El diputado bonaerense Marcelo Saín presentó un proyecto de ley para la creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, que apunta tanto a prevenir, prohibir y sancionar esos delitos como a brindar asistencia y acompañamiento a las víctimas. “Es una deuda pendiente de la provincia para adecuarse a los tratados internacionales y a la legislación vigente a nivel nacional”, explicó el legislador de Nuevo Encuentro. Según la iniciativa, el mecanismo se integraría con la mitad de sus miembros designados por la Comisión Provincial por la Memoria, a los que se sumarían dos integrantes a propuesta de otras organizaciones de derechos humanos y otros dos representantes de la Legislatura provincial.

“Nuestra propuesta es armoniosa con la ley nacional, pero además tiene en cuenta las particularidades de la provincia: casi la mitad de las personas privadas de su libertad en Argentina se encuentran alojadas en establecimientos bonaerenses y padecen múltiples problemas que afectan su integridad física y su vida”, explicó Saín. “En ese contexto, la creación de los mecanismos locales es imprescindible para la puesta en funcionamiento del sistema nacional”, dijo, y destacó que “en la provincia, la tortura y los tratos crueles son masivos, sistemáticos, y ocurren en todos los ámbitos donde hay personas privadas de su libertad”.

Saín planteó también que “a partir del análisis de las denuncias sobre maltrato en lugares de encierro como cárceles, comisarías, institutos de menores, comunidades terapéuticas, hospitales psiquiátricos, comprobamos que se trata de situaciones recurrentes”. “La única medida que toman los jueces o fiscales cuando reciben estas denuncias de torturas es ordenar el ‘resguardo de integridad física’ y eso en los hechos significa que la persona privada de su libertad seguirá sometida al personal al que denunció, pero ‘resguardado’, es decir encerrado 23 horas al día en su celda”, ironizó.

El bloque de diputados de Nuevo Encuentro había presentado una iniciativa similar en 2012, para crear el instituto que reclama la ley nacional 26.827. Esa norma creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. “Con esta normativa, la provincia saldaría la deuda que aún mantiene para el cumplimiento de las garantías consagradas en la Constitución Nacional, la Carta Magna provincial y la ley 25.932”, explicó Saín.