La Justicia ordenó investigar a los funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires que intervinieron en el caso de la niña que estuvo encerrada y sometida a malos tratos, durante al menos nueve años, en el garaje de una familia de Villa Lugano, junto a un mono. Lo hizo la jueza María Gabriela Lanz al dictar el procesamiento del matrimonio que tenía cautiva a la niña, cuyos integrantes están acusados de “reducción a la servidumbre” y “lesiones graves”. La funcionaria judicial que debió velar por el destino de la niña tiene nombre y apellido. Página/12 accedió al expediente judicial que refleja la historia de J., que deja en evidencia que la responsable de peticionar por sus derechos era la asesora de Incapaces Nº 3 del fuero de Menores de Quilmes, María Cristina Daroqui. La asesora pidió en 2001 al entonces Juzgado de Menores Nº 1 de ese departamento judicial que la niña, que en ese entonces tenía dos años y medio y estaba “institucionalizada” en el Hogar Joaquín V. González, de La Plata, fuera entregada con un permiso “provisorio” a la pareja que fue detenida días atrás y ahora está procesada. El matrimonio de Daniel Miguel Gómez y Adriana María José Barros la tuvo a su cargo desde ese momento y nunca reclamó la guarda con fines de adopción de la niña. De acuerdo con la legislación vigente, Daroqui debió hacer el seguimiento de la pequeña y poner en conocimiento del juzgado que se encontraba en una situación irregular viviendo con esa familia. “Ella debió peticionar por los derechos de la niña, al no tener representantes legales”, explicaron a este diario fuentes cercanas al caso. Página/12 intentó entrevistar a Daroqui, pero la asesora tomó licencia desde que el caso salió a luz y quedó al descubierto la desidia judicial frente a una niña en situación de extrema vulnerabilidad social.

El caso encierra la paradoja de que la Justicia entendió que la niña iba a estar mejor con un matrimonio con un buen pasar económico que con la mamá biológica. Y se desentendió de su historia. La asesora de Incapaces depende del Ministerio Público Pupilar, que a su vez depende de la Procuración General de la provincia, a cargo de María del Carmen Falbo.

En 2001 regía la Ley 10.067, conocida como Ley de Patronato, que les daba un poder absoluto a los jueces de Menores sobre la vida de niñas y niños en situación de vulnerabilidad social. Esa norma fue derogada por la Ley 13.298, de 2005, de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que cambio el paradigma de intervención (ver aparte). Los asesores de Incapaces, entonces y ahora, son los “responsables promiscuos” de los niños o niñas, cuando no están a cargo de sus padres o representantes legales. Esa figura, que pretendió ser reemplazada por la del “defensor” del niño o niña, persistió en el territorio bonaerense a partir de la fuerte resistencia que opuso en aquel momento la Procuración General de la provincia.

De acuerdo con el expediente judicial, la madre biológica conoció a Gómez en el ámbito laboral de él y le ofreció a su beba porque no podía criarla. La mujer, que vive actualmente en la localidad de Burzaco, en el sur del conurbano, tiene otros siete hijos, la mayoría de los cuales ya son mayores de edad y crecieron institucionalizados. En 2001, dos de ellos, con discapacidad mental moderada, estaban internados en el Instituto de Atención Integral al Discapacitado Santa Clara de Asís, en Quilmes. Uno ya egresó. El otro continúa viviendo en el mismo centro. Ahí se encuentra ahora la adolescente rescatada de la casa de Villa Lugano.

Entrega provisoria

Del expediente judicial surge que en 2001, luego de que la madre le ofreciera su hija a Gómez –entonces de dos años y medio–, la pequeña ingresó en el Hogar Joaquín V. González, dependiente de la provincia de Buenos Aires. En el caso intervino en ese momento el Juzgado de Menores Nº 1 de Quilmes, que estaba a cargo del juez Carlos Cairo, actualmente jubilado. Por un dictamen firmado por Daroqui, la propia asesora le pidió en 2001 al juez Cairo que la nena egrese del hogar y sea entregada a la pareja de Gómez y Barros. En el folio 166 de la causa, en el punto 5, el juzgado hizo lugar al planteo y decidió “otorgar el egreso provisorio de la menor J. (se identifica con la inicial de su nombre) del Hogar Joaquín V. González junto y bajo la responsabilidad de los señores Gómez y Barros”. En la misma resolución “se los emplaza” a Gómez y Barros “a que la niña visite a sus hermanos en el lugar de internación”.

La resolución, fechada el 12 de diciembre de 2001, lleva la firma del juez Cairo y de la secretaria del Tribunal, María Inés Romero. Es decir, J. pasó a vivir con los Gómez-Barros sin otro trámite que una entrega provisoria. Un especialista en niñez que tuvo acceso al expediente advirtió a Página/12 que “en aquel momento, con el marco regulatorio vigente, la madre no podía entregar a la niña a quien ella elegía, sino que J. tendría que haber ingresado al listado oficial de niños para ser dados en adopción”. “El permiso provisorio debió transformarse en una guarda con fines de adopción y luego en una guarda adoptiva. La que debió advertir al juzgado que la nena no tenía guarda ni adopción fue la asesora de Incapaces”, detalló la fuente. Nada de eso sucedió. La vida de J. no tuvo ningún seguimiento por parte de la asesora, según surge del expediente, donde tampoco figura ningún informe ambiental de la familia.

A partir de 2007, el juzgado de Menores –con el cambio de paradigma que imprime la Ley de Protección Integral de Niñez y la llamada Ley 13.634 conocida como “ley de fueros”– se convirtió en Juzgado de Responsabilidad Juvenil Nº 1 y se quedó con las causas residuales de la Ley de Patronato. Ese juzgado tampoco se preocupó por saber sobre el destino de J. Hasta que en 2009, cuando ya estaba a cargo de la jueza Gladys Krasuk, una de las hermanas de la niña, al cumplir 18 años, se presentó en la mesa de entradas y preguntó sobre sus hermanos. En ese momento, tres estaban institucionalizados. En el juzgado le pudieron dar información sobre ellos, pero no sobre J.

El juzgado pidió citar a los Gómez-Barros, pero no los encontró. Los trató de localizar en el último domicilio que figuraba para la Justicia, en la ciudad de Berazategui, partido de Quilmes, pero ya se habían mudado. Entonces, inició una pesquisa para dar con su nueva vivienda. Consultó infructuosamente en el Registro Nacional Electoral. Recién logró ubicarlos a través de tareas de inteligencia realizadas por la Policía Federal, el 27 de noviembre de 2013. Es decir, cuatro años después de que la hermana de J. llegara al juzgado para preguntar por la niña.

De acuerdo con el expediente judicial, a partir de ese momento el juzgado actuó con celeridad. El mismo 27 de noviembre la licenciada en Trabajo Social, Carmen Arce, de la Policía Federal, fue enviada a la casa de Villa Lugano pero la familia no la dejó ingresar. No obstante, logró ver a J. e informó inmediatamente al juzgado ese día, a través de un muy buen informe ambiental, las condiciones en que se encontraba. La jueza Krasuk entonces ordenó el traslado de la niña por la fuerza pública.

Un informe policial señaló que la adolescente presentaba “ausencia de tejido celular subcutáneo generalizada, lesiones y cicatrices en el abdomen, a consecuencia de quemaduras que refirió le fueron realizadas por integrantes de la familia, y que en distintas ocasiones fue atada”. Además, “refirió que convivió con animales, entre los cuales se hallaba un mono que alimentaban con bananas, y que a la menor no le permitían tocar las frutas y era alimentada con levadura, pan y agua, y a veces le daban de comer alguna otra cosa. Dormía en el piso”. La policía encontró “ganchos del tipo carnicero y cadenas” dispuestos “para evitar que se escapara”.

El 29 de noviembre, J., con 14 años, fue internada en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Ingresó con 23 kilos, desnutrición grave, anemia y un cuadro de hipopotasemia (bajo nivel de potasio en la sangre, que genera debilidad, fatiga, calambres musculares). Una fuente cercana al expediente reveló a Página/12 que la asesora de Incapaces pagó de su bolsillo a una cuidadora en el hospital por la culpa que al parecer le habría generado su desidia frente a la vida de la niña, por cuyos derechos debió velar.

A raíz del grave estado de la adolescente, se abrió otra causa para investigar las responsabilidades penales de Gómez y Barros, en el juzgado nacional Nº 42 a cargo de María Gabriela Lanz. En ese marco, J. testimonió en cámara Gesell –donde contó su tortuosa vida en el garaje– y luego, el fiscal porteño Juan Necol pidió la detención de la pareja. El fiscal solicitó “que se investiguen presuntas irregularidades” en la entrega de la niña, que tiene un cuadro de discapacidad mental (ver recuadro).

La causa a cargo de Krasuk fue cerrada por la magistrada a partir de que se tomaron medidas de “abrigo” y empezó a intervenir el Tribunal de Familia Nº 2 de Quilmes. J. está actualmente junto a uno de sus hermanos, también con discapacidad mental, en el Hogar Santa Clara de Asís, institución que tiene un convenio con la provincia.

Gómez estaba sin trabajo desde hace unos dos años por un accidente laboral y Barros, que es maestra jardinera, trabajaba para una empresa de limpieza. Ella era el sostén del hogar, con un ingreso mensual de 4600 pesos.

Una pericia realizada al matrimonio por el Cuerpo Técnico Auxiliar del fuero de Menores de Quilmes, el 29 de noviembre, concluyó que a J. no la llevaron nunca al médico aproximadamente desde 2002 y que nunca estuvo escolarizada. Además advirtió que la pareja mostraba un “alejamiento del criterio de realidad” y presentaba “una actitud negligente” en relación con el cuidado de la niña. Para justificar que no habían tramitado la guarda, los Gómez-Barros alegaron que “para el amor no hace falta papeles”. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido sometidos a una pericia de ese tipo varios años atrás o, incluso, cuando la Justicia les entregó a la beba a pedido de la asesora de Incapaces?