En los pasillos de Comodoro Py, la palabra que circuló para definir lo que ocurrió ayer en el juicio por la represión del 20 de diciembre de 2001 fue “escándalo”. Escudado en “discrepancias éticas irreconciliables” con su colega Rodrigo Giménez Uriburu, el juez Javier Anzoátegui solicitó ser excusado del Tribunal Oral Federal Número 6. El pedido fue rechazado, pero el argumento de las “discrepancias éticas” logró golpear el funcionamiento del debate oral, suspenderlo e ingresarlo en un laberinto burocrático difícil de sortear. Las defensas se relamieron y avanzaron estratégicamente. Pese a que las querellas, con protagonismo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de los abogados Rodolfo Yanzón y Juan Carlos García Dietze, apostaron a la continuidad de la audiencia e insistieron en la decisión de rechazar el pedido de excusación de Anzoátegui, las defensas solicitaron explicaciones. Como no las hubo, la emprendieron para donde les convenía: pusieron el grito en el cielo por la “falta ética” denunciada y recusaron a Giménez Uriburu.

El proceso pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles, cuando un tribunal especialmente designado por la Cámara de Casación analice la situación de este magistrado y recomponga la integración del tribunal.

“Hay que emprolijar y ordenar este debate y eso es responsabilidad de los tribunales superiores”, consideró Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. Litvachky compartió con los abogados del organismo que representan a los familiares de las víctimas fatales de la represión de aquel 20 de diciembre de 2001 en el juicio, Rodrigo Borda y Maximiliano Medina, la preocupación por la situación en la que cayó el debate. “Lo que pasó en la audiencia nos genera muchísima preocupación porque el tribunal demostró que no está a la altura de las circunstancias, y propició y generó inconvenientes y trabas que siguen sosteniendo años de impunidad”, concluyó.

La jornada comenzó con definiciones del TOF respecto de cuestiones preliminares. Fue la discusión sobre el pedido de nulidad de la acusación por homicidio al ex policía Omar Bellante de parte de la querella del motoquero Gustavo Benedetto, una de las víctimas, el epicentro alrededor del que se habría desatado la pelea entre Anzoátegui y Giménez Uriburu. Ayer, los fundamentos respecto de este punto fueron leídos por separado. El presidente del TOF, José Martínez Sobrino, leyó las razones de Giménez Uriburu en rechazo, los que hizo suyos. Anzoátegui explicó las que sustentaron su voto a favor. Martínez Sobrino, luego, apuró las otras definiciones: rechazo a la prescripción de la acusación por lesiones planteada por las defensas del ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov y el entonces jefe policial Rubén Santos; rechazo también al pedido de apartamiento de Virgilio Loiácono, quien fue secretario de Legal y Técnica de Fernando de la Rúa y estuvo imputado en la causa, de la defensa de Santos.

Luego hubo un mínimo cuarto intermedio. Parecía que luego comenzaría, después de dos semanas, a declarar Mathov, quien ayer estuvo particularmente dispuesto a hacerlo. Pero no, porque fue entonces que Anzoátegui tiró su bomba: “Por discrepancias éticas irreconciliables entre Giménez Uriburu y yo y algunas actitudes de su parte que me generaron violencia moral, solicito mi excusación del tribunal”. Seguido, el presidente del TOF formalmente informó que el cuerpo rechazaba su pedido. Como casi nunca había sucedido, la deliberación de los jueces había quedado despojada bruscamente, aunque de manera incompleta, de su secreto.

Las defensas se aglomeraron de inmediato detrás de una sobreactuada postura: “sorpresa”, “preocupación”, “consternación”. Solicitaron al juez que pidió pista que revelara el contenido de las “discrepancias éticas” y que dijera por completo aquello que había revelado a medias. Borda, del CELS, y el fiscal Mauricio Viera, en una de sus contadas y mínimas participaciones durante la problemática audiencia, también exigieron saber de qué se trataba. Ambos, no obstante, solicitaron “trabajar en pos de la celeridad” del proceso oral. El juicio comenzó hace un mes, la ronda de testimonios está lejos. Otro cuarto intermedio en el que las acusaciones coincidieron en la “gravedad institucional” de lo que estaba ocurriendo. Las defensas, en tanto, festejaban. “Esto se está poniendo lindo”, se frotó las manos Loiácono.

El TOF decidió no revelar las razones de la disputa, aunque Anzoátegui, abriendo puertas y liberando caminos para que las defensas jugaran su juego, aseguró que no se negaría a “hablar en otras circunstancias”. Ante la duda, las defensas tomaron el conveniente rumbo de decir que las “discrepancias éticas” eran “posibles faltas de ética” de parte de Giménez Uriburu, a quien recusaron de viva voz por “temor de parcialidad”, algo que no integra la lista de causales reconocida en el Código Procesal Penal.

Anzoátegui se negó a opinar respecto de la situación de Giménez Uriburu. La Cámara de Casación deberá designar un tribunal para resolver si acepta o no la recusación. Sea como fuere, la bronca de las partes acusatorias está fundada porque en menos de dos horas el juicio quedó encerrado en el laberinto burocrático de la propia Justicia. Si la recusación es aceptada, el TOF 6 será completado con el juez sustituto Adrián Martín. Si es rechazada, el debate quedará en manos de los magistrados enfrentados. “El funcionamiento de este tribunal está favoreciendo un complicado desarrollo del juicio. Los que se siguen perjudicando con esta situación escandalosa son las víctimas, que esperan justicia desde hace doce años. Hoy es la misma Justicia las que les traba el camino”, concluyó Litvachky.