El proceso de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado en nuestro país ha avanzado a paso firme en los últimos años y en la actualidad enfrenta nuevos desafíos. Uno de ellos es dilucidar las responsabilidades de quienes gracias a sus contactos políticos, económicos, o inclusive por lazos familiares y sociales, lograron evitar la acción de la Justicia durante todos estos años. Esta nueva etapa exige contar con funcionarios judiciales que actúen por fuera de ese entramado y estén dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para alcanzar los eslabones más poderosos del aparato represivo.

En este contexto, el juicio político contra el fiscal federal de Jujuy Domingo Batule resulta paradigmático. Batule está siendo sometido a un proceso de remoción por incumplir su deber de investigar a miembros de la corporación judicial acusados de encubrir al represor Alejandro Marjanov, hoy condenado a cadena perpetua. En 2010 los fiscales de Bahía Blanca denunciaron penalmente a un grupo de funcionarios judiciales de Jujuy que habían demorado de manera irregular la orden de detención y el allanamiento para frustrar la captura del represor. Concretamente, el aún hoy camarista federal de Salta, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, cuñado de Marjanov, fue imputado por haber intentado influir en los policías encargados de ejecutar la orden de allanamiento y avisar a los dueños de casa. Al abrir la puerta, la hermana del camarista dijo: “Los estaba esperando”. El fiscal Batule, sin embargo, no investigó el hecho y pidió desestimar la acusación contra Rabbi Baldi Cabanillas.

Las provincias de Jujuy y Salta resultan emblemáticas en cuanto al rol de los funcionarios judiciales durante la última dictadura militar, así como por el desempeño deficiente de quienes ahora tienen el deber de investigar aquella red de complicidad. Uno de los jueces federales de Jujuy, Mariano Wenceslao Cardozo, fue fiscal durante la dictadura militar y rechazó cientos de hábeas corpus de detenidos-desaparecidos. Otro de los jueces federales, el camarista salteño Carlos Olivera Pastor, tuvo paralizados los procesos por crímenes de lesa humanidad durante años, hasta que fue forzado a renunciar en 2012. El propio Rabbi Baldi Cabanillas, en su rol de presidente de la Cámara Federal, además de intentar frenar la detención de su cuñado, avaló cada una de las medidas tomadas por Olivera Pastor. Recordamos cuando fue a la Comisión Interpoderes a defender la actuación de este último, quien ya estaba seriamente cuestionado por la mora recurrente en el trámite de las causas de lesa humanidad que tenía a su cargo.

Algunos testimonios prestados en las audiencias públicas de las últimas semanas en el marco del juicio político dan cuenta de que el fiscal Batule recibía a los familiares de las víctimas e intervenía en los casos vinculados con los responsables directos de la represión. El debate, sin embargo, gira en torno de su actitud a la hora de investigar a los miembros del Poder Judicial. Batule terminó sosteniendo la acusación contra Olivera Pastor recién cuando el juez ya había perdido el poder que lo sostuvo durante tantos años. Sin embargo, no puede justificar por qué desestimó la denuncia contra el juez de Cámara Rabbi Baldi Cabanillas. Un motivo que aparece de manera recurrente en las audiencias es la existencia de favores cruzados, propios de la “familia judicial”. En tal caso, el fiscal debía haberse excusado.

El Consejo de la Magistratura no avanzó contra Olivera Pastor, quien terminó renunciando. Ni contra Rabbi Baldi Cabanillas, que se mantiene en funciones. Al impulsar este juicio político, el Ministerio Público Fiscal pareciera demostrar un estándar diferente de tolerancia. Con un Tribunal de Enjuiciamiento de conformación plural, integrado por representantes de los Colegios de Abogados, el Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema y el Ministerio Público, esperamos que en el caso del fiscal Batule el encubrimiento corporativo no prospere.

* Presidentes APDH. Mesa Directiva Nacional.