“Quebramos una trayectoria iniciada en 1976, pero hacer retroceder cuatro décadas de incremento permanente y sistemático del trabajo no registrado no se logra en diez años”, afirma el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El funcionario, que recibió a Página/12 en su despacho, no oculta su malestar con los cuestionamientos recibidos por el Gobierno después de presentar el proyecto de ley para atacar los elevados niveles de trabajo no registrado que exhibe el país. “No hubo ningún gobierno que hiciera retroceder el trabajo no registrado como nosotros y cuando vemos que sigue sin descender volvemos a dar respuestas, no descubrimos el tema sino que presentamos, por primera vez, un abordaje integral del fenómeno”, explica. Entre 2003 y 2013 el empleo no registrado retrocedió de 49,2 a 33,5 por ciento. La magnitud de la reducción es significativa y existen pocas experiencias similares en el mundo. Los niveles de informalidad y precariedad son bajos en la comparación regional pero elevados para los registros históricos del país. De acuerdo con los datos presentados por la OIT, los sectores de alta informalidad son el empleo doméstico, el diverso sector de cuentapropistas, el trabajo agrario, el empleo asalariado en los pequeños establecimientos de la construcción y el comercio. Esas actividades concentran el 70 por ciento de la informalidad. “El primer responsable de que no haya mayor nivel de empleo no registrado son los empleadores”, apunta Tomada, que también reclama un mayor compromiso en el combate del flagelo a algunos sectores del sindicalismo.

La iniciativa presentada al Congreso contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, el fortalecimiento de la fiscalización e inspección y la creación de un registro de empresas que violen la legislación laboral. El Ministerio de Trabajo estima que, con los nuevos instrumentos, lograrán regularizar a alrededor de 650 mil asalariados no registrados en un plazo de dos años. Si se alcanzan esos objetivos, la informalidad habrá descendido, a finales de 2015, al 28 por ciento.

–¿Por qué, después de diez años de crecimiento sostenido con mejoras en el mercado de trabajo, el empleo no registrado todavía afecta al 33,5 por ciento de los asalariados?

–En el combate contra el trabajo no registrado hay que ver la película y no solo la fotografía. Si se observa solamente esa imagen y la pregunta es por qué tenemos un nivel de trabajo no registrado “alto”, se presupone que es consecuencia de políticas de este gobierno, presupone que toleramos y fomentamos el trabajo informal. Pero es al revés, no hubo ningún gobierno que hiciera retroceder el trabajo no registrado como nosotros. Por el contrario: tuvimos cuarenta años continuados de políticas que incrementaron el trabajo no registrado. La informalidad creció sin interrupción desde 1976 y siguió en democracia con gobiernos radicales, peronistas y con la Alianza. Algunos sindicalistas que son diputados salieron a decir que “ahora se acuerdan, después de 10 años”. Puede ser que ellos lo hayan descubierto ahora, pero el trabajo no registrado se empezó a combatir a partir del 25 mayo de 2003, cuando la informalidad había llegado a casi el 50 por ciento. Hacer retroceder cuatro décadas de incremento permanente y sistemático del trabajo no registrado no se hace en diez años. ¿Qué se logra en diez años? Se quiebra con una trayectoria de cuatro décadas, se empieza a cambiar la cultura, se concientiza que no es algo natural, se recrea una fuerza inspectora que estaba desmantelada y sin recursos. Cuando vemos que el trabajo no registrado sigue sin descender volvemos a dar respuestas, no descubrimos el tema sino que presentamos, por primera vez, un abordaje integral del fenómeno para operar sobre los factores que limitan el proceso de mejoras.

–¿A qué se refiere con un “abordaje integral”?

–Ningún gobierno, incluso en aquellos donde la informalidad crecía sin pausa, pensó un conjunto de instrumentos articulados para enfrentar este problema que afecta la inclusión y la igualdad. La heterogeneidad del fenómeno requiere avanzar sobre cada uno de los nichos. Por eso surgieron las leyes para los sectores críticos con alta incidencia: el trabajo agrario, personal de casas particulares y el próximo paso será la regulación del trabajo a domicilio. Y ahora avanzamos sobre los sectores de micro, pequeña y mediana empresa, donde identificamos la existencia y las características del empleo no registrado. Junto con los peones rurales y el trabajo en casas particulares, algunos de los sectores con mayores niveles de informalidad son la micro y pequeña empresa, gastronomía, turismo, el trabajo a domicilio en el ámbito textil. En empresas formales hay alrededor de 2,7 millones de trabajadores informales y también están las elusiones por la vía de tercerizaciones fraudulentas.

–El empleo no registrado se redujo alrededor de 16 puntos porcentuales desde 2003, pero la mayor parte de la caída se concentró en los primeros cinco años y luego se estabilizó. ¿Es posible llegar a un nivel de 28 por ciento en dos años, en un escenario de menores niveles de crecimiento y creación de empleo?

–No es lo mismo combatir el trabajo no registrado en períodos de altísimo crecimiento económico que hacerlo en períodos donde el ritmo es menor. Pero nosotros vamos a poner en marcha nuevos instrumentos que atacan directamente los problemas de forma integral. No somos observadores pasivos de la realidad. Hacemos diagnósticos para intervenir. No-sotros hacemos. No es un plan de reducción indiscriminada de contribuciones patronales, no hay reducción ni rebaja de indemnizaciones, ni pérdida de derechos laborales para los trabajadores. Esa concepción es la que nosotros rechazamos. Si dentro de un sistema capitalista queremos generar mejoras en los indicadores de trabajo no registrado, se tienen que dar varias cosas en simultáneo: cierto nivel de crecimiento económico con redistribución del ingreso, la existencia de un rechazo cultural al trabajo no registrado, voluntad política que permita colocar el tema en el centro de la agenda y un grado de regulaciones. Solo con crecimiento económico no alcanza, en los noventa tuvimos crecimiento económico y aumento de la informalidad. La conciencia es algo muy importante. Aunque representa un fenómeno global, la discusión sobre el trabajo registrado solo está presente en algunas regiones del mundo como Europa, algunos países de Asia y Africa, Canadá y, en el Cono Sur, en Chile, Uruguay, algunas ciudades de Brasil y Argentina.

–¿Qué otros factores operan como limitantes para la reducción de la informalidad laboral?

–Hay que dejar algo en claro: el empleo no registrado no es una opción que ejercen los trabajadores sino una imposición de los empleadores. Son los empleadores los que no registran a sus empleados. El primer responsable de que no haya mayor nivel de empleo no registrado son los empleadores. Y, por favor, no puede ser que frente a esta afirmación, la respuesta sea: “Y el Estado, ¿qué hace con sus trabajadores?”. Terminemos con esa excusa perversa para no asumir las responsabilidades que tienen. Esa respuesta no sirve para nada. Eso no es asumir su responsabilidad como empleadores.

–Sin embargo, es innegable que en el sector público abundan situaciones de informalidad laboral.

–El Estado se organiza como puede. Y hace las transformaciones que puede después del Estado que nos dejaron en 2003. Pero avanzamos y empezamos a formalizar. Es este gobierno el que les dio derechos a todos los trabajadores públicos. Como Estado nacional tenemos una deuda parcial donde estamos avanzando. Los principales responsables son los empleadores.

–¿Considera que el sindicalismo debería jugar un rol más activo en el combate contra el trabajo no registrado?

–Hay organizaciones sindicales a las que no les importa este tema, como la Uatre, que no tiene un comportamiento explícito contra el trabajo no registrado. El sindicalismo debe promover la denuncia macro y micro de la informalidad. Hay una mayor preocupación, pero podría hacer un aporte sustantivo. Eso no es cuestión de modelo sindical. Hay algunos que dicen que el actual modelo sindical no lo permite. Macanean, la denuncia de las irregularidades laborales es algo que impulsamos desde que se derogó la ley Banelco (de flexibilización laboral, durante el gobierno de la Alianza, N. del E.). Los delegados tienen tutela sindical y deberían ser los más activos promotores del combate al trabajo no registrado. El proyecto de ley prevé la creación de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, con el objeto de investigar y evaluar situaciones de empleo en negro en sectores complejos de fiscalizar.

–Una de las principales acciones que contempla el proyecto de ley es la reducción de las contribuciones patronales. ¿Por qué?

–Creemos que hay que trabajar sobre estímulos y control. Los estímulos para formalizar apuntan a quienes están en un sector de la economía de subsistencia o baja productividad como los almacenes, los talleres de reparaciones, kioscos, comercios de barrio y otras microempresas, pero también al amplio sector social de clubes de barrio, ONG de derechos humanos y bibliotecas de barrio. Para ese sector recreamos un nuevo subsistema de la seguridad social. No es un subsidio, ni es transitorio. Las empresas que tienen hasta cinco trabajadores, no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual, tendrán una reducción de 50 por ciento en las contribuciones patronales y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en este sector. Además, planteamos medidas coyunturales para que las pequeñas y medianas empresas contraten nuevos trabajadores registrados. Se amplía y redefine el esquema de beneficios que ya existía en forma generalizada a favor de las pequeñas empresas.

–La rebaja de aportes y contribuciones como incentivo para la regularización de las relaciones laborales no ha arrojado buenos resultados a lo largo de la historia argentina.

–A diferencia de los esquemas que planteaban rebajas generalizadas y permanentes de aportes y contribuciones sin exclusiones ni restricciones y bajaban el costo del despido, esta política no afecta ningún derecho laboral. Pero, además, este es un proyecto de política integral que tiene estímulos pero también sanciones. Si no es por las buenas razones, deberán regularizar por las malas razones que representa ser alcanzado en una situación irregular. Esto conjuga una forma diferente de combatir el trabajo no registrado. Se fragmenta para atender colectivos específicos, se establecen instituciones nuevas como es el registro y fiscalización. Vamos a trabajar muy intensamente con los inspectores sancionando e informando. Al generalizarse la regla vamos a tener mejores resultados.

–¿Qué cambios se van a registrar en materia de controles e inspecciones?

–Si las provincias no inspeccionan, lo vamos a hacer nosotros. Hoy tenemos muchas restricciones. Se había desmantelado la capacidad de inspección del Estado y empezamos a reconstruirla. Pero el Ministerio de Trabajo sólo tiene competencias nacionales para inspeccionar la no registración del trabajo. Toda la otra inspección vinculada a condiciones de trabajo es competencia de las provincias. Eso limita mucho la tarea inspectora. Cuando se apruebe el proyecto de ley, vamos a tener esas atribuciones para fortalecer las inspecciones. Vamos a poder fiscalizar no sólo seguridad social sino todos los temas vinculados a las condiciones de trabajo. Es muy importante que las provincias acompañen, porque ellas tienen un conocimiento profundo de sus estructuras productivas y formas de organización. Creemos que la presencia del gobierno nacional va a homogeneizar los criterios de fiscalización. Los gobiernos provinciales mejoraron mucho pero tienen dificultades. Empezamos con 20 inspectores y ahora tenemos 450, que tienen una experiencia y conocimiento mayores que nos permiten ser más eficientes. Pero, además, vamos a celebrar un acuerdo con la Anses para que sus 800 inspectores se sumen a la tarea de fiscalización. Pero no es sólo más gente, sino más tecnología.

–Pero entre 2006 y 2012 la cartera laboral sólo logró cobrar el 19 por ciento de las multas impuestas por irregularidades laborales detectadas durante fiscalizaciones.

–El régimen de sanciones y multas se fortalece para exigir cambios de conducta. Proponemos crear un registro público de empleadores con sanciones laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado. Las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el registro y se les aplicarán restricciones que irán desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.