El jefe del Ejército, César Milani, salió a responder a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que daba cuenta de una serie de irregularidades en la causa en La Rioja en la que se investiga la participación del militar en la represión ilegal. El general sostuvo que no pudo “ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa” en esa causa y negó que se le dé un trato especial en la Justicia por ser el jefe del Ejército. Una segunda causa en Tucumán investiga la desaparición del conscripto Alberto Ledo, sobre el que Milani instruyó el sumario en el que se lo declaró desertor.

El informe del CELS alerta sobre el pedido que hizo el fiscal Horacio Salman de que se declare la nulidad de la investigación en La Rioja, donde Milani fue denunciado en 1979 y luego en 1984 por el ex preso político Ramón Alfredo Olivera. El ex detenido acusó a Milani de hostigarlo en un traslado del centro de detención al juzgado federal y de haber participado del secuestro de su padre.

El CELS advirtió que el fiscal, al pedir la nulidad, tomó como propios los argumentos de la defensa oficial. Según remarca el CELS, el fiscal dio por cierto un documento de la dictadura que decía que Milani estaba detenido cuando ocurrió el secuestro, cuando en diversas causas se probó que muchas veces los documentos no reflejan la realidad.

Milani respondió con los argumentos de su defensor privado, Fernando Susini. Lo hizo en un comunicado con membrete del Ministerio de Defensa: “Me sorprende el silencio guardado por el CELS y su presidente, Horacio Verbitsky, quienes conociendo los detalles de la causa, omitieron revelar las irregularidades señaladas en torno de la actuación del fiscal Darío Illanes y el señor Ramón Alfredo Olivera”. Milani recusó a Illanes, quien se apartó de la causa.

Según Milani, él fue el primero en denunciar “las graves irregularidades cometidas en la causa judicial, desde su inicio en julio de 2013”. “Me presenté voluntariamente por escrito, en forma personal y a través del defensor oficial en varias oportunidades ante el fiscal Illanes, pero contrariamente a lo que afirma el CELS no pude ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa en juicio”, indicó Milani, quien le reclamó a la procuradora Alejandra Gils Carbó que investigue al fiscal Illanes y lo aparte del cargo “por mal de-sempeño de su función”.

Milani destacó que “no estaba a cargo, ni pude haber participado del procedimiento que concluyó con la detención de Pedro Adán Olivera”. “No incurrí en el delito de privación ilegítima de la libertad al haber acompañado a la policía provincial en los traslados de presos político –dijo–. Fue dispuesto en el marco de una causa judicial iniciada en 1975, a partir de la cual resultó posteriormente condenado por una sentencia que, además, fue confirmada por la Cámara Federal de Córdoba.” La causa era por la Ley 20.840. El CELS aclara que esa norma “fue utilizada para blanquear detenciones ilegales”.

“El reconocimiento que dio origen a la denuncia no ocurrió realmente y la denuncia estaba armada desde su inicio. Olivera se expresó con mendacidad al momento de realizar la denuncia y prestar declaración testimonial en mi contra”, sostuvo Milani. “Ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja mencionó mi nombre”, aseguró Milani. “Es falso que que por ser el actual jefe del Ejército se me brinde impunidad o la posibilidad de ser juzgado con un estándar probatorio distinto”, afirmó.

“Milani no puede renegar de lo que ha hecho y de que actuó de esa manera. Tiene que saber qué pasó con Ledo”, sostuvo el ex conscripto Alvaro Illanes, uno de los denunciantes en Tucumán.