Si la causa sigue avanzando con este ritmo, Marcos Jacobo Levín podría convertirse en el primer empresario en sentarse en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El juez federal Julio Leonardo Bavio elevó a juicio el expediente en el que se lo investiga por haber instigado la persecución, detención irregular y torturas de Víctor Manuel Cobos, que trabajaba en su empresa de transportes La Veloz del Norte y era representante gremial de sus compañeros. Con el empresario están acusados los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Víctor Cardozo y Víctor Almirón. En caso de demorarse el armado del juicio por parte del tribunal oral, otro poderoso empresario podría quitarle el podio: el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, de complicada situación procesal.

Los policías Bocos y Cardozo están acusados como coautores materiales de torturas, en tanto a Almirón, que era jefe de la comisaría 4ª de Salta, se le atribuye participación primaria. En la resolución de elevación a juicio el juez rechazó un pedido de sobreseimiento realizado por la defensa oficial de Bocos, Cardozo y Almirón, y desestimó también un planteo del abogado René Gómez, que asiste a Levín.

A principios de 1977, los policías participaron en la detención de unos veinte empleados de La Veloz del Norte, que fueron trasladados a la comisaría 4ª de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención. Allí fueron torturados y obligados a firmar declaraciones en las que se responsabilizaban de un presunto fraude contra la empresa. Los fiscales Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila establecieron que ésa fue la manera en que Levín se valió de su estrecha relación con integrantes del aparato estatal represivo para acallar los reclamos de mejoras laborales y reivindicaciones de sus empleados. Entre los detenidos estaba Cobos, que integraba la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, y era delegado de los empleados de La Veloz en Salta. También fue secuestrado Enrique Vázquez, delegado de los empleados en Tucumán.

El juez Bavio sostuvo que el análisis de la responsabilidad de Bocos está vinculada con la de Levín porque “está fehacientemente acreditado que el uniformado cumplía funciones en la Policía de la Provincia de Salta, pero también trabajaba para la empresa La Veloz del Norte”. Esta relación era tan estrecha que varios empleados detenidos afirman haber escuchado la voz de Levín en la comisaría. “Levín usó como nexo para reprimir a sus empleados a Víctor Bocos”, que “a su vez era subjefe de la seccional cuarta de la Policía de la Provincia de Salta”. Para el magistrado, Bocos fue funcional a Levín con el objetivo de conseguir “confesiones” de sus empleados para despedirlos sin indemnización. En el expediente hay testimonios que señalan que Bocos dirigió las sesiones de tortura, y que Cardozo, Ramón Inecio Figueroa y el Sapo Toranzos (fallecido) eran los ejecutores. El jefe de personal de La Veloz, José Antonio Grueso, también estuvo imputado por estos hechos, obtuvo un sobreseimiento que fue revocado por la Cámara Federal y ahora el juez Bavio formó un expediente por separado. Los empleados identifican a Grueso como quien habría armado las listas de quienes eran problemáticos para la empresa. Y otra de las causas que debe ser activada es la investigación sobre los tormentos sufridos por quince trabajadores de La Veloz, que también fueron detenidos y torturados en la comisaría 4ª, algunos de ellos detenidos por la Brigada de Investigaciones de Tucumán y trasladados a Salta en un colectivo de La Veloz del Norte.

La confirmación del caso Levín había sucedido en abril y el gran cuestionamiento de la fiscalía en aquel momento era que la resolución dejó afuera a otros catorce trabajadores de la empresa secuestrados y sometidos a tormentos en la misma comisaría.

El año pasado fueron confirmados los procesamientos de Blaquier, como también de tres directivos de la automotriz Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Etchebarne. Sin embargo, en muchas de las causas donde están imputados los empresarios que aportaron su poder a la dictadura persisten las demoras. En el caso de Blaquier, aunque los procesamientos de este empresario y de su administrador, Alberto Lemos, por su participación en 29 secuestros y otros delitos de lesa humanidad están apelados, según fuentes judiciales nada impide que el juez federal Fernando Poviña eleve las causas a juicio oral. Sea cual fuere el primero que llegue al banquillo, en esos procesos orales tomará estado público que la colaboración de estos empresarios con el terrorismo de Estado fue algo más que el aporte de los vehículos de sus firmas: camionetas en Libertador General San Martín, Jujuy, y colectivos y autor particulares de La Veloz, en Salta.