Se cumplió un año del momento en que un grupo numeroso de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales decidimos agruparnos porque advertimos que nuestras respectivas asociaciones habían dejado de representarnos. Nos dimos cuenta de que sólo se dedicaban a defender intereses propios, bajo el escudo del respeto a la Constitución, y que siempre tenían como referencia los problemas de los jueces con competencia en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, las propuestas que surgían de esos círculos de amigos nunca eran novedosas ni estaban destinadas a cambiar un estado de cosas que, como en Dinamarca, “olían mal”.

Ese numeroso conjunto reunido en la Biblioteca Nacional sabía por experiencias propias que los poderes judiciales no funcionan de consuno con las exigencias de una democracia republicana en serio, no la mediática. La mayor parte de nuestros jueces ha tenido mucho que ver con el manto de impunidad en juicios de lesa humanidad, en muchos casos por participación directa y en otros por complicidad. Además, muchos magistrados tienen una mentalidad homocéntrica que los sigue llevando a descreer de los casos en los que las mujeres son víctimas de delitos de género, o se niegan a seguir los protocolos de la Corte Suprema en los casos de abortos no punibles, retrasando la solución debida hasta hacerla inviable.

Por otra parte, muchos jueces son pasibles de ser encandilados por los faros mediáticos que los llevan a abusar de instituciones como el amparo o las medidas autosatisfactivas con las que favorecen a poderes concentrados, o, peor aún, alientan la rentable industria del juicio que enriquece a muchos abogados. Con esto se llevan la elogiosa primera plana de algunos diarios, las alabanzas de los colegios profesionales y por supuesto el aplauso de la corporación que los hacer creer jueces “independientes”.

Todo ello se potencia en tanto desde los estrados judiciales en general se tiene en cuenta a las partes que pueden hacer escuchar su voz y se deja en estado de cuasi indefensión a los que no lo logran por su estado de vulnerabilidad. Los trabajadores precarizados que tratan de vender al menudeo mercadería adulterada y se enfrentan a poderosos estudios, corresponsales de quienes defienden marcas internacionales; las víctimas de trata que son mal preguntadas en los debates o dejadas a merced de defensores poderosos que rápidamente las sacan de la cancha; los trabajadores que tratan de seguir con fábricas o comercios quebrados y abandonados por sus dueños; las poblaciones originarias que luchan infructuosamente contra monocultivadores de soja y grandes latifundistas; los consumidores adictos irrecuperables. Hay que dejar necesariamente a salvo la intervención en los juicios y debates del Ministerio Público de la Defensa, ejemplar en lo que toca a la defensa de los intereses de sus representados, ya que lo que aquí se intenta señalar es una característica general de los jueces corporativos, mediáticos y funcionales a los poderes dominantes.

Estos nunca proponen una investigación hacia arriba, hacia los lugares donde existe un lucro económico con estas actividades. Por ello jamás hay una condena a los financistas del negocio de la droga o de la trata. Los presos por estos delitos son consumidores, mulas, vendedores al menudeo, generalmente adictos. Siempre ganan las grandes empresas o los bancos, nunca los clientes, los maridos que se pueden pagar los mejores abogados para que sus mujeres queden en la calle para así conseguir la tenencia de sus hijos menores. Y la lista sigue.

Ese fue el motivo de la primera reunión, multitudinaria y caótica, en la Biblioteca Nacional, que después se replicó en La Plata, Tandil, Mar del Plata, Córdoba, Neuquén, Salta y tantos otros lugares donde estas preocupaciones podían salir a la luz. Y vaya que salieron, en forma tumultuosa, de reclamos comunitarios, de gente que necesitaba justicia y que no la encontraba en los magnos estrados donde la diosa de la balanza la inclina y observa a través de uno de sus ojos liberados de la venda.

Y claro, se tocaron intereses poderosos que no se arredran ante la existencia de los mejores jueces posibles designados en la Corte Suprema a partir del año 2003. Es muy difícil el acceso a ese tribunal y a los poderosos les alcanza con dominar a los magistrados de las instancias inferiores. El final de la ley de medios lo demuestra claramente.

Es cierto que el Poder Judicial no se democratizó como trabajosamente trata de hacerlo la sociedad civil. Es triste que los magistrados se oculten en sus fueros para resistir investigaciones que los tienen como sujetos, que recurran a espacios no judiciales para protegerse y se abracen a legisladores fogoneados por los medios o caigan directamente en sus brazos y salten de interponer recursos de amparo a camiones televisivos de exteriores o a lujosos salones legislativos (¿y la independencia judicial?).

También hemos visto con sorpresa que se da curso a denuncias disparatadas que provienen de conductores televisivos, que hay legisladores que denuncian en los estrados porque leen hechos absurdos en los diarios que luego no pueden ratificar. Y todo esto es celebrado, difundido, comentado por opinólogos enojados de rostro ceñudo que afirman que ha llegado o está al llegar el fin de la república.

Y por el contrario cuando algún magistrado medianamente lúcido advierte esas maniobras, inmediatamente algunos medios “denuncian” que “pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima”. Todos nosotros sabemos que cargamos con tal sambenito y consecuentemente asumimos la mochila ya que la lucha por conseguir que se cuele un poco de aire fresco dentro del vetusto sistema judicial no tendrá fin.

Hay muchos caminos para impulsar el cambio: a largo plazo la reforma de la enseñanza en las facultades públicas de derecho, que son las que contribuyen con su acriticismo a fomentar el desarrollo de las mentalidades funcionales a lo establecido. A mediano plazo, las reformas de los Códigos de fondo (pareciera que el Civil y Comercial ya está casi listo, el Penal, en proyecto avanzado) y de forma para instalar el procedimiento acusatorio en serio (que no es dar más poder a los fiscales como suelen decir los que no conocen el derecho) y alguna forma de juicio por jurados para que entre la ciudadanía a las salas de Justicia. A corto plazo, trabajar legislativamente para mejorar el sistema cautelar, que los jueces paguemos nuestros impuestos, que haya alguna suerte de participación popular en la designación y remoción (acelerando tiempos y con nuevas causales) de los magistrados.

En síntesis, cualquier Justicia para ser legítima tiene que ser democrática, olvidar el corporativismo, dejar de mirarse en los espejos de los medios y mantener una prudente distancia de los poderosos y sus múltiples encantamientos, auspicios, becas, viajes, honores y aplausos de compromiso.

* Juez de Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.