Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg

”El desprestigio de hoy puede ser el prestigio de mañana”, predica el constitucionalista Gregorio Badeni. Todavía cree que la imagen de los jueces ultramenemistas de la Corte Suprema Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López –a quienes patrocina– puede revertirse, aunque admite que en este momento es muy difícil reconstruir el lazo entre los magistrados investigados por el Congreso y la sociedad. El abogado habla en la sala de conferencias de su estudio de muebles clásicos. Sobre la pared, un reloj detenido marca las diez menos diez. Compenetrado con la defensa de los tres supremos, Badeni prepara su estrategia jurídica pero no la devela. Prefiere describir su tarea como una misión de resguardo institucional. “Si esta Corte hubiera sido adicta no la hubieran tocado”, asegura. Acusa al Gobierno de organizar los cacerolazos contra el máximo tribunal. Y anticipa que hoy su equipo intentará, con nuevas presentaciones, complicar la tarea de la Comisión de Juicio Político.
–¿Cuáles son los próximos pasos que dará este grupo de ministros, seguirán cuestionando a la comisión, como con la recusación a los diputados, o se concentrarán en las acusaciones?
–En realidad los jueces no hicieron una recusación sino que invitaron a ciertos diputados a que dejaran de intervenir en la comisión por ser abogados matriculados en el fuero federal. Los jueces quieren acceder a las copias de las denuncias que se les formularon porque es su legítimo derecho. Lo que ellos saben ahora es lo que se difundió a través de los medios. Les parece excelente que la comisión haya dado esa información a la prensa, pero también les parece razonable que satisfagan su derecho a la información. Por eso molesta un poco la actitud de la comisión de negarse a entregar copias de las denuncias.
–Pero la comisión se las dará para que hagan su descargo.
–La comisión dice que se les dará a conocer en su oportunidad y eso es desprolijo. Si un ciudadano tiene conocimiento de que se ha abierto una causa penal en la que estaría involucrado, aunque no fue citado a prestar declaración, es razonable que quiera saber de qué se trata.
–¿Los jueces se presentarían en la Comisión a hacer su descargo personalmente?
–No sabemos si va a haber un cargo, por lo tanto es prematuro hablar de descargos. Se va a solicitar que la comisión de Asuntos Constitucionales informe si la negativa a dar información vulnera derechos constitucionales. Y se va a hacer otra presentación ante la Comisión de Reglamento para que diga si es correcta la interpretación que hemos efectuado al pedir la inhibición de algunos diputados.
–¿Los jueces consideran que la Comisión se “excedió” en los pedidos relacionados a cuestiones administrativas y manejos internos del tribunal?
–Las peticiones que efectuó la comisión fueron sumamente desprolijas. Las primeras apuntaban a la remisión de fotocopias de sentencias de la Corte. El segundo grupo apuntó a que se mandaran fotocopias de los expedientes judiciales, y no se puede juzgar si una sentencia está bien o mal hecha sin los expedientes. La tercera ola de peticiones versa sobre aspectos de superintendencia. Todos los pedidos se van a contestar pero la respuesta de algunos se torna difícil. Habrá que afectar cuatro o cinco empleados para encontrar todos los datos. Además, todos esos pedidos de superintendencia debieron estar fundados sobre la base de alguna denuncia, no se pueden hacer en abstracto. Los jueces entienden que se debería indicar el motivo de los pedidos. De cualquier manera los van a contestar.
–Los diputados dicen que los jueces quieren judicializar el proceso, que es en realidad un juicio político.
–Estamos totalmente en desacuerdo. El juicio se llama político porque la razón que puede determinar la separación de los jueces es el mal desempeño en sus funciones, que tiene un matiz subjetivo muy particular. Pero el juicio político tiene que ajustarse a todas las reglas que se aplican a un proceso judicial. –¿Considera al desprestigio como una causa válida para la destitución?
–El desprestigio no es una causal válida, es algo que hace a la legitimidad y no a la legalidad. Si un juez aplica leyes que a los ciudadanos no les gustan pero que son constitucionales se va a desprestigiar ante la sociedad, pero su obligación es aplicar esa ley mientras el Congreso no la modifique. El desprestigio de hoy puede ser prestigio de mañana. El prestigio es un concepto social muy flexible. Un funcionario que hoy tiene en las encuestas un 70 por ciento de aceptación, en dos meses puede tener un diez por ciento, y eso no lo descalifica.
–¿Alguno de los tres ministros que usted defiende va a renunciar?
–Desde el momento que me pidieron que los asesorara hay una decisión firme de no renunciar.
–¿Es cierto que recibieron presiones para irse?
–Según me informaron sí. Y las siguen recibiendo permanentemente. En forma anónima, con llamados telefónicos a ellos y a su familia y el cacerolazo semanal.
–¿Qué opinan de los cacerolazos?
–Son una forma de expresar la disconformidad con la dirigencia política en general y un legítimo derecho. Pero hay ciertos cacerolazos que resultan un poco sugestivos, uno tiene la impresión que son organizados por un pequeño núcleo al cual después se adhiere mucha gente que lo toma como una manifestación espontánea. Lo que advierto es que felizmente tienden a disminuir. En un momento dado fue algo importante porque a través del cacerolazo se consiguió la renuncia de dos presidentes de la República. Estábamos estableciendo el Gobierno de la Cacerola, lo que para las instituciones republicanas sería un gravísimo riesgo.
–¿Los ministros cree que el cacerolazo a la Corte es inducido?
–Personalmente creo que el cacerolazo que se hace semanalmente a la Corte está inducido por el Gobierno. No sé que piensan los jueces. Hoy en día en Argentina se presenta una situación particular, cuando se conformó la primer Corte, en 1862, (Bartolomé) Mitre nombró cinco personas ajenas a su línea política, entre ellas incluso a Valentín Alsina que era su adversario político y no aceptó el cargo. Pero a partir de 1947 cuando se hizo el juicio masivo a la Corte suprema de Justicia, cada vez que asumió un gobierno constitucional o de facto lo primero que hizo fue cambiar a todos los integrantes de la Corte para designar personas que fueran afines a su pensamiento político. Hubo tres excepciones: (José María) Guido, (Arturo) Illia y (Fernando) De la Rúa, que respetó la Corte que recibió en 1999. Y esa Corte, hasta fines del año pasado convivió armónicamente con el órgano ejecutivo, en algunos casos convalidó sus decisiones y en otros las declaró inconstitucionales. Al mismo tiempo, tenemos un Congreso que delegó atribuciones legislativas al presidente (Eduardo) Duhalde sin ningún tipo de control. Podemos decir que la función legislativa se concentra en Duhalde, ya sea a través de la delegación o a través de la emisión de decretos. El Congreso no existe, lo único que le preocupa es el color de la bandera, si tiene que ser azul o celeste.
–También le importa la Corte.
–Si destruimos esta Corte vamos a tener un tribunal integrado por personas que en su mayoría van a tener una línea política similar a la de Duhalde, por lo tanto se va producir una verdadera concentración de los tres poderes en el presidente de la República y esto lo digo desde un punto de vista institucional, no como abogado. Aunque a muchos no les guste algunos integrantes de la Corte, en este momento son el único freno que tiene el presidente de la República. Estoy seguro que este juicio no se inicia para mejorar la Corte sino para cambiar a sus integrantes por gente que sea adicta al órgano ejecutivo de turno. Si esta Corte hubiera sido una Corte adicta no la hubieran tocado.
–¿No le parecen contradictorios los dos fallos de la Corte sobre el corralito?
–Hay que hacer distinción entre caso Kiper y caso Smith, el primero era una medida cautelar autónoma en donde se cuestionaba la validez del corralito de De la Rúa, que estaba en el límite de la constitucionalidad porque se podía movilizar el dinero y se aseguraba la intangibilidad del poder adquisitivo. Pero el corralito se transformó en una cárcel y se produjo una lesión al derecho de propiedad, que es un derecho humano.
–Pero en la propia Corte admitieron que era una respuesta al Gobierno porque había enojo por el avance del juicio político.
–Del fallo eso no resulta. Y si bien la esposa del presidente dijo que había que reemplazar a todos los jueces de la Corte, fue una manifestación de una señora que no tenía ningún cargo político.
–¿Piensa que hay alguna posibilidad de reconstruir la relación entre la Corte y la sociedad?
–En este momento es muy difícil hacerlo de forma inmediata. Además, del desprestigio del Poder Judicial tienen gran culpa el Ejecutivo y el Congreso. Siempre se ha dicho que los nombramientos de los jueces respondían a motivaciones políticas, lo cual en parte es cierto. Pero el grueso de los jueces está doce horas trabajando y cobra cifras que no tienen relación con la importancia del trabajo que desarrollan.
–¿Ayudaría si se establece la elección directa de los jueces?
–Sería un horror. Tendríamos jueces populistas que dictarían sentencias en función del cacerolazo de turno y ahí desaparece el estado de derecho, sacamos la constitución y ponemos la cacerola como símbolo nacional. La sociedad necesita descargar su rabia porque fue defraudada durante años y llegó un momento que explotó. Pero el ciudadano común no distingue entre el diputado, el presidente, el ministro y el juez. En definitiva hay un juicio político a todos los jueces de la Corte se repite el caso de 1946, se están utilizando argumentos de tipo político, como en 1946.