El Gobierno eligió la “cautela” para analizar los pasos a seguir ante el conflicto diplomático con Irán, que detonó con la detención en Londres del ex embajador iraní en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour. “Nos manejaremos con cautela”, explicó el jefe de Gabinete de la Cancillería, Eduardo Valdez, en representación del canciller Rafael Bielsa, quien se encontraba de viaje en Perú. El choque con Teherán se profundizó ayer luego de que el presidente iraní, Mohammad Khatami, dijera que “no reaccionaremos con tolerancia” en declaraciones a la televisión de ese país. Además, en la Cancillería de Irán le solicitaron visas al representante argentino en Teherán, Ernesto Alvarez, para que un grupo de expertos jurídicos viajara a Buenos Aires para estudiar el juicio por el atentado a la AMIA, que está a cargo del juez Juan José Galeano.
“Reaccionaremos de manera muy fuerte contra Argentina y el encargado de asuntos británicos en Teherán será nuevamente convocado por el Ministerio del Exterior”, afirmó Khatami en sus declaraciones. De esa forma, el supuestamente moderado presidente iraní reveló el enojo que causó en su gobierno la detención de Soleimanpour, que se produjo el jueves en Londres, por orden del juez federal Juan José Galeano. Galeano acusa a Soleimanpour y al gobierno de Irán de estar detrás de la organización del atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Entretanto, el representante comercial de Argentina en Teherán, Ernesto Alvarez, estuvo ayer en la cancillería iraní, citado por las autoridades de Irán. En su encuentro con los funcionarios, Alvarez recibió el pedido de visas argentinas para que un grupo de especialistas en derecho viajara a Buenos Aires para analizar el juicio por el atentado contra la mutual judía y la investigación que lleva Galeano. El juez acusó a Irán de haber organizado el atentado y haber usado su sede diplomática y las oficinas comerciales de empresas de ese origen como cobertura y apoyo. En sendos pedidos a Interpol, Galeano reclamó en marzo y agosto la captura de un total de trece iraníes, incluyendo la del líder espiritual de Irán, el ayatola Alí Jamenei, y de varios diplomáticos.
Mientras Irán hacía ese pedido ante Alvarez, el Gobierno analizaba qué actitud tomar ante el conflicto diplomático. En términos públicos, la decisión es cumplir lo que pida el juez Galeano, como corresponde por la separación de poderes. En este caso, la primera actuación de Galeano fue solicitar la extradición de Soleimanpour, el ex embajador en Buenos Aires, que se encontraba en Londres como estudiante. La policía inglesa detuvo a Soleimanpour en su casa el jueves, lo que enseguida motivó furiosas protestas de Irán, que le pidió a Londres que se excusara por la detención. El encargado de negocios británico en Teherán, Matthew Gould, reiteró ayer que el arresto de Soleimanpour “no tiene ningún tipo de motivación política y forma parte de un procedimiento judicial normal”.
El dilema del gobierno argentino es qué hacer en términos políticos, o en otras palabras, si responder a los gestos airados de Irán, lo que significaría avanzar en una escalada de cruces diplomáticos. En ese orden, la decisión es –justamente– evitar esa escalada porque el Ejecutivo no quiere arriesgar un enfrentamiento con Teherán por una causa judicial discutible, como la que llevó adelante Galeano, quien incluso puede llegar a ser duramente acusado en el juicio oral. Las entidades que agrupan a los familiares y amigos de las víctimas de la AMIA, por ejemplo, lo acusan de haber investigado poco y mal. Por esa razón, el Gobierno se muestra remiso a devolver golpe por golpe en términos diplomáticos.
Para explicar esa posición, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Eduardo Valdez, explicó que el gobierno argentino “no hará ningún pronunciamiento hasta mañana (por hoy)”, cuando se reúnan el Presidente, el canciller y otros funcionarios del Ejecutivo. Según Valdez, el tema se tratará en una entrevista con Kirchner y “también con el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Sergio Acevedo.” “Hacemos cumplir la decisión del juez, pero frente a la decisión de romper relaciones con Irán tenemos que tener en cuenta todos los temas”, explicaba ayer un funcionario del oficialismo. La prudencia del Gobierno contrasta con las decisiones de Irán, que rompió relaciones comerciales con Argentina.
“El gobierno argentino será responsable por todas las consecuencias legales y políticas sobre las relaciones bilaterales”, advirtió el director general para asuntos americanos de la cancillería iraní, Mehdi Mohtashemi.