El intendente de Escobar y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luis Patti, fue procesado por encubrir a dos represores acusados de la desaparición de quince militantes montoneros en 1980. Los militares Jorge Granada y Luis Jorge Arias Duval pudieron permanecer prófugos durante un año gracias a la cobertura y colaboración del ex comisario, quien admitió ante el juez federal Claudio Bonadío que ayudaba económicamente a Granada.
Hace dos semanas, cuando declaró ante el magistrado, Patti no ocultó sus vínculos con Granada. Por el contrario, el ex comisario reivindicó “una amistad de veinte años” con el militar, quien durante la dictadura perteneció a la sección de Inteligencia 103 de Junín y estuvo a disposición del Poder Ejecutivo en 1985 cuando el gobierno de Raúl Alfonsín denunció un complot y dispuso el estado de sitio.
Patti –a quien Bonadío embargó ayer por tres mil pesos– admitió que sabía que Granada estaba involucrado en una causa judicial y que le pasaba dinero porque tenía una hija pequeña, pero aseguró que desconocía que estaba prófugo. “Si lo hubiera sabido, hubiera hecho lo posible para que se entregue”, dijo.
Bonadío consideró que la ayuda económica que el intendente de Escobar le daba al represor era incompatible con ignorar su situación procesal. Es que Granada necesitaba plata porque no podía cobrar la pensión que recibía como teniente coronel retirado, ya que corría riesgo de ser arrestado en el momento de pasar por la ventanilla. Además, escuchas telefónicas que figuran en el expediente lo comprometen.
“Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”, le dijo Granada a Patti en una conversación. El buen momento podía estar relacionado a que en esos días el juez Rodolfo Canicoba Corral había ordenado la detención de 46 represores por pedido de su par español Baltasar Garzón y Granada, que estaba prófugo hacía un año, podía pensar en camuflarse entre la manada de militares que pasaban por los tribunales en Retiro. Además, acababan de detener a uno de sus compañeros, el coronel Luis Jorge Arias Duval, a quien también Bonadío buscaba desde hacía un año por la desaparición de quince personas que regresaron al país dentro de la llamada Contraofensiva planeada por la cúpula de la organización Montoneros. Durante la última dictadura, Arias Duval fue jefe de la Central de Reunión del Batallón 601.
La charla telefónica entre Granada y Patti se produjo casi al mismo tiempo de la detención de Arias Duval. “¿Eso es por tu tema?”, le preguntó Patti al militar cuando éste le habló del arresto de su cómplice, sin poder ignorar que su amigo también estaba siendo buscado. Al día siguiente, miembros del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) ubicaron a Granada.
Bonadío investiga si Patti es parte de una red de encubrimiento destinada a amparar a otros represores prófugos. En esta misma causa aún falta ubicar a media decena de acusados, entre ellos el teniente coronel Enrique José Del Pino y el coronel Arturo González Naya. Ayer, además de procesar y embargar a Patti, el juez denunció por falso testimonio a la secretaria del intendente, Mónica Berruti ya que corroboró parte de las declaraciones de su jefe, que luego se comprobaron falaces.
El candidato del Partido Unidad Federalista (Paufe) no irá preso porque el delito de encubrimiento tiene una pena de seis meses a tres años. Pero podrá agregar esta mancha a su prontuario, en el que figura su arresto por haber torturado a detenidos y el asesinato, en un falso enfrentamiento, de los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en mayo de 1983.