“El asesor de Incapaces debe proteger los derechos de la niña o niño a su cargo. El no hacerlo es una omisión gravísima”, advirtió Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia. Pulido tomó conocimiento a través de Página/12 de la cuestionable actuación de la asesora de Incapaces de Quilmes, quien debió velar por los derechos de la niña sometida a malos tratos gravísimos de parte de una familia de Villa Lugano, a la que la Justicia se la había entregado 13 años atrás en forma “provisoria”, según se desprende del expediente judicial del caso (ver aparte). En una entrevista con este diario, Pulido explicó las responsabilidades de los operadores de la Justicia en los casos en los que están involucradas personas menores de edad en situación de vulnerabilidad.

“Mientras regía la Ley de Patronato los jueces de Menores obraban de manera discrecional”, recordó Pulido, que encabeza una red nacional que agrupa a entidades comprometidas con la defensa de los derechos de la niñez. Esa norma fue derogada en 2005 en la provincia de Buenos Aires por la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, que significó un cambio de paradigma al incorporar la Convención Internacional de Derechos del Niño y obligar a los jueces a decidir teniendo en cuenta el interés superior del niño. “Antes hubo otro intento por derogar la Ley de Patronato, a través de otra ley, que llegó a ser aprobada por ambas cámaras en la provincia de Buenos Aires y que contó con el apoyo de las ONG especializadas. Pero por una presentación de la Procuración General de la provincia ante la Corte bonaerense, esa normativa se frenó por la resistencia de los asesores de Incapaces, cuya figura se derogaba y se reemplazaba por la del defensor del niño. Fue escandaloso. La figura de los asesores de Incapaces es una rémora de la Ley de Patronato”, opinó Pulido, que es historiadora y profesora de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Al tomar conocimiento por este diario sobre los detalles de la historia de la niña rescatada de la casa de Villa Lugano, Pulido observó que la entrega de la niña al matrimonio Gómez-Barros se “hizo de una manera absolutamente irregular”. “¿Quién evaluó a ese matrimonio? ¿Quién hizo el seguimiento de la vida de esa niña? Era responsabilidad de la asesora de Incapaces. Ella debió proteger los derechos de la niña en ese proceso”, señaló Pulido.

–¿Por qué cree que no se hizo ese seguimiento? –le preguntó Página/12.

–Son prácticas de la ideología del Patronato, que cosifican a los chicos, los consideran cosas, objetos, animalitos. Un proceso de adopción tiene que tener los mayores cuidados. Por la ley vigente se deben entregar a través del Registro Unico de Adoptantes, al que la provincia de Buenos Aires adhirió. Pero lamentablemente todavía observamos que en muchos juzgados no se ocupan de los chicos como deberían. Hoy ya no se separa a un chico de su familia biológica por situaciones de pobreza, como ocurría antes, cuando regía la Ley de Patronato, sino por cuestiones muy graves, de maltrato, violencia o muy fuerte desidia de los padres. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de dar en adopción esos chicos y controlar cómo se encuentran. Pero vemos que hay una mora muy grande en darlos en adopción cuando la familia biológica no puede hacerse cargo. El tiempo transcurre de manera muy diferente para un adulto que para un niño o niña. Cuatro años en la vida de un adulto puede no ser mucho tiempo. En la de un niño es decisivo. Hay chicos que pasan de cuatro a 12 años o más institucionalizados, sin que se resuelva si son dados en adopción y, después, a esa edad ya nadie los quiere adoptar.

–¿Por qué se demora tanto?

–Porque no ejercen bien su función los jueces, porque no priorizan los derechos de los chicos. No critico las instituciones donde están. Ahora son mejores que años atrás. Pero aunque los chicos pueden estar bien atendidos en esos ámbitos, les están haciendo perder la posibilidad de tener una familia. Y otro problema grave que observamos es que no se trabaja bien desde el Poder Judicial la transición entre la institución y la familia. Y muchas familias terminan devolviendo a los chicos. Es terrible. La Convención Internacional de Derechos del Niño prioriza la familia biológica y la ampliada. Pero en caso de que no exista nadie, está el recurso que es la adopción. En todo el proceso judicial, el responsable es el asesor de Incapaces.