Tras diez días de paro en las escuelas públicas, la gobernación bonaerense decidió liquidar los sueldos docentes con el aumento del 21,9 por ciento ofrecido para marzo en la paritaria –es decir, la primera cuota de una recomposición anual del 30,9, que los maestros rechazan por insuficiente– y adelantó que en abril, cuando les lleguen con las planillas de asistencia, descontará los días no trabajados a los maestros que hayan adherido a la huelga. Así lo anunció el jefe del Gabinete sciolista, Alberto Pérez, mientras los inspectores del Ministerio de Trabajo recorrían colegios verificando el incumplimiento de la conciliación obligatoria. Tras el anuncio, los gremios rechazaron que la suba sea otorgada de manera unilateral e insistieron en el reclamo de un 35 por ciento. De esta manera, ratificaron el paro y hoy pondrán todas sus fuerzas en una marcha a la sede del gobierno provincial.

Al dar a conocer la medida, el jefe de Gabinete de Daniel Scioli evitó hablar de un aumento por decreto –la gobernación todavía no definió dar ese paso, que cerraría la paritaria–, pero sí aclaró que el jueves es la fecha límite para liquidar los sueldos, por lo que avanzarán “con las decisiones administrativas para que se puedan pagar con aumento”.

Al mismo tiempo, ratificó que mientras en las escuelas sigan sin empezar las clases, la provincia no llamará a los gremios a retomar la negociación salarial.

El aumento propuesto por el Ejecutivo consta de dos cuotas: el 21,9 en marzo, más un 9 por ciento en agosto. Los sindicatos no lo aceptaron porque sostienen que por el modo en que se compone el salario docente, ese 30,9 anual sería cobrado sólo por un sector. El porcentaje va disminuyendo a medida que se sube en la escala salarial y, según el cálculo de Suteba –el sindicato docente mayoritario de la provincia– y la FEB, sólo dos de cada diez maestros recibirían un aumento del 30,9, mientras que a ocho de cada diez les tocará un aumento de entre el 21 y el 23 por ciento.

El paro en la provincia sólo afecta a las escuelas estatales, porque los gremios del sector privado acataron la conciliación obligatoria dictada por la Nación el 5 de marzo, cuando todo el arco sindical docente coincidió en una huelga nacional. En las escuelas bonaerenses continuaron en el paro sólo el Frente Gremial (el Suteba y la FEB) y la Udocba (un sindicato de la CGT). El 11 de marzo, después de que los sindicatos rechazaron la oferta del 30,9, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación en su distrito, que los gremios no acataron. Desde entonces no hubo nuevas reuniones paritarias; la directora general de Educación, Nora de Lucía, planteó que sólo se retomará la negociación “con los chicos en las aulas”.

“Este es un paro salvaje, irresponsable, nunca visto: empezó la paritaria y los sindicatos lanzaron una huelga por tiempo indeterminado. Es algo que nunca había sucedido en la historia”, resumió ayer a Página/12 un funcionario del sciolismo para pintar el clima que había en la sede de la gobernación al momento de endurecer la posición oficial.

Sigue el paro

La primera reacción del Frente Gremial fue ratificar la continuidad del paro. Hoy, a partir de las diez de la mañana, los maestros harán una marcha a la sede de la gobernación, en la que pondrán todas las fichas. En el Suteba hablaban de reunir a 100 mil docentes de toda la provincia (por la densidad de la población, en el territorio bonaerense trabajan unos 300 mil docentes, el 45 por ciento de todos los del país). Cualquier decisión sobre flexibilizar el plan de lucha quedará para después de la movilización, que buscará ser una demostración de fuerzas sobre la legitimidad del plan de lucha.

La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Marta Petrocini, advirtió que la medida de liquidar los sueldos con los aumentos rechazados por los gremios es “un error político y acentuará la conflictividad”.

“Todo este tipo de declaraciones y demás lo que hace es sumar gente a la protesta”, anticipó.

Los dirigentes junto con la organización de la marcha dedicaron parte de la jornada de ayer a recorrer la Legislatura para argumentar contra la posibilidad de que se reglamente el derecho de huelga en las escuelas, una propuesta que lanzó la semana pasada el vicegobernador, Gabriel Mariotto. Si bien todavía no se presentó ningún proyecto de ley concreto, el tema se fue instalando en la agenda pública al calor del conflicto.

Delegaciones del Suteba y la FEB se reunieron con legisladores del bloque de diputados oficialistas, entre ellos su titular, Fernando “Chino” Navarro, y también con referentes radicales, a los que explicaron su rechazo a que la educación sea declarada un servicio esencial. Les dejaron además una carpeta con documentos, entre ellos el convenio firmado entre la Nación y la OIT en el que se define qué son servicios esenciales en términos de aquellos, cuya interrupción pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad. Para los gremios, la educación no puede ser puesta en esta categoría.

La postura del oficialismo es que la extensión de los paros vulnera el derecho de los niños a acceder a la educación pública y obligatoria. En el mismo sentido que Mariotto, ayer se expidió también el defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, que reclamó que la negociación salarial continúe, pero “con los niños en la escuela”.

“La prolongación del conflicto con las aulas vacías no hace más que vulnerar los derechos del colectivo representado por miles y miles de familias de escasos recursos que utilizan el sistema gratuito de educación y sufren las consecuencias negativas para sus recursos y derechos”, sostuvo el funcionario. Bonicatto llamó a las partes a concurrir –mañana a la mañana– a una audiencia de conciliación en su Defensoría. La gobernación confirmó que participarán de la audiencia tanto el jefe de Gabinete como la directora de Educación.

El paro, que entra hoy en su día once, mantiene a pesar de las crecientes tensiones una alta adhesión, aunque los dirigentes sindicales no niegan el desgaste que provoca sostener en el tiempo una medida de esta intensidad. En esta situación, y a pesar del endurecimiento de las posiciones, ni la gobernación ni los gremios daban anoche a la paritaria por agotada. En ese sentido, que no haya sido firmado el aumento por decreto deja una puerta abierta a la negociación, aunque todo indica que muy exigua. Tampoco ayuda la demora en la paritaria nacional, en la que todavía no fue acordado el piso salarial del sector, que funciona como sueldo testigo tanto para los ejecutivos provinciales como para las bases docentes.