Siete años y medio. Tres jueces, un cambio de carátula y tantos más fiscales. Muchos testigos –de ésos muchos falsos– y un puñado de datos. Ninguna pista firme, nadie imputado por la segunda desaparición del testigo en uno de los primeros juicios por delitos de lesa humanidad, Jorge Julio López, que hoy llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de una denuncia que el grupo de colectivos Justicia Ya! registrará en esa instancia contra el Estado argentino, al que responsabilizan por la parálisis en la causa que investiga el hecho. “Queremos saber qué pasó con el compañero para que ese Nunca Más sea finalmente verdadero”, sostuvo la abogada Pía Garralda.

La organización que integra, Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), el Comité de Acción Jurídica (CAJ), la Federación Universitaria de La Plata (FULP), HIJOS de La Plata, Liberpueblo y la Unión por los Derechos Humanos acordaron elaborar un documento en el que solicitan a la CIDH que “inste al cumplimiento de esta obligación a los responsables de llevar a cabo las medidas necesarias, conducentes a dar con el paradero de Jorge Julio López, encontrando a los culpables, sean éstos ejecutores directos o intelectuales de su desaparición forzada para que sean llevados a la Justicia”, explican en un comunicado.

“Entendemos que las vías internas ya están agotadas. Tenemos una causa paralizada y el Estado es el responsable”, apuntó Garralda en diálogo con este diario, horas antes de presentar formalmente la denuncia ante el organismo internacional y de explicar su contenido y los motivos que lo sostienen en una conferencia de prensa que ofrecerán esta mañana en la sede platense de la Asociación de Trabajadores del Estado.

López desapareció el 18 de septiembre de 2006. Algunos pocos vecinos del barrio platense en donde vivía, Los Hornos, aseguraron haberlo visto caminando temprano en la mañana. Al mediodía, López escucharía los alegatos del juicio contra el responsable de Inteligencia de la Policía Bonaerense durante la última dictadura cívico militar y su torturador, Miguel Etchecolatz, entre otros represores. Su testimonio, y su reconocimiento, fue fundamental para probar la responsabilidad de Etchecolatz en los secuestros y torturas de aquellos años. El veredicto, condenatorio, fue el primero que reconoció las violaciones a los derechos humanos de las que López, entre otras decenas de miles de argentinos y argentinas, como un genocidio. Nunca más se supo nada de él.

“El caso de Jorge Julio López representa la impunidad –comparó Garralda–. Desaparece durante la dictadura y vuelve a desaparecer con los mismos métodos en el marco del juicio a los responsables de aquellos hechos, lo que revela que el aparato represivo sigue vigente.” Durante los primeros tres meses, la investigación judicial por “averiguación de paradero” se mantuvo a cargo de la Justicia provincial. El entonces juez federal Arnaldo Corazza comenzó a dirigirla desde diciembre de 2006, luego de que la Corte Suprema nacional ordenara su traspaso. En 2008, la Cámara Federal de La Plata apartó a la Bonaerense de la investigación y decidió que lo de López era una “desaparición forzada”. En febrero de 2009, Corazza adujo “violencia moral” y se apartó de la causa, luego de que la familia del testigo lo señalara como responsable del segundo secuestro del hombre. Al día de hoy, “no hubo novedades significativas en la causa, no hay ningún imputado, la situación está paralizada”, denunció la abogada.

La CIDH es la encargada de aceptar la presentación de Justicia Ya! y de, eventualmente, remitirla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.