El ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov continuó exculpándose ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 de los delitos de los que se lo acusa en el juicio por la represión del 20 de diciembre de 2001: el asesinato de cinco personas y las heridas ocasionadas a otro centenar. “Esto no fue una masacre”, alcanzó a considerar durante la segunda jornada consecutiva de indagatoria en la etapa oral del proceso, y que tendrá un tercer capítulo el miércoles próximo. La querella del Centro de Estudios Legales y Sociales exigió al tribunal que limite la declaración de Mathov, pedido que éste consideró como un “amedrentamiento”. La semana próxima responderá preguntas de las partes.

Mathov continuó ayer con el desarrollo de su versión de los días de fuerte represión que fueron el corolario de la presidencia de Fernando de la Rúa. El relato mantuvo el mismo tono de exculpación de aquel que extendió durante más de cinco horas el miércoles pasado. Insistió en que la causa en su contra fue “armada”, que no existen argumentos para su acusación y reiteró sus ataques contra la jueza federal María Servini de Cubría, quien –dijo– lo procesó “injustamente y sin posibilidad de presentar prueba” y el ex magistrado Gabriel Cavallo, integrante entonces de la Cámara Federal Nº 1.

Durante la primera etapa de la jornada de ayer, el ex secretario del gobierno aliancista resumió lo que había dicho el miércoles pasado, cuando ubicó a Servini de Cubría en un novedoso rol protagónico respecto de los hechos en juicio –en el plano general, la responsabiliza de la represión e, incluso, de las muertes–, y reiteró su denuncia respecto de que la causa en la que se lo acusa fue “armada”: “Hay intereses facciosos en esta causa”, denunció. Debido a la reiteración de sus argumentos, el CELS solicitó que el tribunal limitara la exposición del imputado de la próxima semana, cosa que éste no tomó a bien: “Está bien, voy a reducir mi indagatoria, pero que conste que me están amedrentando”, se quejó.

En cuanto a lo sucedido aquel 19 y 20 de diciembre, Mathov ubicó a los funcionarios de gobierno, él incluido, en una inocente ignorancia. “Nunca fuimos represores, nunca hubo un plan represivo, ni siquiera una orden de encararlo”, aseguró ayer. También atribuyó la implementación del estado de sitio, decretado por De la Rúa el 19 de diciembre de 2001, a un pedido de los gobernadores.

Luego, comenzó a contestar los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y las querellas. Entonces, también deslindó responsabilidades políticas: “No hay nada que pruebe que di una orden para desalojar la Plaza de Mayo. Nunca fui jefe de ningún operativo policial”, un argumento que se combina débilmente con otro para contradecir uno de los puntos centrales de la acusación de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que señala en la represión el control político sobre las fuerzas de seguridad. Según desarrolló ayer Mathov, el concepto de “control político” se debería entender de manera amplia: “El control de la policía no sólo lo hace un funcionario, sino también los jueces y los diputados”, intentó teorizar.