En su tercera jornada de indagatoria, el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, esquivó con numerosos “no recuerdo” y “me remito a lo dicho anteriormente” las preguntas de las partes que intervienen en el juicio que se le sigue a él y a otra docena de ex funcionarios policiales por cinco muertes y más de un centenar de lesiones ocurridas durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001. “La fiscalía y la querella intentan mal acusarme, igual que quienes instruyeron esta causa”, acusó a la representación del Ministerio Público Fiscal, Mauricio Viera, y a la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes interrogaron, entre constantes interrupciones de las defensas, al ex funcionario imputado por homicidio culposo y lesiones. “Armaron un corralito para proteger a Mathov de las consultas, lo que por momentos transformó al debate en un proceso tedioso”, evaluaron desde el CELS. Las estrategias de la fiscalía y de la acusación coincidieron en remarcar varias contradicciones entre la versión actual de los hechos que ofreció el ex secretario ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 6 y sus anteriores declaraciones.

Mathov inauguró la jornada con lo que definió como el “cierre” de su exposición respecto de los hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001, los últimos días del gobierno de Fernando de la Rúa. “No está probado que hayan disparado los policías”, advirtió entre ratificaciones de lo ya dicho durante las audiencias anteriores respecto del objeto en juicio: cinco muertes –de las más de 30 que se produjeron en todo el país en aquellos días producto, en su mayoría, de la represión estatal– y más de un centenar de heridos; todos por impactos de bala. Con la misma firmeza que cerró su exposición, “nadie ordenó desalojar la Plaza de Mayo”, comunicó al presidente del tribunal, José Martínez Sobrino, y al resto de los jueces del cuerpo, Javier Anzoátegui –que sigue alzando su disidencia respecto de sus colegas–, Rodrigo Giménez Uriburu y el magistrado suplente Adrián Martín, que aceptaría preguntas de las partes.

La seguridad de Mathov durante la etapa de las consultas fue decreciendo, si no tal vez por su actitud, seguro por la de su abogado defensor Jorge Valerga Aráoz –comparte la tarea (y el nombre completo) con su padre–. El joven letrado no perdió oportunidad de interponerse entre las preguntas de las partes acusadoras y las respuestas de su cliente para expresar quejas, oposiciones y reclamos, sobrepasando incluso la autoridad del tribunal. En algunos casos contó con la compañía de otros abogados defensores, que vieron luz en ese tren de embrumar la situación y se subieron. El último planteo realizado en bloque al tribunal versó sobre la lectura de pasajes de declaraciones anteriores que Mathov realizó a lo largo de doce años de expediente, actitud desarrollada tanto por Viera como por Rodrigo Borda, del CELS, para señalar contradicciones entre la versión actual y las viejas del acusado. En diálogo con este diario, desde el CELS descalificaron la estrategia defensiva: “No hicieron más que construirle un corralito para impedir que respondiera las preguntas, lo que por momentos transformó el debate en un proceso tedioso al imprimirle una dinámica perniciosa, hubo momentos en que era complicado seguir”, evaluó Borda.

Ante el señalamiento de las contradicciones entre la estrategia del acusado durante la instrucción de la causa y la que desarrolló frente al tribunal en la etapa oral, Mathov respondió con evasivas: “Me remito a lo que dije en las anteriores jornadas”; “No lo recuerdo”.

La conformación o no del Comité de Crisis aquel 19 de diciembre de 2001 fue un punto en el que tanto la fiscalía como el CELS insistieron al momento de indagar a Mathov, quien en un primer lugar se atuvo a lo que dijo la semana pasada –que no había existido tal cosa– y luego abrió la canilla de agravios, sin profundizar en la cuestión. Las partes acusatorias señalaron una contradicción entre esta última versión del ex secretario de Seguridad, que apunta a deslindarse de todo rol preponderante en el ordenamiento de la represión de aquel 20 de diciembre, y lo que dijo en varias oportunidades a lo largo del expediente, incluso lo que declaró el ex ministro del Interior Ramón Mestre, en su indagatoria de principios de la década pasada: que el Comité de Crisis funcionó.

¿Por qué insistir en este punto? Ese organismo, que se congrega vía Consejo de Seguridad, tiene un rol operativo, es decir que puede dar órdenes. Más aún en el marco de un estado de sitio como el que actuaba en aquellos días de diciembre.

Borda, además, señaló diferencias entre los dichos pasados de Mathov y los actuales en otros dos puntos: las órdenes impartidas a los jefes máximos de las fuerzas de seguridad. Frente al TOF Número 6, Mathov negó haber hablado con otro jefe que no hubiera sido Rubén Santos, a cargo de la Policía Federal, cuando en sus primeros descargos frente a la Justicia había mencionado “diálogos con los jefes”. Ayer, además, insistió en que él no dio ninguna orden: “Sólo transmití lo que dijo Mestre”. Por último, la querella señaló un cruce de llamados entre una de las líneas telefónicas que en la causa figura a nombre de Mathov y la SIDE. “No recuerdo haber llamado o que me haya llamado nadie de la SIDE”, cerró, sin dar más detalles.