Casi cualquier gobierno democrático es pasible de ser criticado en simultáneo “por derecha” y “por izquierda”. La amplitud de las (o)posiciones posibles es vasta, siempre. El kirchnerismo no hizo excepción en toda su trayectoria, menos aún en este momento. Lo que más complace a sus adversarios es negarle el espacio de la izquierda posible o el progresismo o como quiera llamarse a ese sesgo. Hay una razón: el oficialismo movió más coordenadas en sentido progresista y reparador que en uno regresivo.

Es simple recordar hitos tan innegables cuan subestimados o soslayados por la narrativa opositora. Recorramos, a vuelo veloz, el puñado más ostensible. El alineamiento internacional (demarcado con el rechazo al ALCA), las políticas laborales y sociales reparadoras, la cuasi universalización de las jubilaciones, las reestatizaciones del sistema previsional e YPF, el “piso” de cobertura social y la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la ampliación de derechos de minorías sexuales e inmigrantes... Hay etcéteras en el mismo sentido.

Hay contradicciones, también. Y se percibe un parate o amesetamiento, acentuado en el actual mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El “modelo” topó con límites o contradicciones o desafíos irresueltos. La sintonía fina tardó en llegar o está pendiente. De cualquier modo, todo se debate en otro contexto y, lo que es más importante, todo está en otro estadio. Superador del pasado inmediato y por lo tanto más exigente.

En materia económica, el Gobierno, reversionando un slogan famoso, ha dado un paso atrás en espera de dar dos adelante. La devaluación, la quita de subsidios con aumento de tarifas, los aumentos de las tasas de crédito se conciben como recursos para recuperar fortaleza y envión. El actual es el año para reforzarse, 2015 el elegido para reemprender el rumbo del crecimiento y la redistribución. La intención es sincera, los resultados son contingentes. Los próximos meses serán claves, el Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano de marzo es una señal ambigua. Algo se desaceleró la inflación, no bastante como dar por sellado el cambio de tendencia. Si se la controla, las posibilidades de recuperación serán mayores. En esas bazas se juega bastante del bienestar de la mayoría de los argentinos que estuvo ligado por años a la ventura y legitimidad del Gobierno.

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Movidas a más: en la misma semana, el Gobierno promovió medidas consistentes con su mejor praxis, en el área laboral: el proyecto para promover la formalización laboral y la reglamentación del régimen de personal de casas particulares. Esta última redondea la incorporación de un conjunto de trabajadoras discriminado y sometido durante décadas. El proceso ha sido acumulativo, a contracorriente de la cultura de la mayoría de los patrones. Ahora se agrega, entre otras conquistas, la obligación de inscribir a las laburantes en una ART, todavía supeditada a una carrera de obstáculos. Ocurre que las ART, dicho con un eufemismo sarcástico, no admiran ni acompañan la medida a la que interpondrán mil cortapisas.

Mayormente, los patrones no empatizan con los derechos de sus empleadas: aun ahora muchos eluden sus obligaciones. No mediaba presión del colectivo de trabajadoras dada su extrema debilidad y dispersión. En esta cuestión el Estado sospechado de ausente no cedió a presiones ni contempló el sentido común dominante: actuó como vanguardia.

Las personas tuteladas suelen ser, es consabido, inmigrantes de países vecinos. La legislación general de la etapa fue compatible con la histórica generosidad del Preámbulo de la Constitución. Y manifiestamente a contrapelo de los atroces giros a derecha que se repiten en Europa y que “van por todo” en Estados Unidos. A veces vale la pena “salirse del mundo” o desconocer sus inclinaciones políticas.

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Un largo tercio: la persistencia de la informalidad es un problema que trasciende la legislación laboral. Es un problema estructural, como señala el economista Fernando Porta: se sostiene desde hace años en un largo tercio de la clase trabajadora, con variaciones mínimas. El sistema productivo luce impotente para generar puestos de trabajo decente en las cantidades necesarias para una sociedad y una economía habituadas a crecer. Ese aspecto central es subestimado en la retórica del oficialismo, tal vez cristalizada hace cuatro o cinco años. El crecimiento no basta, la industria local es deficitaria en varios aspectos...

El proyecto de ley de regularización laboral no se mueve en ese ámbito. Su loable y acotado objetivo real es que se formalicen trabajadores ya conchabados. Para eso, como es de rigor, se combinan incentivos para los que “blanqueen” y sanciones para los que evaden las cargas impositivas. Premios y castigos, si usted quiere... o zanahorias y palo.

Las exenciones impositivas procuran ser más tentadoras para las empresas de menor porte: micros y pequeñas en ese orden.

Los medios dominantes homologaron las exenciones con las dispuestas durante el menemismo, a instancias del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. La comparación es abusiva: las actuales no son universales, se conceden sólo por tiempo determinado y mediando una contraprestación virtuosa.

La ambición de Trabajo y de la Casa Rosada es conseguir una merma de la informalidad de 5 o 6 puntos porcentuales para fines de 2015. El momento económico juega en contra, el voluntarismo oficial es que la prédica (aunada al incremento de controles y sanciones) contrapese las trabas. Como en tantas otras medidas de orden económico social, este escriba supone que podrían haber sido más fructíferas tras las elecciones de 2011. Ningún contrafactual puede probarse pero un vistazo general sobre los desempeños del Gobierno sugiere que no capitalizó ese momento de legitimidad elevada.

Nadie conoce el futuro, varios porvenires son posibles. Serían un logro y la instalación del rumbo que la medida lograra bajar la proporción de trabajadores desprotegidos, aunque no llegara a las cifras deseadas por el Gobierno. Habrá que esperar y ver.

La instalación de mecanismos de control, inspección y registraciones nacionales es, en sí misma, un salto de calidad. Un modo de revertir parcialmente una de las pesadas herencias del peronismo en su faz menemista y de la Alianza: la descentralización del Estado que fue una pieza maestra para debilitar su poder. Desde 2003, el kirchnerismo pujó contra ella en el área laboral y educativa: dio pelea, sin ganarla del todo, acaso un imposible: sí es cuestión de avanzar o “cambiar de pantalla”. En materia de Salud sólo se hizo algo eficaz y con una cabal noción de políticas públicas cuando fue ministro Ginés González García, esto es hasta 2007.

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Compañeros que no acompañan: el Gobierno sostiene la brega contra la informalidad, es una bandera que no arría. En todo caso, es dudoso que los instrumentos y el momento elegidos sean los ideales. En la tradición del sindicalismo peronista es dominante el desinterés por los trabajadores desempleados, precarizados o informales. Puede rastrearse una raíz histórica: el justicialismo nació y arraigó en épocas de pleno empleo, por lo que esas temáticas eran residuales. Pero pasó mucha agua bajo los puentes, la realidad debió estimular la apertura mental y el compromiso de las cúpulas gremiales. Nada es unánime, pero en abrumadora mayoría sigue el desinterés con el que se topó el Gobierno.

Uno de los factores diferenciadores de la Central de Trabajadores Argentinos es ampliar el universo de los laburantes más allá de la relación de dependencia. No hay, en este punto, especial diferencia entre la CGT liderada por Hugo Moyano y la conducida por Antonio Caló. Puede haber, en una u otra, dirigentes más interpelados por los “nuevos” desafíos. Pero en trazos generales son igualmente remotos. Por eso es tan poco interesante su escisión y tan poco explicable fuera de los alineamientos respecto del Gobierno. Tras resaltar ese problema estratégico para las fuerzas nacionales y populares resaltemos una imagen táctica y expresiva: en el anuncio de la batida contra la informalidad, los jerarcas cegetistas brillaron por su ausencia. No los apasiona, no los interpela, no se implican: en eso no son tan dispares de las corporaciones empresarias.

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Movida para atrás: los anuncios laborales son consistentes con los mejores momentos del Gobierno, aunque es verosímil que no consigan similar éxito. No puede decirse lo mismo del proyecto de ley de “convivencia en las manifestaciones públicas” que, más allá de su designación, es un intento por limitar la protesta social.

La Presidenta solicitó una ley con ese sentido, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. No es usual que la mandataria les “tire la pelota” a sus bloques de legisladores: la mayoría de las iniciativas las redacta el Ejecutivo. Esta vez el mandato fue claro tanto como la delegación de tareas.

No reprimir la protesta social durante más de diez años tiene sus bemoles, entre otros que la franquicia es capitalizada por sectores que no son desposeídos ni débiles institucionalmente. Citemos entre otros ejemplos a las patronales del campo o sindicatos poderosos que negocian paritarias en plena institucionalidad y “piquetean” al unísono. Hay abusos cotidianos de la metodología y poca contemplación por otros ciudadanos. Se cortan avenidas o rutas enormes, a veces por colectivos pequeños o por demandas irrisorias. La opinión media está, claramente, fastidiada y hasta furiosa. Mantener el statu quo aumenta el mal humor. Todo esto dicho, como nada es ideal, el cronista cree que ese equilibrio imperfecto es bastante mejor que el futuro que propone y pretende abrir la propuesta oficial.

Se han conocido críticas de organismos de derechos humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hay reticencia o rechazo dentro del propio Frente para la Victoria, en particular de militantes de organizaciones sociales. Tras escucharlos o leerlos, se intenta una síntesis propia de críticas, por ahí sumando un detalle.

La clasificación de las movilizaciones en “legítimas” e “ilegítimas” es un primer obstáculo, empezando por su propia nominación. La legitimidad es una categoría social o política: algo es legítimo cuando concita adhesión o merece aprobación. Usar el vocablo para diferenciar a lo permitido burocráticamente de lo denegado o no solicitado es más que un desliz: una provocación conceptual.

Los recaudos para lograr la “legitimidad” son otro escollo. Se exige pedido de autorización formulado con 48 horas de antelación. Así las cosas, ninguna manifestación espontánea sería legítima, por definición. En fin. Los manifestantes del 17 de octubre hubieran debido esperar hasta el 19 (y a la venia del gobierno de Farrell) para exigir la libertad del coronel Perón. Protestas habituales ante violaciones súbitas de derechos o hechos tremendos (Cromañón, tragedia ferroviaria de Once, cualquier caso de gatillo fácil) no son compatibles con la idea burocrático-restrictiva.

La “legitimidad”, para colmo, es lábil. Se pierde si, durante la manifestación, alguien comete un delito. Así dicho, es una enormidad. Es común que en hechos masivos sucedan episodios de violencia: sin ir más lejos, las marchas de los 24 de marzo en las que hay disputa por el espacio entre facciones distintas es un ejemplo. Una conducta aislada o parcial no puede hacer perder un derecho a muchos. Además, como la “tipificación” del delito es instantánea, la harían las propias fuerzas de seguridad. Dicho en criollo: en el momento mismo y en caliente los uniformados pueden decir que hay un delito y deslegitimar la protesta de facto o de prepo.

Estipular una instancia de mediación es sensato. Pero no fijarle una deadline de dos horas, plazo exiguo para cualquier negociación. Y es insensato establecer que la mediación se hará con las autoridades políticas de Seguridad: debería incluir a los funcionarios o empresas que pueden atender el reclamo, en razón de su competencia.

La ley, de prosperar, podría mejorar un poco si adoptara un protocolo de actuación policial dictado por Nilda Garré siendo ministra de Seguridad. Y la idea de propiciar que no se corten en su totalidad las vías de comunicación es valiosa pero no los métodos que se imponen para garantizarlo.

En conjunto, la ley no regularía sino mayormente prohibiría, concentrando demasiadas potestades en las fuerzas de seguridad.

A título de observación personal, muy opinable, el cronista cree que este flojo proyecto mejoraría un cachito si contuviera en sus primeros artículos un reconocimiento explícito: la protesta social y los piquetes o cortes son un derecho digno de tutela. Y bajo ese paraguas, que la Constitución alberga en su espíritu pero no contiene diáfanamente en su letra, ver de regular sin desnaturalizar.

Al oficialismo le preocupan la gobernabilidad y los abusos. Es una precaución lógica que un sentido de realidad matizaría asumiendo que el proyecto, per se, azuzará nuevas protestas, ya mismo.

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Identidad y ambigüedad: las organizaciones que cuestionan el proyecto apuntan que sólo es válido para el área nacional, ya que las provincias legislan sobre sus espacios públicos. Conociendo la ideología de la mayoría de los gobernadores (incluyendo con alguna excepción “los del palo K”) todo indica que lo que fije el gobierno nacional será tibio o manso comparado con lo que hagan los mandatarios provinciales. Estos, guste o no, suelen acomodarse a la derecha de la Nación en políticas y perspectivas.

Ese es un eje fundante hasta las elecciones presidenciales. El oficialismo oscila entre conservar sus principales vectores o hacer propia parte de la agenda de sus adversarios para no dejarse desestabilizar o deslegitimar.

Sin caer en un principismo absoluto o fundamentalista, es válido suponer que el kirchnerismo no ganará adhesiones de sus opositores más acérrimos. Y que, para convencer a los que antaño lo votaron y ahora lo miran con recelo, le valdrá más su propia identidad que la de otros competidores.

En una de esas es imposible no mestizar políticas. Por ahí es funcional cierto tipo de ambigüedad. La subjetividad del cronista entrevé que en ese sitial se ubica con más confort el candidato indeseado del FpV. El que, de momento, cuenta con mayor potencial para ganar las primarias: el incombustible gobernador Daniel Scioli. Un detalle que no debería escapar a los kirchneristas convencidos que aspiran a un candidato o una candidata más afín y coherente.

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