Roberto Cirilo Perdía y Fernando Hugo Vaca Narvaja, ex miembros de la Conducción Nacional de la organización Montoneros, fueron arrestados ayer por orden del juez federal Claudio Bonadío, quien además solicitó a España la captura de Mario Eduardo Firmenich. El magistrado no formula ningún cargo concreto ni termina de tipificar conductas, aunque describe hechos y desliza sospechas. Un funcionario de tribunales dijo a Página/12 con pedido de reserva de su nombre que Bonadío parece inclinarse por acusar a los tres procesados de “partícipes necesarios” de la desaparición de quince militantes que volvieron al país en el marco de la “contraofensiva”. Añadió que pudo haberse basado en la figura de “dolo eventual”, que significa que los acusados debieron representarse lo que iba a ocurrir si quienes se habían escapado de la dictadura regresaban para enfrentarse con los militares.
Aunque colaboradores del juez negaron que la medida estuviera destinada a equilibrar la balanza porque los represores están cada vez más cerca de ingresar o quedarse en la cárcel, los organismos de derechos humanos vivieron la noticia como un intento de reinstalar la teoría de los dos demonios.
Vaca Narvaja fue sorprendido mientras paseaba su perra. Perdía fue arrestado en su casa. Ambos fueron trasladados a la misma unidad en la que pasa sus días la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray y hoy declararán ante Bonadío. Firmenich vive en España pero su abogado, Guillermo Martínez Agüero, presentó un pedido de eximición de prisión en el que argumentó que el ex dirigente montonero fue indultado. Pero el perdón presidencial no se aplica a este caso, ya que aquí se lo acusa de haber contribuido al secuestro de sus propios compañeros, hecho por el que nunca antes había sido denunciado judicialmente.
Los líderes montoneros fueron detenidos en la misma causa en la que Bonadío arrestó, entre otros, a los ex jefes del Batallón de Inteligencia 601 Carlos Alberto Tepedino, Pascual Omar Guerrieri y Santiago Manuel Hoya; al fallecido dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y a Cristino Nicolaides.
“Me sorprende que un tema que venimos tratando desde hace tiempo se resuelva 48 horas después de que el Congreso declarara la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sobre todo porque, al transferir la complicidad de las muertes a la cúpula, se vuelve a la teoría de los dos demonios convirtiéndolo en uno solo”, aseguró a Página/12 Edgardo Binstock, esposo de la desaparecida Susana Pinus y querellante en la causa. Binstock afirmó que esperará a que hoy declaren Perdía y Vaca Narvaja y a saber si existen pruebas que sostengan la acusación de Bonadío. “Siempre que hay una derrota hay responsabilidades, pero eso es una discusión política. Los militantes que regresaron al país tampoco eran unos estúpidos. Si hubo un infiltrado es una cosa, pero acusar a toda la conducción implica a toda la organización”, agregó.
En el escrito con el que Bonadio ordenó los arrestos de Vaca Narvaja, Perdía y Firmenich, el juez describió cómo se llevó a cabo la llamada contraofensiva. Señaló que se inició entre fines de 1978 y principios de 1979 en un plenario presidido por Perdía, en el que se presentó a consideración de los participantes la propuesta de sumarse a la operación, que consistía en que militantes que estaban en el exterior regresaran al país para sumarse a la lucha contra la dictadura. La organización evaluaba que la ofensiva represiva había llegado a un tope y que una acción fuerte, podría ayudar a la caída de los militares. En 1979 entró a Argentina un primer grupo de personas, que en su gran mayoría desapareció. Al año siguiente, la dirigencia insistió con el planteo, lo que suscitó dos crisis que a su vez provocaron el alejamiento de varios militantes.
En base a las declaraciones testimoniales de, entre otros, el periodista Miguel Bonasso y Cristina Zu- cker, hermana del desaparecido Ricardo Zucker, documentos del Batallón 601 y comunicaciones desclasificadas del Gobierno de Estados Unidos, Bonadío reconstruyó los secuestros que se llevaron a cabo en 1980 y que son objeto de su investigación. El hecho abarca a quince personas: Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock, quienes fueron secuestrados en Río de Janeiro el 12 de marzo y luego traídos a la Argentina, y otros 13 militantes, que conformaban las tropas Especiales de Infantería (TEI) e ingresaron al país a principios de febrero de 1980, entre los que había dos menores de edad. Todos ellos fueron detenidos entre la segunda quincena de ese mes y la primera del siguiente.
Las desapariciones se iniciaron –según surge de los documentos del Batallón 601– cuando una de las víctimas fue a buscar material que la organización había dejado en un guardamuebles que estaba siendo vigilado por el Ejército. “Los integrantes de la Conducción Nacional no podían desconocer que la ‘operación guardamuebles’ era conocida por la inteligencia del gobierno militar, toda vez que eran plenamente conscientes de cuáles eran los métodos de obtención de información de los servicios de inteligencia del aparato represor ilegal estructurado por el Gobierno argentino de la época”, señaló Bonadío en su escrito. Para el juez, los líderes montoneros “sin duda siempre debían haber tomado todos los recaudos necesarios para que sus decisiones no fueran funcionales a la estructura ilegal de la represión”. Pero en este caso particular, dijo Bonadío, “se advierte una conducta lesiva de los mínimos valores jurídicos que hacen al establecimiento de una comunidad”.
Colaboradores del juez rechazaron la hipótesis de que estas detenciones tuvieran la intención de reflotar la teoría de los dos demonios o de perjudicar al Gobierno. Recordaron que cuando Bonadío ordenó el arresto de más de cuarenta represores, se especuló con que era una maniobra orquestada con el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, para apurar en la Corte Suprema la ratificación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Dijeron que se trata de una investigación sobre un hecho puntual, que no se esperan nuevas detenciones y que no es un intento por realizar una revisión histórica de las agrupaciones armadas de los años ’70. Sin embargo, no pudieron evitar que, cerca del mediodía, se esparciera la falsa noticia de que Bonadío había ordenado el arresto de dos sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada.