actual, que no resocializa ni controla nada”.